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El diputado Roberto Ortiz Gutiérrez aseguró que como fracción parlamentaria del PRI están a favor de la gobernabilidad en el estado y de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, pero no asistieron a la última sesión de la cámara porque desconocen los expedientes de los dos ex alcaldes desaforados. No podíamos avalar algo que no conocemos, y estoy seguro que la mayoría de los diputados que votaron para desaforar a los ex alcaldes de Ocosingo y Pijijiapan, tampoco conocían los expedientes.
Por eso, enfático dijo que como fracción van a defender al ex alcaldes priísta de Ocosingo hasta en tanto no se compruebe que verdaderamente incurrió en peculado. Y de resultar que es responsable de los que se le acusa, también reconocerán la decisión tomada por los diputados que votaron para desaforarlo, subrayó.
Consultado en exclusiva Ortiz Gutiérrez señaló que para ese tipo de asuntos delicados, al menos se les debió haber tomado en cuenta como diputados para que conocieran el expediente, a fin de saber si el ex alcalde fue llamado a solventar alguna observación como se ha hecho con la mayoría de los ayuntamientos que no cubren bien el uso de los recursos públicos.
Inclusive, apuntó que hay ex presidentes municipales que terminaron su periodo de gobierno hace tres años y que no cumplieron a cabalidad con la cuenta pública, sin embargo éstos andan tranquilamente por ahí, y dado que ha modificado el lapso de vigencia para recibir alguna denuncia que pudiera llevar a una investigación de fondo del o los casos, en diciembre de este año podrían quedar impunes, habiendo violado reglamentos y la ley.
Mencionó que son alrededor de 15 los ex presidentes municipales los que están en esa situación, y algunos no comprobaron todo un año, por lo que en vez de apresurarse con los ahora ex alcaldes de Ocosingo y Pijijiapan, se debió atender estos casos primeramente.
El legislador priísta también indicó el caso de los tres presidentes municipales que no se les otorgó licencia para separarse del cargo y contender en las internas de su partido para lograr candidaturas a diputados, debido a que tienen observaciones en el uso de los recursos públicos que tienen que solventar.
Anotó que estos casos del alcalde de Comitán y Tonalá también estarían en el ojo del huracán, en caso de no poder cumplir pasando el tiempo perentorio solicitado al término de los primeros 45 días en que deben solventar.
Así, explicó se arma un pliego de responsabilidades que se turna al jurídico y éste a la vez a la fiscalía, la cual a través del MP pide al Congreso el desafuero de los implicados para poder aplicar la ley. ASICh