Desde Los Altos

Fredy López Arévalo

Hasta donde se sabe, el gobernador Juan Sabines Guerrero ha dispuesto “candados especiales” para que ninguno de sus funcionarios concurra a las urnas en las elecciones intermedias de octubre del 2009. Es decir, ha pedido a sus colaboradores de primer nivel abstenerse.
Así que ya lo saben. *******
Hasta un disco del recuerdo se quedó el gobernador Juan Sabines Guerrero, luego de escuchar cantar a la representante de la Canaco coleta, Cecilia Flores, en un encuentro con el gremio empresarial en la palapa de la Casa de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez.
“Tus manos son mi caricia,
mis acordes cotidianos;
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia”.
Gratos anuncios tiene reservado el gobernador Juan Sabines Guerrero para el pueblo sancristobalense, al que por cierto tiene un especial afecto, contrario a lo que manifiestan los heraldos del edil Mariano Alberto Díaz Ocho, que se desgañitan en la radio contra el gobernador de todos los chiapanecos. No hay que olvidarlo: la autopista San Cristóbal- Palenque, el hospital de las culturas, el mercado de la zona norte, el Museo Textil en el ex convento de Santo Domingo y la restauración de la plazuela de mexicanos son solo algunos de los ejemplos del gran aprecio que nuestro gobernante siente por coletolandia.
¡Habrá sorpresas!
Y ya que hoy decidí ocupar mi espacio a hablar de la obra de gobierno de Juan Sabines Guerrero, les diré que el pasado 13 de octubre Sabines Guerrero envió al Congreso local una iniciativa de ley en la que propone un protocolo para el uso de la fuerza pública en acciones de desalojo, obligatorio para las policías estatales, con el que busca se garantice el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, su vida y sus bienes, cuando se lleven a cabo este tipo de acciones.
En el documento presentado Sabines Guerreo explica que con esta medida espera no se repitan hechos como el ocurrido en la comunidad Miguel Hidalgo, de la zona de Chinkultic, el pasado 3 de octubre, cuando murieron seis campesinos en manos de policías estatales.
Enfrenta al toro por los cuernos: reconoce que el “protocolo” fue concebido luego de los funestos resultados del operativo de desalojo en Chinkultic, pero además, en el texto de la iniciativa, hace un recuento de otros operativos de desalojo “en los que policías estatales participaron excediéndose en sus facultades”, como los ocurridos en San Pedro Nixtalucum, en marzo de 1997; los de Unión Progreso, Chavajeval y Álvaro Obregón, en junio de 1998; y Tres Cruces de San Juan Chamula, en enero de 2003.
La propuesta que consta de 11 artículos permanentes y cinco transitorios, establece los lineamientos que regirán las conductas de los uniformados, cuando participen en un desalojo de personas que ocupen ilegítimamente alguna propiedad o vías de comunicación. El protocolo establece que los cuerpos policíacos se les deberá aplicar un examen toxicológico previo, así como que los uniformados “no podrán portar ningún tipo de arma de fuego, punzocortantes, ni gases tóxicos”.
Instituye que las corporaciones policíacas participarán en operativos de desalojo, únicamente cuando medie una solicitud de un juez, ministerio público u otra autoridad que tenga facultades para emitir la orden.
Antes de llegar a esta medida -señala el documento propuesto- se deben agotar los medios de conciliación entre las partes, hecho que debe ser certificado por el “Consejo de Validación de Desalojo”, integrado por la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ministerio de Justicia, y representantes de la persona o institución que solicita el desalojo.
En caso de aprobarse el operativo, se nombrará un único responsable del operante, quien deberá observar los procedimientos para minimizar el uso de la fuerza, garantizar la protección de las personas y los bienes e inmuebles de los afectados.
El protocolo señala que antes de la acción, se deberá identificar y asegurar la existencia de campamentos o lugares apropiados para la ubicación inmediata posterior al desalojo, de mujeres, niños, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.
También se deberá hace un estudio previo sobre las personas a desocupar, a fin de prevenir situaciones de riesgo como la existencia de mujeres embarazadas o menores de edad.
Se invitará por escrito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para que verifique la operación, y a la Cruz Roja, para que atienda cualquier emergencia, señalan los articulados. En todo momento -añade el protocolo de desalojo- se deberá documentar el operativo a través de su filmación, desde su inicio hasta su conclusión.
Finalmente, establece que los cuerpos policíacos estatales están obligados a cumplir el protocolo aún cuando los operativos sean coordinados por autoridades federales.
La inobservancia a los principios de “legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que mandata la Constitución General de la República y los tratados internacionales de los que México sea parte”, se sancionará con penas administrativas y penales, advierte el protocolo.
El artículo cuarto transitorio establece que en dado caso que no se observen las disposiciones del protocolo y derivado de ello civiles resulten lesionados o fallecidos, el gobierno estatal indemnizará a los deudos conforme a las leyes y tratados de que México sea parte.
El Congreso local dio entrada a esta la iniciativa de ley, y se espera convoque a una sesión extraordinaria para su análisis, discusión y en su caso aprobación.
La propuesta del Ejecutivo deberá ser analizada a la luz de los “Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
Con ello, Sabines Guerrero pone a Chiapas a la vanguardia en cuanto a la incorporación de estos “Principios Básicos” de la ONU en México, que por cierto, antier abrió la primer oficina de la ONU en un estado mexicano. El PNUD en San Cristóbal de Las Casas.
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Solidaridad con los Pueblos Zapatistas: 2º Encuentro Europeo en Barcelona Os envíamos la información relativa al II Encuentro a realizarse en Barcelona los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2008 en la Masía de la Guineueta (Nou Barris). Se trata de las informaciones y acuerdos que surgieron del I Encuentro en Atenas y de las comunicaciones del col.lectiu de Barcelona. Sobre esta base ya se puede empezar a trabajar el programa según las aportaciones que se hagan.
Han respondido hasta ahora anunciando que asistirán desde Liège, Atenas, CSPCL de París, IRU, Toulouse, La Plata de Madrid, etc….
Antecedente:”Encuentro Europeo en Defensa y en la Lucha con los Pueblos Zapatistas y La Otra Campaña de México”, realizado en Atenas (Grecia) del 9 al 11 de mayo pasado.
Los temas a tratar: Militarización, Lucha para espacios autónomos, Formas de vida alternativas, Economía solidaria, Luchas de los trabajadores, Movimientos de barrio, Luchas estudiantiles, Pres@s polític@s, Zezta internacional, Trato con la represión contra movimientos sociales en Europa, entre otros

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