Rafael Pérez Gay
Las autoridades educativas y culturales han abierto las puertas del sexenio. Afuera, a la intemperie, se encontrarán las mismas preguntas que le han quebrado la cabeza a otros gobiernos y han hecho fracasar otras políticas públicas. Pongo aquí algunas de ellas relacionadas con la fibra de los programas de fomento a la lectura: ¿tiene sentido sostener un Estado-editor de las dimensiones del que tenemos? No. ¿Tiene sentido editar cientos de miles de libros al año con una red no mayor de 7 mil bibliotecas y un sistema de distribución que no excede los 300 puntos de venta como los que regentea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes? No. Es como comprarse 25 llantas de refacción para un solo coche, nada más por si se ofrece.
Desde luego, no creo que el Estado deba abandonar la edición de libros, pero considero un error que se proponga como múltiple casa editora con los dineros públicos. El fracaso ha sido rotundo: el consumo no aumenta, la distribución es inexistente; en consecuencia, los lectores brillan por sus ausencia y la industria editorial está en un estado de desnutrición grave. Bastaría con la creación de un sistema selectivo y único de ediciones y el fortalecimiento del Fondo de Cultura Económica, no más.
Nunca será lo mismo una casa editora y una institución cultural cuyo objetivo consiste en reducir los vacíos, los agujeros del mercado que pretende vender a toda costa atropellando los contenidos. ¿A dónde van los libros que publica la Dirección General de Publicaciones del CNCA? A las bodegas, y a las bibliotecas; el proveedor es el cliente. Así hemos llegado al bochornoso escenario en el cual se diseña un plan editorial que quizá elogiarían en Francia o España, pero con un consumo como el de Nicaragua y un sistema de distribución y comercialización adecuado para un país como Barbados.
La paradoja del Estado-editor que fomenta la lectura y retiene en su poder el libro de texto (decidiendo así que los editores vivan al margen del único momento culminante de esa industria) no es la menor de las contradicciones de una política cultural que oscila entre la ilusión y el atavismo. Si se revisa el cine, el teatro o la música aparecerá la misma fuerza paradójica: gastar el dinero en la misma casa de gobierno e instalar grandes aparatos sin público. ¿Quiere decir todo esto que el Estado no debe invertir en libros? No: quiere decir que debe gastar en bibliotecas (no en el delirio de una megabiblioteca) y en las editoriales privadas serias que sean capaces de surtir libros que valgan la pena para enriquecer esos acervos. Las casas editoras privadas requieren de un Estado competente, no competidor.
No hace falta ser adivino para saber que la política de editar libros a mansalva, a tontas y a locas, seguirá vigente. En buena medida porque los responsables no rinden cuentas. Si un editor privado pierde dinero durante dos años, los dueños lo corren. Si un editor público pierde dinero, sus libros no se distribuyen, si editan para nadie, le llaman fomento a la lectura. Mientras la simulación y la autocomplacencia sean el eje de la edición estatal, el resultado será el desperdicio y la ausencia de público.
Pero hay algo más en la necedad de que editar cientos de miles de ejemplares nos vuelve cultos por el simple hecho de que la tinta se imprima en el papel: echar libros al mundo para que vivan en la sombra húmeda de las bodegas debilita la idea de un Estado dispuesto a corregir los excesos del mercado, protector de las artes frente a la incultura de la libre competencia. La sospecha de que hemos ido para atrás en materia de política cultural no es ilegítima; así lo demuestran la ausencia del público, la hiperpolitización de los espacios y cierto desprecio por la cultura como un elemento al final extraño en el cuerpo de la sociedad. En este escenario crece la sombra del antiintelectualismo y se desvanece la aspiración de vivir una parte de la vida con ideas serias.
Escritor