Polémica por Mony de Swaan debilita a Cofetel
Maricarmen Cortés
El punto de acuerdo aprobado por todos los partidos políticos en la Comisión Permanente del Congreso para citar a comparecer no sólo a Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, sino a todos los comisionados, pone entre la espada y la pared a De Swaan, quien deberá decidir si se empeña en mantenerse en su cargo a pesar del daño que su administración está generando en la imagen del organismo, o exponerse a que los diputados soliciten su despido por causas de fuerza mayor.
De no renunciar antes de la comparecencia de los comisionados en la Cámara de Diputados, De Swaan, quien insiste en que no ha cometido ningún ilícito por otorgarle a sus amigos contratos en la Cofetel, se expondrá a que los comisionados Gonzalo Martínez Pous, José Luis Peralta, Ernesto Gil Elorduy y Alexis Milo declaren ante diputados que ni conocían ni aprobaron los polémicos contratos que De Swaan otorgó a sus amigos Peter Bauer y Pablo Ojeda.
En efecto, por ley, es el Presidente de la Cofetel quien está al frente de la administración. Y si bien los contratos polémicos como sostiene De Swaan fueron aprobados por el Comité de Adquisiciones, no fueron sometidos a aprobación del Pleno por lo que ninguno de los comisionados estaba enterado.
Así, la responsabilidad de los contratos recae principalmente sobre De Swaan, quien ya publicó su declaración patrimonial para demostrar que no se enriqueció con los contratos otorgados a sus cuates.
Sin embargo, como lo señalé desde diciembre pasado cuando Reuters desató el escándalo, es injustificable que De Swaan otorgue contratos a sus amigos sino que además vaya los fines de semana a Valle de Bravo a una casa propiedad de Bauer. Además, están las múltiples acusaciones en el sentido de que De Swaan recomienda a empresas reguladas la contratación de sus amigos.
Aunque De Swaan asegura que renta la casa de Bauer, no ha presentado pruebas ni del contrato de arrendamiento ni mucho menos del pago y hay un evidente conflicto de interés porque renta la casa de una amigo suyo que se benefició de un contrato de la Cofetel que no fue aprobado por el Pleno.
Un problema adicional en la Cofetel es que, por un lado, De Swaan se enfrenta con los comisionados en temás básicos como televisión digital terrestre, y las licitaciones para televisión abierta. Y además, tiene una pésima relación con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome.
IUSACELL DENUNCIA PENAL VS. PÉREZ MOTTA
El Grupo Iusacell, que preside Ricardo Salinas Pliego, anunció que hoy presentará una denuncia penal en contra de Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, acusándolo de hacer pública información confidencial de un expediente de la CFC.
También presentarán la denuncia en contra de la Secretaría de la Función Pública y un recurso de recusación en contra de Pérez Motta para que, como lo logró Telcel, le impidan participar en la discusión del pleno en el que se deberá discutir la asociación de Televisa en Iusacell.
La información confidencial no se hizo pública en un medio sino en un informe de Scotia Bank, que cita textualmente a Pérez Motta, señalando que la operación no tiene ningún problema desde el punto de vista de concentración en telefonía móvil puesto que Iusacell tiene menos de 4% de mercado sino en mercados coordinados.
Seguramente, adelantándose a este denuncia Pérez Motta, por su parte, publicó el martes un extraño comunicado quejándose de las presiones mediáticas a la que está sujeto por este caso. Aseguró también que su voto dependerá de “las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados”.
Al hablar de mercados y no de telefonía móvil, está para algunos adelantando su voto negativo y el absurdo es que condenaría a Iusacell a una quiebra inevitable, favorecería a Telcel y dañaría a los consumidores al desaparecer un competidor ante el temor de que TV Azteca y Televisa —que son férreos competidores en Televisión— puedan aliarse en otros mercados.
CRÉDITO A MEXICANA, ILEGAL
Sin el voto del PAN, la Comisión Permanente aprobó también un punto de acuerdo para que el Ejecutivo apruebe una carta de crédito a Mexicana de Aviación por 300 millones de dólares como un aval para un postor interesado en su rescate. El problema es que sería ilegal y no será aprobado por ningún funcionario de Bancomext, Nafin, SCT o cualquier banco privado porque sería acreedor a una pena de cárcel de 8 a 15 años. El artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito señala claramente que se impondrá sanción a quien autorice un crédito a una empresa sabiendo su estado de insolvencia como es evidentemente el caso de Mexicana de Aviación.