DE FACTO

Miguel Ángel Culebro Acevedo

Retos imposibles para la capital chiapaneca.

No existe “varita mágica” para enfrentar los retos que implica satisfacer las demandas de la capital chiapaneca, por varias razones; una de ellas es la corrupción que tiene hundida las finanzas del gobierno municipal en la total y absoluta quiebra con una deuda superior a los 700 millones de pesos, resultado de la cabal irresponsabilidad desde que Juan Sabines Guerrero (hoy cónsul de México en Orlando, Florida) asumiera el poder en el ayuntamiento local e impusiera posteriormente a Jaime Valls (hoy titilar de la ANUIES); Chacha Pariente, hoy exdiputada federal; Yassir Vázquez Hernández (prófugo de la justicia) y el actual, Samuel Toledo Córdova Toledo, todos en seis años, quienes se han visto envueltos en escándalos de enriquecimiento ilícito con el erario público. Pero además, otra poderosa razón: no habrá dinero, ni tiempo suficiente para resolver lo que los aspirantes por ese jugoso cargo están en pleito legal electoral y prometieron hasta las perlas de la virgen.

Tuxtla Gutiérrez está legalmente considerada como Ciudad Metropolitana, lo que implica que los problemas de servicios urbanos no solo se deberán programar y resolver para los habitantes de la capital de este miserable y saqueado estado del rincón del sureste mexicano. Fernando Castellanos Cal y Mayor, abanderado por la alianza PRI- PVEM, así como Francisco (Paco) Rojas Toledo pasaron desapercibidos ante la ciudadanía las necesidades de lo que obliga compartir problemas de servicios entre los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Fernando, Berriozabal y Suchiapa, independientemente que se centraron en la descalificación para obtener el triunfo electoral el pasado 19 de julio.

No las propusieron, porque quizá ni las tengan. Es decir, los aspirantes a la alcaldía tuxtleca, aparte de que no saben por dónde empezar, jamás hablaron de los problemas de una zona metropolitana y se concretaron, en algunos aspectos con desgastadas promesas de campaña, exclusivamente a Tuxtla Gutiérrez y eso demuestra que ni sus asesores están enterados de que la capital de Chiapas es cabecera de zona metropolitana, avalada por el Senado de la República, lo que da ventajas y desventajas en el destino de recursos federales, que hasta hoy, ni Senadores en funciones y ni diputados federales, -los que se fueron locos de contentos- realizaron gestión alguna de recursos para resolver los problemas que le atañen a esos cinco municipios, como uno solo.

Para empezar, el impacto ambiental en la actualidad, es ya un problema de los cinco municipios, porque además de la devastación de zonas arboladas para dar paso al crecimiento urbano acelerado, la proliferación de vehículos y que cada año aumenta, contribuyen a que se sumen diariamente incrementos en la contaminación. El conflicto ambiental va de la mano con el depósito final de desechos sólidos (basura), en tanto que la contaminación de ríos y arroyos que confluyen al río Grijalva, suman contaminantes que hacen del agua que cada vez sea menos apta para el consumo humano.

No existen plantas de tratamiento de aguas residuales compartido entre los municipios de esta zona metropolitana y lo más grave es que en Tuxtla Gutiérrez, ningún exalcalde y menos los que aspiran a esa silla que pretenden como trampolín para consolidar el poder futuro han planteado la introducción de drenaje profundo, que desaloje las aguas negras y pluviales de los municipios metropolitanos en su conjunto.

La inseguridad, que cada día aumenta en Tuxtla Gutiérrez, ha sido el talón de Aquiles, que además de la corrupción que ha prevalecido de la que muchos de los uniformados de todas las corporaciones han dicho que sus superiores los tienen a renta, en lugar de enfrentar a la delincuencia, han sostenido en su oportunidad que los recursos federales del SUBSEMUN, quedan en manos de quienes han encabezado la Secretaría de Seguridad Pública del estado, mientas que se rezaga el incremento de patrullas, equipos y sueldo para los policías. Los municipios de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez comparten el mismo problema de inseguridad, incrementándose con mayor impacto en la capital chiapaneca y nadie hace algo para remediarlo, pese a las demandas ciudadanas de todos los días y las denuncias públicas de asaltos a comercios y transeúntes.

La corrupción que también prevalece en el sector salud, impacta directamente a los cinco municipios y particularmente a Tuxtla Gutiérrez, a donde llegan a parar miles de enfermos o accidentados, que enfrentan el problema de saturación de hospitales, mientras que los alcaldes de esta capital, solo han visto la forma de hacer pingües negocios con clínicas y hospitales particulares, exclusivamente para trabajadores y sus familiares. Pero no hay propuestas de establecer clínicas para la atención de la población abierta.

La falta de infraestructura, así como aparatos médicos especializados y medicamentos, es acicate para el personal que labora en ese sector público, pues ni al mismo gobierno estatal le preocupa solucionar este problema, que cada día va en aumento, por el crecimiento poblacional, cuya demanda rebasa la ocupación oficial para destinar recursos a este rubro.

Tan solo de esos problemas que saltan a la vista y que más impactan a más de un millón de habitantes, no existe la planeación a largo plazo, pese a que los municipios metropolitanos “se devoran entre sí” y ni los alcaldes que tomarán posesión en breve, conocen el contexto legal de las localidades que pretenden gobernar.

Tan solo prometer pavimentar una calle diaria en Tuxtla Gutiérrez, no solo es vituperio; es además una ofensa al sentido común, porque será materialmente imposible resolver ese problema, que deja millones de pesos a los alcaldes con los diezmos que religiosamente exigen para la adjudicación de obras a los constructores, sabidas ambas partes que el trabajo que realizarán será de pésima calidad y a los 30 días está destruyéndose.

Y el problema más grave, que resulta una tomada de pelo a los tuxtlecos, que promesas de campaña no empobrecen, todos, sin excepción, en Chiapas, -que es lo que nos atañe- usan la ley como papel sanitario, convencidos que la mayoría de la población tolerará la corrupción, “porque nada les deben”; pues comprando los votos, ya están pagados y nadie que haya estirado la mano el 19 de julio pasado para vender su conciencia como ciudadano o ciudadana, tendrá derecho a reclamar.

¿De dónde pretenden los que aspiran al poder municipal, sacar los miles de millones de pesos para revolver las promesas hechas?… para el 2016, todos verán su propia realidad con el multimillonario recorte presupuestal… ahí está pues… ¡YA!

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