Francisco Valdés Ugalde
Los partidos políticos asientan cada vez más su poder en las instituciones del Estado. Nada habría de extraño o anómalo en eso si no fuera por la esquizofrenia imperante en el régimen político. Si, por un lado, se compite entre partidos para llegar al poder, por el otro se gobierna con un poder que facilita la impunidad y la connivencia de quienes compiten.
Una muestra más de este padecimiento es lo que se proponen hacer los congresistas con el Instituto Federal Electoral: despedir a sus consejeros, consintiendo así con la hipótesis del fraude sembrada sin fundamento probado alguno por uno de los nuevos “dueños” del país: el PRD. Si los otros socios de la jugosa empresa de la política mexicana consienten en la medida, se acreditarán como cómplices de un autoritarismo que tiene su doble cara en la intención de subordinar al IFE a los caprichos de sus “dueños” y en la rabieta totalitaria del “líder” de la izquierda. Con esta medida para satisfacer esa complacencia se echará más “fango sobre la democracia”, como denominó Roger Bartra la estrategia electoral del PRD en 2006 (Letras Libres, septiembre 2006).
En efecto, en la apresurada transacción que tiene lugar para conceder una “reforma” electoral a cambio de una fiscal o de corrección política en la anacrónica ceremonia del informe, se corre el riesgo de una involución significativa: cancelar la autonomía del órgano electoral.
Desde que los partidos políticos consiguieron el estatuto de pares del PRI, se constituyeron en socios de una dominación que no supo acordar una agenda de cambio para restituir a la ciudadanía el equilibrio de poder en el ejercicio del gobierno digno de una democracia moderna.
La concentración de los partidos en las más elementales proximidades de su “negocio”, las elecciones, la nota, la foto y el puesto, los ha llevado a dejar de lado principios, programa y política nacional propiamente dicha. Nadie puede escandalizarse por lo primero. Para eso son los partidos, para que se encarguen de la política. Pero el problema es que la política que nos han traído es de miras tan estrechas que la nación no cabe por sus avenidas.
Su agenda coincide raramente con la del país. Gobierne quien gobierne los problemas sin solución se acumulan. Municipios, estados y Federación, problemas fiscales, de seguridad, de gasto en bienes públicos como educación, ciencia, tecnología, infraestructura energética, comunicaciones, etcétera, son deficitarios. A donde se mire, la carencia de buen gobierno es mayor por no decir mayúscula. Y sea del partido que sea. De muestra bastan algunos botones. ¿Acaso el PRD ha contribuido a resolver el problema del transporte de masas en la capital, que ha gobernado ya más de una década? ¿Es que el PAN ha desterrado la corrupción que motivó buena parte de su nacimiento y existencia? ¿Y el PRI nos ha ayudado a resolver el problema humano y material del campo con las estructuras de poder que sus antepasados diseñaron?
La prioridad de los partidos no es gobernar sino hacer perder al otro. El desfase entre esta ley elemental de la política y el arte de bien gobernar es demasiado grande en nuestro caso. Probablemente, la culpa ha sido de la ingenuidad colectiva de creer que con elecciones limpias se llegaría a tener gobiernos al servicio de la sociedad. Pues bien, esto es falso. La democracia no está hecha sólo de elecciones limpias y partidos competitivos. Se requiere más. Entre otras cosas, un ingrediente que en México no se construyó adecuadamente: una sociedad con los medios para hacer de los políticos agentes exigibles, controlables. No mediante los métodos draconianos y costosísimos que algunos proponen, como la revocación de mandato, sino de otros más sencillos y fáciles de aplicar como la reelección, cuya supresión en nuestro país respondió exclusivamente a la necesidad de imponer el dominio de un solo partido y el control político piramidal y centralizado del autoritarismo.
Como lo dijo en su momento el epígono del general Calles, Manuel Pérez Treviño, primer presidente del abuelo del PRI, el PNR, al referirse a la no reelección: “Es, a mi juicio, fundamental, que el principio esté por encima del derecho (sic). La posibilidad de reelegirse es un derecho del ciudadano; la necesidad de renovarse es un principio de la Revolución. El derecho de los individuos, por debajo del derecho de las multitudes. Venimos, pues, a quemar un derecho en aras de un principio” (Discurso a la Convención del PNR, 31/10/1932). Discurso fundacional, si los ha habido.
La reforma de 1996 produjo un salto cualitativo en materia de elecciones: sistema de partidos competitivo con equidad de medios públicos, institutos electorales autónomos del poder político, tribunal electoral en el Poder Judicial.
Pero lo que nos ofrecen hoy los responsables de la reforma electoral venidera representa el afianzamiento del poder político sobre el órgano encargado de las elecciones.
Es innegable que ha habido una crisis política postelectoral y que el daño mayor ha sido causado sobre la institución electoral. Es cierto que es necesario un conjunto de cambios en el sistema electoral. El proyecto de reforma trae algunos de estos beneficios, muy atractivos, sin duda, como la reducción del gasto electoral y los tiempos de las campañas.
Pero también es un augurio de que la reforma del Estado no será, en rigor, del Estado, sino de aquellos aspectos mínimos que el consenso entre partidos políticos permite. Y si las miras de cada uno de ellos están puestas en tratar de conseguir el máximo poder posible dentro de los cómodos márgenes del régimen de gobierno realmente existente, el heredado en su mayor parte del PRI, la lógica del despido de los consejeros electorales no es otra que el empequeñecimiento de su capacidad arbitral y fiscalizadora del IFE.
De nuevo, pues, el sacrificio de un derecho ciudadano en nombre de un “principio”, el principio puro y duro del poder.
ugalde@servidor.unam.mx
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM