Diego Valadés
La frustrada ceremonia del informe presidencial tiene profundas implicaciones políticas y constitucionales. Las consideraciones de que se puso fin “al día del presidente” sólo aluden al aspecto festivo de la ocasión, pero el asunto es de fondo.
El informe presidencial fue, durante décadas, un oportunidad para que los mexicanos conociéramos algunas razones del poder. Hubo ocasiones en que el informe ofrecía las aclaraciones que el sistema había aplazado. En ese momento conocíamos los argumentos oficiales acerca de las decisiones económicas y políticas, de nuestras relaciones con el mundo e incluso los proyectos sobre el pausado desarrollo democrático. El informe tenía un aspecto republicano porque los presidentes descorrían al menos algunos velos del poder.
Esa primera etapa fue quedando sin contenido en la medida en que los presidentes se aficionaron al uso inmoderado de las cámaras y de los micrófonos. El primer día de septiembre no podían decir algo que no hubieran repetido durante los 365 días previos. Fueron ellos los que prescindieron de las ventajas de la investidura y se dejaron ver como personajes mundanos, no siempre afortunados en el uso de la palabra. Los presidentes han suplido a los ministros, cada vez más ausentes y menos competentes. Convertidos en titulares de un monopolio verbal, los jefes del Estado asumieron un papel polémico que no les correspondía. Por eso les llegó el momento de ser increpados.
Esa segunda etapa fue de menor duración. La parábola del traje del emperador, de Andersen, resultó aplicable al discurso de los presidentes mexicanos. Así como “el emperador está desnudo”, pudo decirse “el presidente está mudo”. La mudez política consiste en hablar sin decir. Los informes comenzaron como solemnidad y terminaron como gesticulación. La palabra presidencial en el Congreso dejó de ser importante por diversas razones: o no informaba lo que teníamos derecho a saber, o no decía la verdad de los hechos, o la decía sólo a medias, o la decía completa, pero sin responsabilidad para nadie.
Un informe sin consecuencias se hizo prescindible. Por eso hace un par de semanas se llegó al punto de suprimirlo de la política real para convertirlo en un episodio autista. Se evidenció, una vez más, que la rigidez de nuestro sistema presidencial no ofrece al Congreso y al gobierno los medios para un entendimiento constructivo. Se creía que la crisis del presidencialismo arcaico era una falacia académica; ahora está a la vista de todos.
¿Qué le falla al sistema presidencial mexicano? Habrá quienes opinen que es un asunto de personas. Sí, las personas influyen, pero no son todo. Este es un problema de instituciones. El centro de la cuestión es que una democracia no puede funcionar si quienes ejercen el poder lo hacen sin responsabilidad política. La responsabilidad política no es privativa de los sistemas parlamentarios; es común a todos los sistemas democráticos, incluidos los presidenciales.
En el siglo XVIII, Rousseau dijo que los británicos se creían libres porque disponían de un fugaz momento para elegir a sus amos. Esto dejó de ser cierto en la democracia inglesa y, en general, en todas las democracias que fueron construyendo sistemas de responsabilidad política para los gobernantes. Sin embargo, en muchos aspectos en México vivimos como los ingleses del siglo tras antepasado. En materia de responsabilidad política tenemos ¡tres siglos de retraso! Aquí todos somos libres: los electores para elegir, y los gobernantes para gobernar; si éstos lo hacen bien o mal, da igual.
No hay interlocución donde no existe responsabilidad. Que los representantes hablen y el presidente oiga, para que luego los papeles se truequen, y los primeros callen mientras el segundo diserta, no es un diálogo; es una ficción. Las reformas institucionales nos han permitido tener un Congreso que practica el diálogo, frente a una estructura de gobierno estacionada en el monólogo. Hay un puente roto que no permite que quienes nos representan exijan un mínimo de responsabilidad a quienes nos gobiernan. En un sistema vertical, al informe seguía la “glosa”; en un sistema democrático y representativo, al informe debe seguir la aprobación o la reprobación.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM