Desde Los Altos

Fredy López Arévalo

La autoridad (hablo de un gobierno democrático) no puede quedarse atada de manos frente a lo que se presume es un delito, ya sea del orden común o federal. El gobierno tiene que aplicar la ley, es una de sus facultades, y restablecer el Estado de Derecho ahí donde se ha vulnerado. Esto es o debe ser así independientemente sí detrás de la comisión está un grupo político, como el EZLN, o uno de presión, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Esa es mi opinión, y la externé ayer durante la trasmisión radiofónica que conduzco de lunes a viernes en el 760 de AM, en la XERA, en San Cristóbal de Las Casas. A partir de ahí abrí la tercera parte de una entrevista con el abogado Miguel Ángel de los Santos, activista independiente pro Derechos Humanos con una maestría en derecho procesal penal, quien platea que el Estado de derecho y los Derechos Humanos no son dos figuras ajenas.

Veamos:

-Tú como un estudioso del derecho ¿no consideras que a veces se cae en la politización del derecho? Es decir, hay un orden jurídico establecido, hay que respetar estas normas establecidas, y no siempre podemos estar politizando un hecho de esta naturaleza…

-De acuerdo Fredy; pero en este caso de lo que se trata es de salvar justamente al derecho… es el derecho el que no puede estar siendo utilizado con finalidades políticas, porque si hay un conflicto del orden político, deben buscarse las salidas en ese ámbito y no utilizando el derecho penal, eso es lo que nosotros los penalistas llamamos la utilización maximizadora del derecho penal; es decir, utilizar el derecho penal como la panacea para todos los males, como el remedio de todos los males y eso no debe ser… los asuntos del orden político deben encontrar su solución en ese ámbito.

-¿Y la obstrucción de las vías de comunicación dónde quedan, dónde se tipifican?

-La obstrucción de las vías de comunicación no constituyen un delito en sí, constituye la expresión de la protesta social; es decir, no se habría obstruido probablemente la carretera si no fuera porque se necesita hacer presión para que se escuche un planteamiento…

-Pero se están afectando derechos de terceros…

-Evidentemente la protesta social puede conllevar ese riesgo también, por eso es que la autoridad debe atender el planteamiento; si se atienden los planteamientos, como ahora, porque ahora seguramente se va a convocar a la negociación, a la conciliación, ¿verdad?, si eso se hace antes evitas que se de la obstrucción de la carretera; es decir, ati9ende a tiempo los reclamos y te evitaras que las personas que tienen esos planteamientos, tomen medidas extremas…

-Miguel Ángel como sabemos en Chiapas ha sido muy recurrente este dime y direte, este accionar de las fuerzas del estado y esta actitud también de las organizaciones sociales; ha sido nuestra historia: yo te bloqueó, y si te permito pues voy más allá y si te golpeo, luego negociamos, y parece ser que así ha sido la dinámica social y política que pues no nos ha conducido a nada positivo, definitivamente, a luchadores sociales en la cárcel que luego son liberados, porque no se logró comrpobar en un debido proceso acreditar un delito que en su momento se le acredita, pero tampoco se puede permitir que exista anarquía, que exista desgobierno, ¿verdad?

-Yo creo que es otro de los equilibrios que se deben conseguir; la democracia, incluso, implica también ese riesgo; el riesgo de negociar, y en la negociación muchas veces se exponen todas las cartas y muchas veces el gobierno puede no quedar satisfecho con la negociación, pero evita caer en el autoritarismo; entonces cuando caes en el autoritarismo entonces las consecuencias son mucho mayores. Veamos esta experiencia. Mira, acaba de comenzar y qué tenemos ya: primero reclamos de organismos no gubernamentales y de organizaciones sociales, nacionales e internacionales, ¿No?, entonces vamos a entrar en esa dinámica y tarde o temprano el gobierno va a tener que revisar esos casos y seguramente los va a liberar, porque el costo social, el costo político es alto… Yo lo que digo es por qué no de una vez abrir la conciliación, abrir la negociación.

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Zapatistas de la comunidad de Los Llanos, en San Cristóbal de Las Casas, mantuvieron durante toda una noche en calidad de retenidos a tres funcionarios del Ayuntamiento y seis empleados de Aeropuertos y servicios Auxiliares (ASA). Creían que eran funcionarios de la SCT. Los liberaron la mañana de ayer, gracias a la intervención de funcionarios de la Secretaría de Pueblos Indios (Sepi). No es la primera vez que los zapatistas de Los Llanos, un asentamiento irregular, detienen a funcionarios públicos.

Como que andan buscando que les den una su macaniza.

Pero ese no es el asunto.

Los funcionarios del Ayuntamiento coleto y los de ASA verificaban si el trazo de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque pasa sobre un terreno (alrededor de 20 hectáreas) que el Ayuntamiento posee pegado al aeropuerto Corazón de María.

Según mediciones de la SCT el trazo de la autopista no pasará sobre ese terreno, pero sí sobre tierras ejidales de Mitzintón, y la que ocupan desde 1994 los zapatistas de Los Llanos. El alcalde coleto Mariano Alberto Díaz Ochoa tiene la encomienda de negociar con los campesinos de Mizintón y Los Llanos el cruce de la autopista.

Pero de eso ya hace seis meses… y el alcalde no le ha puesto atención.

Tan es así que en vez de dar por cierta la medición que le dieron los de la SCT mandó a su personal a verificar el levantamiento topográfico que le entregó la SCT.

La idea era negociar el traslado de los zapatistas que invadieron Los Llanos a los terrenos propiedad del Ayuntamiento y escriturarles las tierras.

Pero el alcalde coleto enredó aún más las cosas y ahora la construcción de la autopista lleva un retraso de seis meses.

Son dos mil 700 millones de pesos los que están autorizados para la realización de la autopista, pero si no se ejercen, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se los quitará a Chiapas y adiós sueño carretero.

Según me dijo un amigo que trabaja en la SCT, ellos tienen el recurso disponible para iniciar la autopista, pero la liberación de la vía en lo que corresponde al municipio de San Cristóbal de Las Casas, está a cargo del alcalde Mariano Alberto Díaz Ochoa.

¿Por qué no le dedica tiempo a negociar con quienes se oponen al trazo?

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Comerciantes afiliados a la Canaco de San Cristóbal de Las Casas resolvieron anoche convocar al delegado del IMSS en Chiapas para demandar mejores servicios, según informó anoche Cecilia Flores Pérez, la presidenta de la Canaco coleta. Dice un viejo refrán: “Quien paga manda”, y en el caso del IMSS, son los patrones, en este caso los comerciantes, quienes con las cuotas de sus trabajadores asegurados, subvencionan a esa institución, y exigen un trato digno.

Fredy Lopez

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