Fredy López Arévalo
La madrugada de ayer jueves abandonaron el penal de El Amate los 20 inculpados en la masacre de Acteal amparados por la Sala Uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esa fue la noticia.
Su salida del penal de mediana seguridad de El Amate, en Cintalapa de Figueroa, se registró a las 03:00 horas.
Algunos representantes de los medios de comunicación se trasladaron al lugar de los hechos para cubrir el evento.
Permanecieron en vigilia afuera del penal desde la noche del miércoles.
Los 20 inculpados favorecidos con el amparo que promovieron abogados del CIDE fueron trasladados al Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, donde se supone se hicieron los “amarres” para evitar, a toda costa, su reinserción al municipio de Chenalhó.
Es lo políticamente correcto: la sola presencia de los 20 liberados generaría inestabilidad política, confrontación por viejas y nuevas rencillas, y evidentemente violencia.
Es lo que pretendieron evitar las más altas autoridades del gobierno de Chiapas.
La encerrona se realizó en el despacho del gobernador, mientras en el segundo piso aguardaban los medios la comparecencia de los liberados y el pronunciamiento oficial.
El vacio informativo se suplía con todo tipo de conjeturas: si los 20 liberados retornarían a sus comunidades de origen o serían reubicados a otro municipio.
El trauma social seguramente terminará lavándose con sangre, porque el encono larvado por años no se lava con las lluvias de agosto.
Fueron horas y horas de espera.
En tanto se instaló la Mesa de Diálogo para resolver otro conflicto, el de Mitzitón, que se ha equiparado al de Acteal previo a la matanza de los 45.
Entraron y salieron los representantes de la Iglesia evangélica, Esdras Alonso, y los regidores Enoc Hernández, Andrés Gómez y Pascual López, de San Cristóbal de Las Casas; el doctor Nemesio Ponce Sánchez, y el fiscal especial para las ONGs, Raúl López Hernández, y los liberados de Acteal ni sus humos.
A la convocatoria no asistieron representantes del Frayba ni de los católicos tradicionalistas para sentar las bases del diálogo en el caso de Mitzitón.
El fiscal especial para las ONGs, Raúl López Hernández, garantizó a los ahí presentes que el martes acudirían.
Y los liberados de Acteal seguían dentro del despacho del gobernador detallando un acuerdo, que les permita reinsertarse a la sociedad, pero no en el municipio de Chenalhó, o por lo menos no en la misma zona.
Ese era el dilema, el motivo de tan prolongada encerrona.
Pero mientras eso sucedía en el Palacio de Gobierno, en Acteal, reinaba la paz, los niños jugaban despreocupadamente, las mujeres hacían los oficios propios del hogar, y solo los hombres más enterados dijeron estar aguardando que arribara la comitiva de 40 deudos y representantes de la Sociedad Civil Las Abejas que se trasladó a la Ciudad de México para protestar ante la SCJN.
Ningún habitante de Acteal quiso externar opinión, según me reportó Chester, en el programa radiofónico que conduzco en San Cristóbal de Las Casas.
Serán los líderes de Las Abejas los que a su llegada a San Cristóbal de Las Casas convoquen a una conferencia de prensa.
Es de esperarse la condena, como ya lo hicieron antes de que se emitiera el fallo de la SCJN.
Según ellos, se trató de una nueva acción para encubrir el crimen de Estado, postura que pretende poner en entredicho la verticalidad y la honorabilidad de los magistrados José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, que votaron a favor del amparo, dejando a salvo, claro está, la pulcritud del ministro Sergio Valls Hernández, quien se opuso.
La noche previo al fallo de la SCJN me tocó ver a mi amigo Diego Cadena Gordillo, director del Faryba, denostar a la SCJN con argumentos políticos más que jurídicos en el programa de Denis Merker, en Televisa.
En una plática informal con el abogado Miguel Ángel de Los Santos Cruz, prestigiado defensor de los Derechos Humanos, me confió que él también lo había visto.
En su opinión, el fallo de la Sala Uno de la SCJN se dio sobre bases jurídicas no políticas, y el error de Diego Cadena Gordillo, y el Frayba, reside en considerar que acompañando a los deudos de los mártires de Acteal en su lucha por el esclarecimiento y la justicia estaban haciendo lo correcto.
Y sí, es posible que hicieron lo correcto políticamente hablando, pero no jurídicamente.
Porque la figura de “acompañamiento” no existe en el derecho jurídico; en cambio si existe la coadyuvancia y la representación legal.
Los abogados del Frayba debieron haberse puesto al lado del Ministerio Público que conoció el caso y fortalecer su actuación.
Pero no lo hicieron.
Es lamentable que un asunto jurídico se dirima en la arena política.
Es un error garrafal y ahora deben asumir los riesgos.
La SCJN falló sobre elementos jurídicos, concedió el amparo a favor de 20 inculpados en la masacre de Acteal, y seguramente volverá a fallar a favor del resto de sindicados por la masacre.
A decir de los legos en la materia, la SCJN no juzgó la culpabilidad o la inocencia de los 20 indígenas que ayer recuperaron su libertad, sino los yerros, abusos y distorsiones cometidos por la PGR en el debido proceso.
Muchas lecciones habrán de sacarse de este caso, porque deja en claro que una cosa es la ley y otra muy distinta la justicia.
Ahora, el dilema es: ¿Qué sigue?
Fredy Lopez