Jorge Luis Sierra
El ataque reciente contra una unidad del 12 batallón de infantería en Carácuaro, Michoacán, que dejó un saldo de cinco soldados muertos, tres heridos, además de un agresor muerto en el intercambio de disparos, demuestra que la delincuencia organizada está desarrollando capacidades para enfrentar con éxito a las unidades del Ejército que realizan operaciones contra el narcotráfico.
En el pasado, los únicos grupos que se atrevieron a enfrentar directamente al Ejército fueron los movimientos insurgentes. Hace cerca de 40 años, la guerrilla rural era capaz de realizar emboscadas frecuentes a los convoyes militares que vigilaban los territorios de operación del llamado Ejército de los Pobres, en las montañas de Guerrero.
Con el apoyo de militantes del Movimiento de Acción Revolucionaria, con entrenamiento militar recibido en Corea del Norte, las Brigadas Campesinas de Ajusticiamiento de Lucio Cabañas fueron capaces de asestar varios golpes a las unidades del Ejército en 1972.
La capacidad del movimiento guerrillero no duró mucho tiempo. El Ejército realizó una intensa campaña de inteligencia en la sierra guerrerense, entrenó a sus soldados para combatir en ese ambiente, mejoró su armamento y cambió sus tácticas para enfrentar con éxito a los grupos insurgentes. Las unidades de Lucio Cabañas fueron cercadas y después aniquiladas en 1974.
La experiencia del Ejército para combatir a grupos irregulares en ambientes rurales le sirvió para enfrentar los embates posteriores del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en las sierras de Oaxaca y Guerrero.
Pero el contexto del ataque realizado en Carácuaro es completamente distinto, pues el Ejército ha sufrido una transformación completa en los últimos 35 años y está convertido en una fuerza con capacidad de reacción rápida y alta movilidad en el territorio nacional. Quienes atacaron a los elementos del 12 batallón militar pudieron sorprender, rodear y aniquilar a cinco soldados, incluido un coronel, sin tiempo para que las unidades de reacción rápida de la 21 Zona Militar entraran en auxilio de las tropas emboscadas.
La saturación posterior con tropas y helicópteros militares en el municipio de Carácuaro y el despliegue de fuerzas especiales en 18 municipios adyacentes de Michoacán y Guerrero se antoja una reacción tardía, más espectacular que eficiente.
Los datos contenidos en los primeros reportes de prensa sugieren que los soldados que fueron víctimas de esa emboscada carecían de la información de inteligencia y del apoyo in situ de otras unidades militares que pudieron haberles dado la capacidad de enfrentar la emboscada en mejores condiciones.
Este ataque demuestra que las bandas de la delincuencia organizada podrían estar llegando a niveles superiores de violencia al tener como blancos de ataque ya no sólo a narcotraficantes rivales, policías, sino también a unidades militares. Las emboscadas y ataques contra soldados se han multiplicado en los últimos meses en Sinaloa y Tabasco y los blancos de ataque han sido desde tropas hasta coroneles y generales.
Las organizaciones del narcotráfico han extraído de las corporaciones policiacas y militares los recursos necesarios para enfrentarlas y eludirlas. En las regiones donde se asientan las células principales del crimen organizado, las policías municipales han pasado casi enteras a trabajar en la protección de operaciones criminales, mientras tanto, la corrupción en las filas los cuerpos de policía federal ha logrado reducir sus niveles de confiabilidad. En los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, los procuradores generales admitían en privado que la confiabilidad de los agentes federales se reducía casi al 20%.
Las habilidades criminales demostradas en Carácuaro demuestran también la capacidad de efectuar emboscadas con armas de alto poder. Las granadas de fragmentación aparecen sistemáticamente en los armamentos confiscados al narcotráfico.
Es posible que el trágico incidente en Michoacán lleve al Ejército a redoblar su esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la situación lo podría obligar también a repensar sus tácticas y cursos de acción, en la medida en que las experiencias están arrojando evidencias de que las herramientas principales para combatir al narcotráfico no son de naturaleza militar.
A partir de la utilización intensiva del Ejército para combatir al narcotráfico en zonas de alta intensidad de tráfico de drogas, las células criminales se han distribuido en otras entidades de la República. En esta nueva geografía de la violencia, los militares tienen que dispersar sus esfuerzos y dividir sus recursos en muchos frentes de batalla. Hasta ahora, la acción de los soldados no logra hacer mella significativa en el abastecimiento de drogas al mercado principal al norte de la frontera.
Mantener al Ejército casi solitario en la lucha contra el narcotráfico, apenas acompañado por una minoría confiable de agentes federales, podría ser entonces uno de los errores estratégicos más graves del gobierno del presidente Felipe Calderón. Los frentes principales de batalla tendrían que ser concentrados en otros espacios de la administración pública que ahora parecen estar desatendidos: el combate a la corrupción originada por el narcotráfico y el lavado de dinero tendrían que ser una obra imperativa de las secretarías de la Función Pública y Hacienda; la lucha contra el consumo de drogas tendría que ser una de las actividades principales de las secretarías de Salud y Educación; el esfuerzo para reducir las bases de apoyo social que tiene el narcotráfico también tendría que ser una de las prioridades de la Secretaría de Desarrollo Social.
Pero hasta ahora, ninguna de estas secretarías ha informado de avances sustanciales en sus respectivas tareas antinarcóticos. El Ejército está luchando en forma casi solitaria, con el riesgo de más bajas, más deserciones y la posibilidad de más contaminación entre sus filas.
Agenda de la defensa nacional
La pretensión de derogar la Ley Para Conservar la Neutralidad del País de 1939 que impide a México aceptar la presencia de buques, submarinos, aeronaves de guerra extranjeros en territorio nacional ha despertado la oposición clara de los militares mexicanos.
El general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, dijo a los diputados de la Comisión de Defensa Nacional que la seguridad nacional estaba por encima de la seguridad regional o internacional. La posición de Galván indica que la doctrina del Ejército no siempre coincide con la de los legisladores y la de los partidos políticos en el poder.
En la discusión parlamentaria veremos entonces que las posiciones del PRD y de los sectores nacionalistas del PRI serán cercanas con la que expresó el secretario de la Defensa Nacional en su comparecencia reciente.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas