Desde Los Altos

Fredy López Arévalo

Rubicel Guillen Román es solo el que paga los platos rotos.

Por eso la encerrona de ayer en el despacho del presidente de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Alberto Díaz Ochoa.

Afuera, esperaba el desenlace Carlos Tovilla Lara.
La triquiñuela política del alcalde solo logró que la sesión no fuera pública.

Obvio, no quería testigos.

La rebatinga por el control de la Policía Municipal fue a aun tono muy elevado.

El gritón de Carlos Burguete “Perola”, del PRD, y el presidente de la Comisión de Seguridad, Francisco Cordero, cerraron la pinza.

La cabeza de Rubicel Guillén Román estaba en la picota desde el pasado viernes, cuando alguien envió a dos maleantes a allanar su domicilio.

Se trataba de destruir su figura pública más que hurtarle sus pertenencias.

¿Cómo que los malosos roban hasta la casa del director de la policía?

Ese era el mensaje que se quería enviar a la ciudadanía.

Y claro, prestos al juego los jilgueros a sueldo de Mariano Alberto Díaz Ochoa y Miguel Ángel Aguilar Velázquez, subdirector de la policía.

Es mucho el botín en juego.

Mi recomendación sería que el gobierno del estado intervenga a la policía municipal hasta sanearlo, y meter al bote a toda esta bola de maleantes.

La seguridad de la ciudadanía y la gobernabilidad del estado es lo que está en juego.

No está demás decir que el pueblo está harto de la inseguridad, los asaltos, robos, violaciones y asesinatos.

En San Cristóbal de Las Casas florecen los antros -negociazo del propio alcalde y su director de servicios públicos, Carlos Montesinos-, la trata de blancas, de ilegales, y mucho más.

LA PINZA

La pinza política diseñada por Sami Gabriel David David no está dando resultados.

Ni su campaña de medios ni sus amanuenses o escribas.

¿A quién pretenden engañar con que va punteando?

¿Al gobernador Sabines o a los electores?

Los viejos esquemas de Sami Gabriel David David ya no son funcionales: el colaboracionista Romeo Ruiz Armento no logra engañar a la gente.

Es un renombrado priísta disfrazado como candidato de Convergencia y el PT para dividir el voto y así favorecer al candidato del PRI.

Así lo quiso hacer cuando fue candidato a la gubernatura: financió la candidatura de Mario Arturo Coutiño Farrera, “La Tisigua”, por el PDS, para dividir el voto de izquierda.

Nada logró.

Su actual asesor político, obtuvo el mísero 1 por ciento, y Sami Gabriel David David perdió la gubernatura.

Ahora lanzó al ruedo al priísta Romeo Ruiz Armento, esposo de Layda Sansores Sanromán, aquélla senadora del PRI que en 1997 al no ser postulada por el PRI al gobierno de Campeche, fue candidata por el PRD quedando en segundo lugar; y en el 2003, postulada por Convergencia, obtuvo el tercer lugar. Actualmente es diputada federal por Convergencia.

Solo quienes no tienen memoria histórica pueden olvidar que Sami Gabriel David David comenzó su carrera política justo al lado de “El Negro” Carlos Sansores Pérez.

Son pues dados cargados.

Pero Sami Gabriel David David y Romeo Ruiz Armento deben saber que su farsa no puede durar mucho tiempo.

Sami Gabriel David David es bueno en eso de las tenebras, y de seguro tenía todo un dossier contra Mauricio Gandara Gallardo.

Pero el PAN le cambio la pichada… y nada tiene contra Tomás Edelmann Blass, candidato del presidente Felipe Calderón Hinojosa a la diputación federal por el XII distrito, con cabecera en Tapachula.

El XII distrito es pues un duelo entre el presidente de la República y la mafia de Manlio Fabio Beltrones.

Hagan sus apuestas señores…

GOBERNABILIDAD

La gobernabilidad tiene que ver con la búsqueda de los consensos, fundamento de la democracia.

Los consensos legitiman, porque es una aceptación en el sentido de no-negación del otro.

Eso es lo que parece ser el lema de este gobierno que se asume de transición.

Eso es lo que entendí ayer al entrevistar a los tres principales líderes de la Coordinadora del Movimiento Popular del estado de Chiapas (COMPECH).

Salían del Palacio del Gobierno del estado luego de haber firmado una minuta de trabajo con funcionarios designados por el gobernador Juan Sabines Guerrero.

Una minuta en la que se incluyó obras de infraestructura para los indígenas y campesinos que militantes en la COMPECH, una organización que se autoproclama de izquierda, y de izquierda no partidista, con presencia y base social en 10 municipios de varias regiones de Chiapas.

La negociación con el gobierno como instrumento de entendimiento, de consolidación de su movimiento, no de entreguismo ni claudicación de principios.

Apertura y pavimentación de caminos, agua potable y drenaje, aulas escolares, pisos de cemento, proyectos productivos y viviendas, entre otros.

Eso a 10 años de su fundación.

Sabines Guerrero demuestra con hechos que gobierna para el pueblo.

No es un eufemismo: los consensos abonan a la gobernabilidad, que no es otra cosa que la capacidad de los gobiernos para encausar el disenso o el descontento social, antídotos de la inestabilidad.

PRESOS INDÍGENAS

Hoy, hoy, hoy, podrían resolverse algunos de los casos de los 12 presos indígenas del Cereso No5, en San Cristóbal de Las Casas, luego de la intervención del abogado Miguel Ángel de los Santos, cat6edrático de la Facultad de Derecho de la Unach.

El destacado abogado, famoso por la defensa de los derechos humanos de los presos pro zapatistas, logró que la Mesa de Reconciliación del gobierno del estado abriera y estudiara los expedientes de los 12 reclusos, en su mayoría acusados por delitos del fuero común como homicidios, robo y violación, muchos de cuyos procesos tenían vicios de origen o fueron instaurados violando el debido proceso.

Algunos de los casos, los menos, sin embargo, deberán continuar condenados.

El gobierno del estado asumió un principio: “El que la deba que la pague”.

El abogado Miguel Ángel de los Santos aceptó este principio, luego de un desaguisado con el licenciado Tomás Sánchez Sánchez, asesor jurídico del gobierno, quien se mostró renuente y hasta grosero, ofendiendo a los familiares de los presos.

Pero por fortuna se recobró la cordura.

La Mesa de Reconciliación del gobierno del estado asumió el mandato del gobernador Juan Sabines Guerrero para estos casos: “Ante la duda se absuelve”.

Es una máxima del derecho, que este gobierno honra: “Más vale tener a un culpable libre, que un inocente preso”.

Por eso hoy llegará a San Cristóbal de Las Casas el abogado Alberto Santos Ramírez, para comenzar la revisión de los expedientes caso por caso.

En total son 12 los expedientes que se revisarán: Agustín Díaz Gómez, Artemio Aguilar Pérez, Pedro Girón Gómez, Alejandro Martínez Soto, Manuel López Gómez, Lorenzo Juárez Ortiz, Belisario López Velasco, Miguel Moreno Gómez, Rocio López Hernández, Juana Hernández Santiz, Norma García González y Paulino Gómez Hernández.

Los primeros en obtener su libertad podrían ser Agustín Díaz Gómez, preso por tres años si dictársele sentencia por el presunto delito de homicidio sin pruebas fundadas (por desistimiento de la Procuraduría de Justicia de Chiapas), y Paulino Gómez Hernández, de 60 años, diabético, a quien le falta un año para purgar su condena (por sentencia suspendida).

Fredy Lopez

¡Comparte la nota!