Mexicana: no aceptó juez a White & Case como interventor
Maricarmen Cortés
Después de 4 meses, el polémico juez Felipe Consuelo, encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, decidió rechazar la propuesta de los acreedores gubernamentales y Banorte, que en conjunto representan el 35% de la de la aerolínea.
El hecho de que Consuelo se haya tardado cuatro meses en responder a la solicitud de los acreedores es una muestra más de que lo que realmente busca, es alargar el concurso mercantil con medidas que en la jerga laboral se conocen como “chicanadas”.
A fines de agosto Mexicana cumplirá dos años sin operar y aunque la Ley de Concursos Mercantiles establece claramente que el plazo máximo de un concurso debe ser de un año, Consuelo mantiene el proceso en tiempo indefinido generando una gran incertidumbre jurídica a todas las empresas porque se demuestra que un juez puede a su libre voluntad alargar los tiempos de un concurso mercantil, tomar abiertamente partido a favor de una de las partes cuando en principio debería ser imparcial, y lo más grave es que Griselda Nieblas, titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom), no sólo lo permite sino que lo secunda en una actitud que genera todo tipo de sospechas sobre su gestión.
Lo que buscan los acreedores gubernamentales: Bancomext, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Banorte y Profeco, es nombrar a White & Case como interventor para obligar a que rinda cuentas Gerardo Badin, conciliador y administrador único de Mexicana de Aviación, quien es abiertamente protegido por su amiga Nieblas y por Consuelo.
Badin ha reconocido que gasta más de 20 millones de pesos al mes en la administración de Mexicana, que paga con los ingresos que genera MRO, la planta de mantenimiento que es el único activo del Nuevo Grupo Aeronáutico.
El argumento que utilizó Consuelo para rechazar a White & Case no fue el supuesto conflicto de intereses que esgrimían los trabajadores por el hecho de que Vicente Corta, socio director de White & Case fue consejero de Cintra, sino que sus estatutos no autorizan al despacho a actuar como interventor, lo que evidentemente es un absurdo.
Los acreedores exigen su derecho de nombrar a un interventor y presentarán una queja formal ante la Judicatura por la actuación del juez Consuelo que solapa la opacidad de Badin en la administración de Mexicana.
ULTIMÁTUM A SCT PARA OTORGAR CERTIFICADO AÉREO
El rechazo a White & Case como interventor no es la única decisión polémica del juez Felipe Consuelo, ya que tuvo la ocurrencia de exigir formalmente a la SCT, que en un plazo máximo de ocho días, responda a la solicitud de Gerardo Badin para otorgar el certificado de operador aéreo.
La SCT ha señalado hasta el cansancio en reuniones con los tres sindicatos de Mexicana y con el controvertido Christian Cadenas de Med Atlántica que otorgará el COA, cuando se firme el convenio de concurso mercantil y la empresa salga de insolvencia e incluso lo ratificó ya oficialmente en un oficio enviado a Badin .
Quizá no debería de sorprender tratándose de Felipe Consuelo y sus polémicas decisiones jurídicas, pero debería recordar que la ley le impide ejercer o pretender ejercer funciones que son exclusivas del Poder Ejecutivo como es la facultad de la SCT, de otorgar o no un certificado de operador aéreo que no se expide por capricho de un juez o de un oscuro conciliador, porque lo que está en juego tratándose de una línea área es la vida de los pasajeros.
En cuanto al supuesto avance en las negociaciones con acreedores que presume Badin desde hace más de un año, es evidente que está muy lejos de tener un acuerdo con la mayoría de los acreedores.
ANTAD EN DEFENSA DE SORIANA
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) salió nuevamente en defensa de Soriana al condenar enérgicamente las agresiones que se han registrado contra varios establecimientos de esta cadena injusta y absurdamente acusada por parte de Andrés Manuel López Obrador de ser cómplice en la compra de votos.
La ANTAD, que preside Vicente Yáñez, pidió la intervención del gobierno federal para frenar la ola de violencia contra Soriana, y señala que los ataques en contra de las tiendas Soriana inhiben la inversión, el empleo y generan un ambiente de división social.
Soriana, por su parte, publicó un desplegado en el que responsabiliza directamente de la campaña de difamación y publicidad negativa, así como los ataques a sus tiendas a Ricardo Monreal y a López Obrador, quien se deslindó a través de su cuenta de twitter con un “serénense”.
Y desde luego no hay serenidad, sino preocupación la que tiene el sector privado ante estos inaceptables ataques contra Soriana.