DE FACTO

MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO

PLATOS ROTOS

En la cocina alguien tiene que pagar por lo platos rotos. En el pasado proceso electoral, funcionarios estatales y hasta presidentes municipales no hicieron caso al llamado del gobernador chiapaneco, Juan Sabines Guerrero, de no inmiscuirse en las elecciones a 118 presidentes municipales y 24 diputados locales de este rincón del sureste mexicano. En Tapachula y Arriaga, -la costa de Chiapas- las consecuencias para uno fue el cese fulminante en su calidad de subsecretario de gabinete, mientras que para el otro, no solo dejara de ser presidente municipal, sino que irá a parar a la cárcel, salvo que ya se encuentre “a salto de mata”: prófugo. Será el hasta ayer alcalde del fronterizo municipio de Tapachula, Angel Barrios Zea, quien tenga que enfrentar a la primera acción de Ministerio de Justicia, que como tal, en asuntos relevantes, su paisano Mariano Herrán Salvatti, encargado de esa dependencia del Ejecutivo del Estado, habrá de mandarlo a traer con orden de juez, para que responda a los delitos que ya el Poder Legislativo aprobó le sean procesados y consignados.

Herrán turnó el oficio FESP-06/4022/2007-10, suscrito por la agente del Ministerio Público, Violeta del Carmen Coutiño Genovés, a la Comisión Permanente del Congreso del Estado, para solicitar juicio de procedencia en contra de Angel Barrios Zea, por los presuntos delitos de peculado, por 37 millones 555 mil 161 pesos, así como asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público durante su primer año de gobierno frente al Ayuntamiento de Tapachula.

Por supuesto que existe la averiguación previa FESP/119/2007/10, presentada en contra de Barrios Zea por el auditor superior del estado, Humberto Blanco Pedrero, quien se estrena con una petición de desafuero más y cárcel para el presunto delincuente alcalde de Tapachula.

El Congreso del Estado no solo aceptó la solicitud, sino que además le dio entrada y ayer mismo lo turnó a la comisión de Justicia, para que se dictamine y se de respuesta al Ministerio de Justicia, para que se procede penalmente contra Angel Barrios Zea.

¿Por qué hasta ahora? Es la pregunta que en la capital chiapaneca hacen analistas políticos y empresarios.

Sobre la pregunta surgen las especulaciones. La lógica en el mentidero político es que no se había pedido el juicio de procedencia, por las turbulencias antes de las elecciones, pese a que el proceso electoral inició desde enero de este año; sin embargo, pasada la tempestad y sobre todo, que se le suma al delito de peculado, -vulgo robo del dinero del pueblo- su actitud mañosa, documentada antes de la jornada para elegir alcalde y diputados en Tapachula, pruebas que no podrá desmentir Barrios Zea.

No obstante, la otra especulación sustentada, es que Angel Barrios Zea jugó con las perversidades del poder, solo, pero haciendo creer a propios y extraños que le deberían el resultado electoral, para cobrar la factura con un total llamado “impunidad”. Es claro que el gobernador no hace ese tipo de tratos, pues sería como proteger a la mafia política que solo llega al poder a salir locos de contentos con su cargamento.

Basta recordar que su esposa lo denunció públicamente, de cómo estaba sustrayendo ilegalmente el erario público para beneficio personal, que incluso, detalló la amenazada señora de Angel Barrios Zea, que el novel presunto delincuente, casi exalcalde de Tapachula, convertía el dinero mal habido de pesos mexicanos a dólares. Según el Ministerio de Justicia, está sindicado por el peculado de ¡37 millones de pesos!, cantidad que en este Chiapas de miseria, bien pudo resolver la alimentación, vestido y educación de por lo menos 3 mil 700 familias

EL NUEVO PODER

Sin duda que no será el único alcalde que vaya a parar a la cárcel. Seguramente 21 presidentes municipales no terminarán su gestión el último día de diciembre del presente año, porque la renovación del Poder Legislativo habrá de recibir las demás peticiones de juicio de procedencia, del que inexorablemente el alcalde de Comitán, Jorge Constantino Kanter esté en esa lista.

En calidad de mientras, los diputados plurinominales que deberán pasar esa prueba de fuego, de “nada de borrón y cuenta nueva”, son: por el PRI, Sami David, Nelly María Zenteno, Jorge Enrique Hernández Vielma, Leyver Martínez González y Javier Martínez, mientras que por la suma del PRD, PT y Convergencia, Angel Córdova Toledo, Martha Grajales Burguete, Sonia Catalina Alvarez, Carlos Penagos, Rafael Cevallos Cancino y Manuel Moreno Cancino.

Por el PAN, Emilio Salazar Farías, Sonia Rincón Chanona, Calos Pedrero, Ana Elisa López Coello y Felipe Granda, mientras que por el Verde Ecologista, se suman Alejandro Orantes Coello y Miguel Angel Vargas Blanco.

Todos estos vienen a completar los 40 escaños en la próxima Legislatura Local y son los que habrán de fortalecer las iniciativas que turne el gobernador Juan Sabines, para amalgamar el poder a pro del desarrollo sustentable que tanto se pregona.

CUENTAS CLARAS

Los nuevos diputados, que rendirán protesta de cumplir con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la de Chiapas y las leyes que de ella emanen -se espera que en realidad cumplan o que el pueblo se los demande, aunque no los demandan- tendrán entre otros asuntos relevantes, exigir cuentas claras sobre el proceso electoral del 7 de octubre, pues entrarán en funciones el 16 de noviembre y la ley electoral prevé que los partidos políticos deben rendir cuentas sobre el presupuesto que les asignó el Instituto Estatal Electoral en un plazo de 45 días, los candidatos a presidentes municipales contados a partir del 8 de octubre pasado.

Es decir, tienen de plazo perentorio hasta el 23 de noviembre para presentar los documentos que avalen el gasto público que por la vía de impuestos, el pueblo chiapaneco les otorgó -que a nadie le pidieron su consentimiento, por cierto- para que se publicitaran, rentaran vehículos, equipos de cómputos, inmuebles para casas de campaña y hasta para reventones, celulares -aunque en realidad la mayoría de la telefonía no se utilizó para esa encomienda-, gasolina y demás que quieran justificar. Los candidatos a diputados locales tienen 30 días. Serán solapados por la actual Legislatura, cuyo sepelio nauseabundo de ese nulo ejercicio se llevará a cabo precisamente el 16 de noviembre.

Y digo que los nuevos diputados serán los encargados de verificar con lupa, por principios de cuentas, porque tienen la obligación de ordenar sean auditados los recursos asignados al Instituto Estatal Electoral y este a su vez, pedirá que se audite a los partidos políticos.

¿Pero sabe usted amable lector en que pueden parar las pillerías que traen consigo los procesos electorales; el dinero con el que se quedan las dirigencias de los partidos y hasta los candidatos? Feliz y absurdamente en una multa a cada instituto político, pero nadie regresa ni un centavo.

Es reto pues, que la nueva Legislatura Estatal tenga que buscar la reforma electoral empantanada, para que se sancione a los candidatos y partidos políticos que presenten facturas compradas, gastos no realizados y no solo que devuelvan el dinero que se les asignó, sino que vayan a parar a la cárcel. Los perdedores, serían dobles perdedores, mientras que a los ganadores, habrá que encuadrarles alguna penalidad para escarmiento. El financiamiento público que se destinó para las campañas del 7 de octubre fue de 52 millones de pesos.

LA RESACA

En el recuento, la resaca de esas elecciones, deja para la Fiscalía Electoral del Estado, la tarea de investigar las denuncias presentadas, pues según el titular de esa dependencia, Julio César Fernández Hernández, la compra de votos llegó a cotizarse desde los 100 pesos por ciudadano y se encareció en este proceso hasta los mil pesos por voto. Increíble pero cierto, son las elecciones con los votos más caros, por la oferta deshonesta de los partidos políticos.

El fiscal electoral indicó que resultaron detenidas al menos 12 personas en todo el estado, tan solo nueve de ellas en el municipio de Comitán, de los cuales uno fue liberado y tres más consignados ante la PGR, al serles decomisadas armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y Fuerzas Armadas… lo demás, a partir de mañana, será ya parte de la historia de ese empobrecido rincón del sureste mexicano…ahí está pues… ¡YA! Correo defacto2010@hotmail.com

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