Amnistía fiscal
Alberto Barranco
Atribuido el desdén de las cúpulas empresariales a su escasa difusión, lo cierto es que la amnistía fiscal ofrecida por el gobierno como paliativo frente a la crisis estuvo muy lejos de llenar las expectativas
De hecho, un día antes del anuncio presidencial en el marco de la Convención Nacional de Industriales convocada por la Canacintra, el presidente de ésta, Miguel Marón Manzur, había hablado de un esquema más ambicioso, algo así como borrón y cuenta nueva.
A la letra, el dirigente planteó “instrumentar acciones con el SAT (Servicio de Administración Tributaria), IMSS e Infonavit, para apoyar la operación de las empresas, analizando en particular cada situación antes de preceder a multas y sanciones”.
El caso es que aun cuando pareciera que la respuesta presidencial llegó a botepronto, el catálogo plantea apenas un puñito de novedades, por más que la transparencia plena llegaría cuando se plantee la iniciativa de ley correspondiente.
De entrada, aunque se elimina la exigencia de otorgar fianzas o cartas de crédito para quienes tengan adeudos fiscales y se comprometan a cubrirlos en abonos, se mantiene el cobro de intereses y recargos, alcanzando los primeros 2% mensual.
Lo nuevo, en tal caso, es que el Seguro Social condonará hasta 90% los recargos y multas a los morosos, por más que la presión se mantendrá viva.
En paralelo, se plantea facilitar a las empresas pagar en parcialidades los impuestos retenidos y generados con fecha anterior a 2009, lo que en el papel permite un respiro… por más que existe la obligación de firmar un convenio que coloca una espada de Damocles sobre las compañías a las que se obliga a pagar recargos y multas.
Lo demás es lo de menos. De entrada, la exigencia de devolución casi automática (se plantea en plazo de 15 días), de los saldos a favor de los contribuyentes en sus declaraciones anuales, ya era realidad desde el año pasado. Ahora que la posibilidad sólo priva para personas físicas.
En paralelo, parece, más que prebenda, exigencia, el que en un plazo máximo de 20 días el SAT otorgue constancia de no deudas fiscales a los interesados en participar en licitaciones públicas.
De hecho, el plazo parece demasiado laxo.
El punto más discutible, sin embargo, apunta hacia las facilidades para repatriar capitales, en un escenario en que la urgencia del país reclama inversiones productivas. Como usted sabe, por primera vez se abre la puerta no sólo a las personas físicas sino a las empresas, aplicándose una tasa del Impuesto sobre la Renta a las primeras de sólo 4%, y a las segundas de 7%. El monto normal es de 28%.
El problema, sin embargo, es que aun cuando se plantea la posibilidad del timbre fiscal, que se adquiriría en bancos o casas de bolsa, para cubrir el tributo, a diferencia de los esquemas planteados en 1995 y en 2005, el marco no garantiza el anonimato.
La exigencia habla de informar por escrito a la Secretaría de Hacienda de la compra del boleto de regreso, además de firmar una carta con la información completa, es decir, la fecha de salida del capital y el banco en que se depositó. En el caso de las empresas, los requisitos los debe cubrir el representante legal.
La espada de Damocles, otra vez, pues, estará sobre las cabezas. Ahora que aunque pareciera generoso el tributo de repatriación, en el papel las empresas o personas físicas que sacaron su dinero del país ya pagaron los impuestos correspondientes, lo que implicaría que el gravamen sólo castigaría las ganancias de capital o si lo prefiere los réditos acumulados.
Bajo ese prisma el monto parece excesivo.
Lo cierto es que en los ejercicios similares realizados, por ejemplo, al fragor de la desbandada provocada por la situación política del país en 1994 (tras el asesinato del candidato priísta a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, se fueron del país 5 mil millones de dólares), se garantizó el anonimato bajo la vía del timbre fiscal… y ni así.
De hecho, según informaciones atribuidas al Banco de México, existen en el exterior depósitos de nacionales por el escándalo de 322 mil 224 millones de dólares, diseminados en cuentas bancarias, acciones, bienes e inversiones directas.
El recuento se realizó a partir de 2001.
Ahora que al margen de discernir entre operaciones normales de las empresas e inversiones de expansión internacional, lo cierto es que el alarmante crecimiento en la fuga de capitales lo explica la situación de inseguridad que vive el país. El regreso, pues, llegaría cuando existan garantías. Por lo pronto, para las cúpulas pareciera un puñito más de aspirinas.
Balance general
La sorpresa la ofrecerá en los próximos días el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), al anunciar la entrega de un megapréstamo a Cementos Mexicanos, en una suerte de repetición del otorgado durante el gobierno lopezportillista al Grupo Alfa. El monto será de 5 mil millones de pesos.
El pretexto, o si prefiere la justificación del insólito, es que la firma de Lorenzo Zambrano participa en licitaciones para construir carreteras, por lo tanto llena el expediente. Por cierto, la empresa regia está en vías también de negociar la venta de su 50% en el capital de Cementos de Chihuahua, aparentemente con los propios dueños de la otra mitad, encabezados por Federico Terrazas. Cementos Mexicanos representa por sí mismo 30% de la deuda privada del país.
¿Elefante blanco?
En una más de sus ya clásicas evaluaciones, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha logrado conjuntar a un grupo de expertos para evaluar la efectividad con que operan los organismos de regulación del país. La mira alcanza a la Comisión Federal de Competencia, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en un escenario en que a la primera se le acusa de no usar la mano dura contra los monopolios; a la segunda de no regular nada, y a la tercera de anular su supuesta autonomía la injerencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El pronóstico habla de no dejar títere con cabeza.
Pastillita milagro
La sorpresa, para los amantes de las estadísticas, es que el fármaco más vendido en América Latina el año pasado fue Cialis, una fórmula para la disfunción eréctil fabricada por el laboratorio Lilly ICOS que encabeza Carlos Baños. La facturación fue de 250 millones de dólares, frente a los 124 de la fórmula láctea NAN o los 142 de la popular Aspirina, por décadas el fármaco más reclamado.
La victoria de Cialis se da aún en productos de prescripción médica, como el antiinflamatorio Voltarén de los laboratorios Novartis de Sergio Duplán; el antiácido Nexium de los laboratorios Astra Zeneca encabezados por Ricardo Álvarez, y el anticonceptivo Yismín, de Schering de Fred Hassan.