Alberto Begné Guerra
Las cifras son contundentes. Los ingresos tributarios no petroleros en nuestro país apenas representan 10% del PIB, mientras el promedio de los demás países integrantes de la OCDE es de 36%. Las reservas probadas de crudo, en los niveles de explotación actual, no van más allá de una década, mientras el gasto público depende, en 40%, de los ingresos petroleros (no obstante el enorme incremento del precio promedio del crudo de exportación que entre 2000 y 2006 pasó de 24 a 53 dólares por barril). La debilidad financiera del Estado es insostenible.
En el diagnóstico no hay discrepancias. Las diferencias radican en las fórmulas para enfrentar el problema, y es evidente que ninguna será satisfactoria para todos. Pero si no construimos un acuerdo mínimo en materia hacendaria, la viabilidad del país muy pronto llegará a sus límites. Por esa razón, el paquete de reformas presentado al Congreso merece un examen serio y responsable.
Las deficiencias recaudatorias en México se explican por diferentes causas. Las más significativas son la evasión, la elusión y los regímenes de excepción; es decir, el incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; el aprovechamiento de las lagunas o contradicciones de la legislación, y las exenciones fiscales de diversa índole. Distintas estimaciones indican que por esas causas el Estado deja de recaudar más de 720 mil millones de pesos al año, una cantidad cercana a 80% del total de la recaudación de ISR e IVA.
La evasión y la elusión se combaten, respectivamente, con una eficaz administración tributaria y con una mejor legislación. Los regímenes de excepción y las exenciones, por su parte, exigen decisiones de política económica que, en esencia, deben responder a dos preguntas básicas: a quiénes estamos subsidiando y por qué razones. En otros términos, la cuestión consiste en determinar si se trata efectivamente de mecanismos compensatorios frente a la desigualdad social, regional o sectorial; si se trata de privilegios que atienden a intereses creados, social y económicamente injustificables; o, incluso, si estamos ante fórmulas fiscales sólo progresivas en lo inmediato, pero no distributivas en una perspectiva de mediano y largo plazos, a la luz de la exigencia de construir un piso universal y sostenible de bienestar social.
El proyecto presentado ofrece un avance importante frente al problema de la elusión y, en cierta medida, al proponer restricciones y costos a la informalidad puede significar avances en la lucha contra la evasión. Tiene la cualidad, además, de vincular la política tributaria con la política de gasto, lo cual es imprescindible para poder hablar de una reforma hacendaria. Pero hace falta profundizar en su sentido y alcances respecto a los subsidios por la vía del gasto público, ya que aún no es claro si resolverá, desde la perspectiva de los egresos, las dos preguntas ya planteadas en relación con las exenciones: a quiénes estamos subsidiando y por qué.
La propuesta no es muy ambiciosa: incrementar la recaudación en tres puntos del PIB en los siguientes cinco años no resuelve las grandes necesidades en materia de bienestar social e infraestructura, y tampoco atiende en el corto plazo la exigencia de superar la dependencia petrolera del gasto público. Pero no es desdeñable, ya que puede abrir paso a un cambio gradual pero consistente de nuestro sistema recaudatorio.
Los problemas del proyecto de reformas se encuentran en lo que no contiene: un combate más decidido a los regímenes de excepción tributaria y una solución de fondo al régimen fiscal de Pemex, que en las condiciones actuales no tiene capacidad para incrementar su productividad e invertir en la modernización de sus procesos. Pero reitero lo que, a mi parecer, constituye la clave del problema: los subsidios. Una revisión minuciosa de los beneficiarios de los subsidios vigentes (vía exenciones o vía gasto) es urgente para desterrar mitos y dogmas en esta materia, incluidos los relativos a los gravámenes al consumo. Ni podemos evadir el debate ni debemos dilatar la reforma. Hay que entrarle ya.
Presidente de Alternativa Socialdemócrata