Ernesto López Portillo
El Estado mexicano amparó el surgimiento, crecimiento y consolidación de la delincuencia organizada y ahora ésta lo desafía abiertamente. Los italianos lo dijeron antes que nadie: el crimen organizado sólo puede operar si es protegido desde el Estado.
Giovanni Falcone, el juez asesinado por la mafia, afirmó que cuando el Estado lucha contra la delincuencia organizada en cierta medida se combate a sí mismo. Sabía bien de qué hablaba porque encontró evidencias del llamado círculo de protección institucional, es decir, el cinturón que el Estado teje en torno a la delincuencia organizada para protegerla y beneficiarse de ella.
En México centenas de personas están muriendo a lo largo del país por motivos relacionados a esta delincuencia y, si en efecto el presidente Calderón ha tomado la decisión de desarticularla, entonces lo primero que debe hacer es desmontar los cinturones de protección pública, para entonces poder destruir, por ejemplo, los circuitos que alojan los flujos financieros y que involucran al sector privado probablemente en dimensiones descomunales.
Buenos teóricos sostienen que es imposible acabar con el crimen organizado; tal vez tienen razón, en el mejor de los casos Calderón puede aspirar a contener la violencia y no a terminar con los grupos que administran los mercados ilegales. Pero aún en este caso esos grupos deben ser debilitados y la manera de hacerlo es penetrándolos para sacar información a través de infiltrados o deteniendo a operadores clave también para sacarles información.
Esto, a su vez, es imposible mientras los círculos de protección del Estado operan porque son los que revientan las operaciones de inteligencia o simplemente impiden siquiera iniciarlas.
Si el objetivo fuera sólo contener la violencia entonces el uso de las armas y la fuerza a través del Ejército puede ser el camino, aún si hay periodos extremos de homicidios como el actual. Pero si bien la fuerza y las armas pueden debilitar temporalmente los circuitos de control del mercado y territoriales, no desmontan al crimen organizado. Esto se hace con información, es decir, con sistemas de inteligencia.
El dilema para Calderón es claro: cómo desmontar la delincuencia organizada en México si los sistemas de inteligencia confiables con los que cuenta están lejos de cubrir la demanda de información derivada de operaciones delictivas diseminadas por todo el país.
En pocas palabras, no hay materia prima suficiente para el producto llamado inteligencia; por el contrario, operadores federales afirman que no pueden hacer inteligencia con autoridades estatales y municipales por un hecho muy simple: la información se fuga.
Lo cierto es que operadores locales dicen exactamente lo mismo cuando se refieren a los federales. Básicamente los operadores de inteligencia no confían en nadie más allá de su grupo inmediato de operación.
El dilema de Calderón es brutal. Con las Fuerzas Armadas lo más que puede lograr es el debilitamiento temporal de la delincuencia organizada porque ellas no pueden, aun si quisieran, cubrir el país por medio de inteligencia.
Con la policía, en el mejor de los casos, cuenta con un reducto mínimo de operadores confiables, problema que va más allá de las personas en tanto lo que no hay son sistemas sólidos de control. ¿Qué hará Calderón?
Presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC