-Exige justicia por sus dos compañeros muertos y 44 heridos. También por la muerte de otros dos ciudadanos
ASICh
El Frente Campesino Popular de Chiapas exige justicia por sus dos miembros muertos Roque Calvo López y Julio Gómez Gómez y los 40 heridos, así como por los otros dos ciudadanos asesinados Sebastián Sántiz Pérez y Agustín Sántiz Méndez, en los hechos del 30 de julio, del cual acusa directamente al presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez y los que resulten como autores intelectuales y materiales.
Al ser entrevistado, Romero Farrera Vicente, dirigente del FCPCH sostuvo que hay dos factores fundamentales para asegurar que el alcalde es el responsable de los hechos que no fueron resultado de un enfrentamiento entre organizaciones. Primero, los agresores son los mismos que han actuado en el sometimiento en la vía pública. Es un grupo al servicio del presidente municipal, según lo han vivido los integrantes del Frente.
Segundo, porque de los cuatro muertos dos son miembros del Frente Campesino Popular de Chiapas y dos ciudadanos que estaban en el lugar de los hechos. Un señor empleado del Ayuntamiento que realizaba tareas de aseo en el mercado, y el otro ciudadano que andaba por ahí sin pensar que lo matarían. Y los 44 heridos son también son miembros del Frente. Ninguno del otro lado.
Asimismo, el ataque se dio de manera organizada, preparada y por sorpresa, no fue enfrentamiento entre organizaciones.
Pidió castigo a los responsables de los asesinatos, sobre todo que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno los tienen plenamente identificados, por su forma de actuar y comportamiento.
Farrera Vicente explicó que en 2016 se restableció de nuevo un compromiso con el alcalde, donde se comprometió a construir la segunda parte de la Central de Abastos, y nosotros a reubicar a nuestros compañeros en cuanto estuvieran el local digno.
Sin embargo, a partir de ahí se generó hostigamiento por parte del Ayuntamiento de Comitán, a través del personal que se encargan de controlar los mercados y la vía pública. Hasta llamadas por teléfonos del presidente municipal amenazando a los de OPIES a que desalojaran o se les daría cárcel.
En el caso del Frente Campesino Popular de Chiapas se buscó en 2017 una reunión con las autoridades municipales, pero ya no los quiso recibir, y ese mismo año decomisaron mercancía con valor equivalente a dos millones y medio de pesos, pero cuando buscaron el diálogo les argumentaron que había desaparecido de la bodega donde quedó resguardada.
Por eso, el alcalde se comprometió a pagar los gastos, en una audiencia que él gestionaría con la Secretaría de Gobierno, debido a que en el decomiso participó Seguridad Pública, pero no hubo ni reunión ni pago, lo que hizo una relación tensa y las amenazas se habían agudizado en los últimos días previos a los hechos sangrientos. ASICh