Desde piso de remates

SHCP, falta información sobre decreto fiscal
Maricarmen Cortés

La absurda veda que impide al gobierno federal promover logros que puedan influir en los electores, se ha traducido en severos problemas de información como lo que sucedió con el decreto de la SHCP que se publicó en el Diario Oficial el pasado 30 de marzo y que otorga importantes estímulos fiscales tanto para personas físicas como para empresas. En realidad no es culpa de la Secretaría de Hacienda ni del IFE sino de la absurda Ley electoral. Sin embargo una cosa es no promover logros gubernamentales y otra muy distinta es no informar y esto fue exactamente lo que sucedió con el decreto fiscal.
Se trata de avances muy importantes como el no tener que solicitar ya una factura para comprobar gastos fiscales siempre y cuando se pague con una tarjeta de crédito y los contribuyentes tengamos dados de alta nuestros datos fiscales, el RFC, ante el banco o el emisor del plástico.
Es, por decirlo en términos llanos, el mayor avance en materia de desregulación fiscal en lo que va del sexenio y abarca estímulos para las pymes que ya no tendrán que auditarse y medidas de simplificación en el pago del ISR, del IVA y del IETU.
Y es en verdad un absurdo que la SHCP no haya emitido un comunicado oficial informando sobre las nuevas disposiciones fiscales y explicándolas porque no son fáciles de entender, más aún cuando se publicó el decreto el 30 de marzo, un día antes del inicio de la veda.
Entre los problemas de la falta de información, está por un lado que la gran mayoría de los contribuyentes no estamos enterados de sus beneficios; y por el otro, hay enojo de los partidos de oposición porque los estímulos fiscales podrían tener fines electoreros.
Además, en opinión de fiscalistas tan connotados como Herbert Bettinger de Mancera, Ernst and Young, habrá costos importantes para el erario por los cambios en materia de IVA y por pagar ahora el IETU en forma bimestral en lugar de mensual, así como por otros estímulos que ya habían sido anunciados como son las deducciones en el pago de colegiaturas que llegan hasta los 24 mil 500 pesos en el nivel más alto que es del bachillerato o similar.
Desde luego estoy totalmente a favor de cualquier medida que implique un estímulo fiscal y sobre todo una simplificación para los contribuyentes pero es el colmo que no se informe ni sobre las medidas ni sobre su impacto fiscal.
CONAR NO PARTICIPA EN CONSEJO CONSULTIVO DE PROFECO
José Luis Barros Horcasitas, presidente de Conar, nos aclara que no participan en el Consejo Consultivo de la Profeco ni tampoco participan ConMéxico, ANTAD, Canipec y la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP).
Por lo tanto ninguno de estos organismos participó en la elaboración de los Lineamientos elaborados por el Consejo Consultivo del Consumo de Profeco que fueron enviados a Cofemer y con los cuales está totalmente en contra Conar como ya le hemos informado.
Barros Horcasitas explica que sí participaron en la reunión del pasado 1 de marzo en la Profeco en la que se presentaron los lineamientos que fueron turnados a Cofemer y el periodo de consulta termina el 2 de abril.
Tanto Conar, como la ANTAD y ConMéxico ya enviaron a Cofemer su observaciones en contra de los lineamientos.
Incluso Barros Horcasitas asegura que desde el 2 de marzo expresó a Alejandro Calvillo, de El poder del Consumidor y miembro del Consejo Consultivo, que estaba a favor de combatir la publicidad engañosa pero en contra de criminalizar la actividad publicitaria.
Lo que es un hecho es que los lineamientos se han convertido en una papa caliente para Bernardo Altamirano, titular de la Profeco, porque sí fueron elaborados por el Consejo Consultivo y sí es indispensable combatir la publicidad engañosa.
Profeco desde luego quiere proteger a los consumidores pero las empresas, tanto las fabricantes como los medios y las agencias de publicidad, lo que quieren es defender sus ingresos. Será interesante ver la respuesta de Cofemer.
SCT FIJA POSTURA SOBRE MEXICANA
En torno al canje de acciones de NGA, la SCT señaló claramente que sólo está facultada para vigilar y verificar a concesionarias y permisionarias de transporte aéreo, y no regula a los accionistas que no sean titulares de estas concesiones. Por esto no intervino en la venta de acciones de NGA a Tenedora K ni en la venta a MedAtlántica.
Para que Mexicana pueda reanudar operaciones se requiere la firma del convenio con acreedores a cargo de Gerardo Badin, del que desconfían a tal grado los principales acreedores que exigen al juez Consuelo que acepte el nombramiento de White and Case como interventor.

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