No satisfizo respuesta de Walmart a los mercados
Maricarmen Cortés
El escándalo que destapó el sábado pasado The New York Times al revelar que Walmart México había destinado 24 millones de dólares en pagos de sobornos a distintas autoridades federales y municipales para los permisos para sus acelerados planes de expansión, propiciaron una estrepitosa caída de 12.1% en las acciones de Walmex en la BMV que perdieron 12.01%, la mayor baja en 14 años.
En nada ayudó la pobre respuesta de Walmart que encabeza en México, Scot Rank, al reconocer en un escueto comunicado que Walmart de México y Centroamérica se “compromete cabalmente” con el cumplimiento de las leyes en los países en donde opera, incluyendo reglamentos municipales o estatales relacionados con la solicitud de licencias y permisos.
El problema es que en ese mismo comunicado la empresa reconoce que las “imputaciones del New York Times” podrían ser ciertas y que desde el año pasado Walmart Stores inició una investigaciones sobre las acusaciones. Lo primero que habría que señalar es que no son “imputaciones” de The New York Times, sino de un ex directivo de la propia Walmart de México, encargado ni más ni menos que del aérea inmobiliaria de la empresa y asegura que se pagaron 24 millones de dólares a diversos gestores para obtener los permisos y licencias.
Lo que sorprende es que se trata de hechos que ocurrieron en 2005, cuando Walmart México estaba dirigida por Eduardo Castro, quien obtuvo posteriormente un ascenso dentro de la corporación a pesar de que ya se conocían las acusaciones de supuestos sobornos a diversas autoridades.
El severo castigo de los analistas e inversionistas a Walmex no deriva desde luego del monto de 24 millones de dólares que es mínimo, considerando que la empresa acaba de reportar al cierre del primer trimestre del año utilidades por 4 mil 712 millones de pesos y ventas netas por 95 mil 966 millones de pesos, con un crecimiento de 14% frente al mismo periodo el año anterior.
Además es un problema que deriva de 2005 y no hubo por parte de Walmex información a la BMV sobre las posibles implicaciones jurídicas en caso de que se compruebe que son ciertas las acusaciones.
El problema de fondo es por un lado la pésima imagen que este escándalo genera en la empresa y que no se corrigen con un comunicado asegurando sí cumplimos con la ley pero a lo mejor sí son ciertas las acusaciones porque evidentemente no se pueden pagar 24 millones de dólares sin el consentimientos de los directivos de la empresa. Las sanciones a las que Walmart puede estar sujeta en Estados Unidos pueden ser muy severas y sobre todo, existe el temor de que esta investigación afecte sus planes de inversión de cerca de 2 mil millones de pesos en este año porque hay que suponer que habrá por parte del corporativo de EU una revisión con lupa a las prácticas que realiza Walmart ahora no sólo en México, sino también en Centroamérica para cumplir con su muy agresivo plan de inversión que implica en efecto permisos y trámites muy rápidos para la apertura de sus nuevas unidades y la meta es o ¿era? abrir una diaria este año.
COMISIONADOS PONENTES EN CFC
La bancada del PRI en el Senado presentará hoy una propuesta de reforma a la Ley Federal de Competencia para crear la figura de comisionado ponente, lo que en la práctica implica darle más fuerza a los comisionados y restarle fuerza no sólo al Presidente, sino al secretario ejecutivo.
Con el comisionado ponente pasaría lo mismo que en la SCJN, en la que los temas se rotan entre todos los ministros y ya no serían asignados por el secretario ejecutivo.
En el caso específico de Ali Haddou, actual secretario ejecutivo, algunas empresas se quejan de que es incondicional de Eduardo Pérez Motta, el presidente de la CFC.
La propuesta del comisionado ponente no es nueva y desde hace varios años el sector privado ha tratado de impulsarla ante el temor de que el Presidente de la CFC pudiera manejarse con criterios políticos sobre todo ahora que se han incrementado la facultada de sancionar de la CFC con las reformas al marco jurídico que ya están en vigor. Y al respecto esta semana el pleno de la CFC decidirá si ratifica, disminuye o elimina la sanción por cerca de 12 mil millones de pesos que se impuso a América Móvil con sólo el voto de Pérez Motta y del comisionado Rodrigo Morales Elcoro. Será un decisión histórica y se espera que Morales ratifique su decisión mientras que Pérez Motta no podrá votar porque como fue recusado por América Móvil que evidentemente está cabildeando para que reduzcan la multa.