Gilberto Díaz López /ASICh
Yasmín Yau y Modesta Ramírez, integrantes de la Asociación de Mujeres del Movimiento Nacional por la Esperanza y David Ramos, defensor de los Derechos Humanos en Chiapas, se pronunciaron este día frente a Congreso del Estado en contra de la penalización del aborto, ya que este es un problema de salud pública que atenta contra la justicia social, la democracia, laica y la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos.
Argumentaron que el acceso al aborto legal y seguro es fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres como son la libertad, la salud, la vida, la autonomía, la integridad, la privacidad, libertad de coincidencia, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir libremente sobre el cuerpo y vivir una vida libre de violencia y tortura.
Indicaron que la maternidad es una decisión voluntaria, su interrupción debe basarse en la ética privada de las mujeres, sin imposiciones de la sociedad, el estado o la iglesia que pretenda convertirlas en criminales o inmorales, las leyes no pueden, ni deben legitimar el uso de la fuerza del estado contra las mujeres, en una democracia laica nadie puede decidir por otra persona ni mucho menos imponer su ética y voluntad.
Externaron que cifras oficiales en el país niegan la cuantificación real de los abortos clandestinos que pueden ocasionar la muerte de las mujeres, existen investigaciones como la del instituto Alan Guttermache, que muestra que durante el 2006, se practicaron 874, 747 abortos, lo cual expresa una realidad social que existe y pernea la salud del país.
Manifestaron que no basta con castigar y condenar a quien practique un aborto con la cárcel, pues no soluciona nada, legalizar la interrupción del embarazo garantizando la libertad de decisión y su práctica segura reconoce la existencia de una sociedad plural de libertades de pensamiento.
Por último, señalaron que la asociación de mujeres organizadas del movimiento nacional por la esperanza, no promueve la interrupción del embarazo, porque esta decisión debe ser tomada por las mujeres de forma libre y autónoma, exigiendo la defensa del estado laico, y que la decisión de interrumpir un embarazo debe ser respetado, no criminalizado y menos castigado, su práctica debe ser garantizada en condiciones de seguridad referente a su salud, el fin de las leyes que penalizan al aborto entre otras. ASICh