Fernando Ortiz Proal
México es un país un tanto miope. Con frecuencia, por conveniencia política, las autoridades se limitan a apreciar delicados acontecimientos como hechos aislados o de coyuntura, sin realizar un análisis serio respecto de sus causas y, sobre todo, de sus efectos. En el fondo buscan, quizá, evitar la concatenación de las situaciones y su consecuente e innegable valoración. Se vacunan contra la evaluación de las consecuencias sociales de la realidad que exhibe, algunas veces, su ineptitud.
Tal es el caso de los atentados contra instalaciones de Pemex que tuvieron lugar hace unos días. Si se hace un recuento de los antecedentes en este siglo de esta clase de acontecimientos, encontramos que el 12 de mayo de 2000 aparecieron granadas, morteros y otros artefactos explosivos en diversas zonas del valle de México, y se realizó un pronunciamiento en un poblado de Xochimilco por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). El 8 de agosto de 2001 detonaron artefactos explosivos de fabricación casera en tres sucursales bancarias de la ciudad de México.
A principios de noviembre de 2006 detonaron artefactos explosivos en la sede del PRI, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en otra sucursal bancaria. En aquella ocasión se habló tanto del EPR como del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); no obstante, a la postre el grupo guerrillero que se adjudicó los atentados fue el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB). Y este grupo afirmó hace unos meses encontrarse en estado de alerta para actuar militarmente contra el gobierno de Felipe Calderón.
El 10 de julio de este año el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se adjudicó diversas explosiones en ductos de Pemex en El Bajío, mientras que el pasado 30 de agosto más de 10 mil personas tuvieron que ser evacuadas de la Torre Mayor, el edificio más alto del país, dada la presencia de un supuesto coche-bomba en el estacionamiento subterráneo del inmueble. El 12 de mayo de 2000, hace más de siete años, publicamos en este mismo espacio una serie de reflexiones abrigadas bajo el título “El fantasma de la guerrilla urbana”. En ese entonces, motivados por la aparición de artefactos explosivos y por el pronunciamiento de las FARP, nos permitimos manifestar nuestra preocupación por los riesgos que representa una guerrilla activa en una de las ciudades más pobladas y caóticas del mundo.
Concluíamos aquella colaboración diciendo: “El fantasma de la guerrilla urbana está rondando la ciudad de México. Y a diferencia de lo ocurrido con el levantamiento zapatista, el gobierno debe aplicarse a fondo, desde ahora, para evitar el futuro derramamiento de sangre inocente, máxime cuando este riesgo lo comparten más de 20 millones de habitantes”.
Desafortunadamente, en los últimos años la aparición del fantasma ha sido más próxima y recurrente. Y todo indica que las personas que han participado en la instalación y detonación de los explosivos corresponden a jóvenes de extracción urbana. Independientemente del movimiento de que se trate —EPR, ERPI, FARP, MRLCB o algún otro— el problema es que están operando en la ciudad de México a través de personas que conocen perfectamente el terreno: un centro urbano enorme, complejo, azotado por la pobreza, el desempleo y la marginación, integrado por una sociedad confrontada políticamente y que carece de una elemental infraestructura en seguridad. Todos ellos están en un edén del terrorismo.
Y en este punto resulta inevitable preguntarse: ¿dónde están los costosos cuerpos de seguridad nacional? Me imagino que haciéndola de “pájaros en el alambre”. Casi olvidaba que la estructura de nuestros servicios de inteligencia se sostiene en cables de teléfono y señales de celular.
Tenemos muy próximas las dolorosas experiencias de países hermanos como Colombia y España, cuyas sociedades han sufrido hasta el hartazgo la indolencia de las autoridades que en su momento no apreciaron y atajaron a tiempo el problema de la guerrilla urbana o terrorismo. No caigamos nuevamente en la tentación de la ceguera convenenciera. Exijamos a las autoridades la seguridad que deben proveer por mandato constitucional y por congruencia ética.
Las explosiones de hace unos días fueron estratégicamente planeadas. El hecho de que el Presidente de la República se encontrara en el extranjero es un ingrediente que siempre contribuye a la especulación, garantiza un enérgico pronunciamiento y el consecuente rebote mediático a nivel internacional. El timing político también ayuda. Hay incertidumbre por las negociaciones de las reformas fiscal y electoral. Por ello, hoy más que nunca el Estado mexicano debe actuar con inteligencia y firmeza. Porque si seguimos en la modorra del país de no pasa nada, súbitamente podemos despertar en el infierno del terrorismo.
ferortiz@consultoreslegislativos.com
Abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM