MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
FIN AL DISPENDIO
Las reformas al Código Electoral en Chiapas, que lleva como objetivo fundamental evitar el dispendio de recursos públicos asignados a los partidos políticos y órganos electorales, para sacar adelante los procesos de elección de presidentes municipales y diputados locales, iniciativa del gobernador Juan Sabines Guerrero, fue aprobado con el más alto reconocimiento de la agonizante Legislatura del Estado al gobernador, lo que merece desmenuzar parte de su contenido.
Por principios de cuentas, es menester recordar que el reciente proceso electoral en este rincón del sureste mexicano, del pasado 7 de octubre, no solo arrojó resultados pírricos en la capital chiapaneca y en otros distritos y municipios, sino que resultaron las más caras de la historia electoral de la entidad, dando paso a elevadas estadísticas de abstencionismo.
La mayoría de la ciudadanía en Tuxtla Gutiérrez, capital política de Chiapas, no acudió a las urnas a emitir su derecho al voto. Solo fue el 37 por ciento del padrón electoral de la capital, de más de 300 mil ciudadanos registrados, es decir, casi 115 mil personas acudieron a sufragar.
En ese universo, la inmensa mayoría no fue convencida por los contendientes y mucho menos por las contradictorias alianzas que hicieron los partidos políticos, que mezclados entre sí, todos, jugaron con la voluntad popular en los 118 municipios y los 24 distritos electorales locales, habida cuenta que la confusión prevalecería y encarecería el voto, resultado que así se dio, según las denuncias de todos los actores en ese proceso electoral.
De los errores, -que le cuestan a los chiapanecos, de sus impuestos- los candidatos, por motu propio o por consigna partidista, derrocharon millonarias sumas de dinero globalmente en todo el estado, para “comprar” la voluntad ciudadana y acarrear a los electores a las urnas. Pese a ello, que encareció la compra hasta en 500 pesos por cada voto, los resultados fueron decepcionantes. Lo sostienen entre sí los partidos políticos, incluso lo afirman en sus impugnaciones ante los órganos electorales.
Tan solo ésta elección inmediata pasada costó casi 400 millones de pesos. Si el gobernador Juan Sabines sabe a la perfección que finalmente se derrochó el dinero, aunque vale el beneficio de la duda, pues seguramente muchos de los candidatos ni siquiera gastaron lo que les fue asignado, así como los dirigentes de los partidos políticos ilegalmente se quedarían con gran parte del presupuesto para las campañas, que apenas están en la fase legal de comprobar los gastos, sin duda que enviar una iniciativa al Congreso que haga reducir los gastos en los procesos electorales del futuro, es la propuesta más congruente que los mismos legisladores le aplaudieron al gobernante, pese a que se rumore que los reconocimientos y aplausos fueron por otros intereses.
En ese sentido, desaparecer al Instituto Estatal Electoral, para darle paso al nuevo Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, como un organismo público del estado, autónomo, permanente, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará integrado por un consejero presidente y cuatro consejeros electorales con voz y voto, permitirá reducir no solo el número de consejeros, sino que reducirá los gastos administrativos y recursos humanos. Es la consecuencia de los resultados de la elección reciente.
De los aciertos de esa reforma electoral, privilegiando el derecho constitucional que han omitido los partidos políticos, en esa vanguardia normativa se impone a los partidos registrar en el futuro, por lo menos al 30 por ciento de sus propuestas, a jóvenes menores de 25 años y además a aspirantes de un género, mientras que el resto puede registrarlo como mejor le convenga.
Tan solo el hecho de permitir que jóvenes de 18 años en adelante, que tienen sus derechos plenos emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -todo ciudadano (mayor de edad) tiene el derecho votar y ser votado- permitirá erradicar los viejos vicios de la política y dar paso a una nueva generación de actores en los escenarios del poder públicos. Partido que no cumpla con esta nueva norma, será sancionado y hasta puede no competir en la contienda electoral futura. Es la llamada cuota de género, con la modalidad que ahora podrán participar legalmente impositiva, nóveles políticos menores de 25 años.
De los actos de justicia y para evitar el pillaje, -no se le puede llamar de otra forma- la reforma electoral contiene precisiones de cómo dispondrán en lo sucesivo los partidos políticos de las prerrogativas:
“Los partidos políticos que realicen coaliciones o alianzas sin sujetarse a las reglas establecidas en la Ley, deberán reintegrar el financiamiento público que se les asignó para la elección de que se trate, con independencia de que podrán perder su registro o acreditación correspondiente; se prohíbe la difusión de obras y programas durante el tiempo de campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral”.
“Los partidos políticos que pierdan su registro o acreditación, deberán reintegrar al erario estatal el excedente económico y los bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido con recursos provenientes del financiamiento público estatal, de acuerdo a los procedimientos de liquidación y devolución que establezcan las leyes”. Estas son las nuevas reglas del juego electoral.
HOMOLOGACION FEDERAL
Considerado también como sustancial, la reforma chiapaneca permite homologar las elecciones locales con las federales para el 2012. Es decir, se acortarán los tiempos de mandato y representación popular en el Poder Legislativo, a los que resulten electos en el 2010; serán responsables de los 118 ayuntamientos y las 40 curules en el Congreso del Estado, -24 de elección directa y 16 por representación plurinominal- solamente un año con 8 meses y no así los tres años que han venido ejerciendo autoridad o participación legislativa.
De acuerdo a la reforma, por única ocasión los diputados de la LXIV Legislatura, electos en 2010, tomarán protesta el 16 de noviembre del año de la elección y cesarán en sus funciones el 30 de septiembre del 2012. Los integrantes de los ayuntamientos electos el primer domingo de julio del año 2010, tomarán la protesta respectiva el día primero de enero de 2011 y cesarán en sus funciones el 30 de septiembre de 2012.
Es decir, las elecciones de diputados al Congreso y miembros de los ayuntamientos se celebrarán el primer domingo de julio del año de la elección.
Sin embargo, a partir del 30 de septiembre del 2012, entrarán en vigor las siguientes disposiciones: El Congreso del Estado quedará instalado el 1 de octubre del año de la elección, debiendo iniciar en esa fecha su primer periodo ordinario, mismo que concluirá el 31 de diciembre; en tanto que el segundo periodo ordinario iniciará el 1 de abril y terminará el 31 de julio.
Los ayuntamientos tomarán posesión el 1 de octubre del año de la elección; los alcaldes, regidores y síndicos durarán en su encargo tres años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. En síntesis, la reforma electoral chiapaneca viene a pintar un panorama diferente, que le permitirá además al gobernador chiapaneco ser observador y responsable, junto con los órganos electorales y los partidos políticos, que los próximos procesos electorales efectivamente traigan beneficio a la ciudadanía, a más de 2 millones y medio de chiapanecos que podrán alentarse, reducidos los gastos de campaña y obligados los partidos a más transparencia, acudir a votar…ahí está pues. ¡YA! Correo defacto2010@hotmail.com