MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
LA TALACHA A CALDERON
Ninguna duda cabe, que después del mensaje del informe presidencial que diera Felipe Calderón, convocando a todos a no postergar un amplio a cuerdo para enfrentar el problema que el mismo gobierno federal agudizó, irán saltando como chapulines (y no precisamente colorados) los “magnos representantes” de la iniciativa privada, para hacerle la talacha al titular del Poder Ejecutivo y poder convencer a los mexicanos, de lo que indiscutiblemente Calderón no convence ni a sus correligionarios.El primero en pasar lista cortesana fue Luis Foncerrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), quien sin rubor y sí, con amplio cinismo, propone generalizar la tasa de IVA en 15 por ciento, incluyendo a medicinas y alimentos, pero además, la desfachatez es inaudita, pues dice que es necesario, de una vez y por todas, revisar a fondo los subsidios -obviamente, para eliminarlos- “como parte de una reforma integral de las finanzas públicas y así poder incrementar la recaudación, que le permita al gobierno aportar fondos adicionales y crear suficientes recursos para las familias de menores ingresos, con programas oficiales como Oportunidades.
Por principio de cuentas, el potentado representante de las inmensas fortunas de la iniciativa privada, no solo es zalamero con el presidente de la república, sino que olvida que entre los 60 millones de mexicanos en pobreza, la mitad de ellos en extrema pobreza, hay universitarios y demás, inteligentes, que se ven ofendidos con la propuesta de Foncerrada, al pretender tratar a los que menos ingresos tienen como tarados, estúpidos o retrasados mentales, al expresar ambigüedades que no dejan más que clara la posición de los hombres del poder económico de este país en quiebra.
Salvaguardar la riqueza con un IVA de 15% generalizado en todo el país, borrando los beneficios que hasta hoy tienen los habitantes fronterizos e incluirlo en medicinas y alimentos, son pues propuestas que lastiman la penuria, para engañar una vez más a los más pobres, haciéndoles creer que en realidad el gobierno federal obligará a los ricos, a los que amasan fortunas evadiendo impuestos y creando fundaciones hasta para recibir saldos a favor, en adelante, si se generaliza el 15% del IVA, serían los primeros en reclamar al gobierno por qué no les cobra lo que en realidad deben pagar de impuestos. Esas son patrañas que no solo merecen la condenación, sino el más amplio repudio a todos quienes agazapados quieran ser serviles con Calderón, intentando convencer que los errores en la economía radican en la falta de tasas impositivas.
Foncerrada rebasa los límites de la intolerancia racional, tras advertir que la reforma a las finanzas públicas es inevitable, inaplazable y debe ser integral, y amenaza que postergarla significaría sostener un crecimiento mediocre, arriesgarse a elevar el desempleo, procurar la informalidad y el crimen, facilitar la desigualdad y aumentar la pobreza. Este espécimen no tiene madre, ni naturaleza.
LA CONTRAPROPUESTA CONGRUENTE
Equidistante de la actitud cortesana, la Senadora chiapaneca, María Elena Orantes López, quien conforme más acaricia las posibilidades de ser candidata del PRI a la gubernatura de Chiapas (hasta el 2012, ya cerca), más congruente es en sus propuestas desde la máxima tribuna del Poder Legislativo de la Nación; al finalizar esta semana, insistió en aprobar un punto de acuerdo, para que por ningún motivo se recorte el presupuesto de 800 millones de pesos a las universidades públicas del país en lo que resta del año y que se haga una exhaustiva revisión del presupuesto para el 2010, en ese mismo rubro.
Orantes se contra pone a las advertencias del gobierno que encabeza Calderón, al considerar que el recorte anunciado al sistema educativo de nivel superior no solo es inadmisible, sino que atenta contra el futuro del país y el desarrollo de nuevas generaciones.
Parece que “sin querer queriendo”, la legisladora federal, ha atinado, sin darse cuenta, que la propuesta del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, aprobada por Felipe Calderón, es precisamente estancar el país y frenar el desarrollo de las nuevas generaciones, porque no tiene explicación coherente limitar las aspiraciones de miles de jóvenes que desean estudiar y mucho peor es el impacto, a quienes desean terminar una carrera universitaria, se vean truncados con el recorte presupuestal a las universidades públicas, cuyo proyecto de nación, con un modelo económico fracasado, hacer terreno fértil para la ignorancia, puede ser el equivalente para Calderón y compañía, la falta de entendimiento sobre economía, pero lo que no visualizan, es que con hambre y represión, nadie entiende ni necesita entender de eso y más, con presagios de reacciones violentas.
María Elena precisa a Calderón y exhorta a los diputados federales definir el rumbo de la educación superior de una vez por todas. Los recortes son la peor respuesta a lo que el país necesita y lo que los jóvenes reclaman, y aclara que por falta de inversión en educación superior, ciencia y tecnología, 75% de más de 9 millones de jóvenes no alcanzan un espacio en las universidades del país. Se calcula que terminarán su carrera y se titularán 1 millón 300 mil estudiantes, es decir, 5 de cada 100, de acuerdo a un estudio del año de 2008 del Banco Mundial en materia de eficiencia terminal, lo que significa que en las siguientes décadas se profundizará la brecha entre los mexicanos con carrera y los que no la tienen.
Y vea usted que tan impresionantes son las cifras que le recuerda la Senadora chiapaneca al presidente de la república, tras pormenorizar que muchos de los que logren titularse, carecerán de oportunidades laborales por falta de políticas adecuadas para promover el empleo, así como por la falta de la continuidad de los estudios para adquirir conocimientos especializados y técnicos necesarios para emplearse y tener éxito en su desarrollo profesional. Esto quiere decir que si en el presente ciclo escolar iniciado en agosto, únicamente 9 mil 360 jóvenes ocuparon un lugar en algunas de las 77 licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional; 105 mil 102 estudiantes se quedaron fuera y sin posibilidades de continuar sus estudios.
Investigaciones señalan que casi una cuarta parte de los más de 29 millones de jóvenes del país no estudian ni trabajan. Además, alrededor de 5 millones de jóvenes tienen pocas oportunidades de encontrar trabajo. El resultado de tal desocupación se manifiesta en un incremento de la delincuencia juvenil, tendencia al suicidio y mayores índices de emigración.
Y por si fuera poco, la más amplia congruencia de María Elena Orantes va de la mano en su deseo de gobernar su estado, al remarcar que las mujeres jóvenes se ven forzadas a estudiar carreras cortas o ingresar a trabajos informales para auxiliar de manera temprana al sustento familiar. Las adolescentes con un embarazo no planeado se ven obstaculizadas en muchos sentidos a cursar estudios universitarios.
JUSTICIA Y SEGURIDAD; ¿GARANTIZADAS?
Pero en lo que notoriamente ha fracasado el gobierno federal (y si no, ahí está la ejecución de un candidato a diputado en Tabasco, junto con toda y su familia, apenas hace 72 horas), en Chiapas se hacen todos los esfuerzos porque las cifras alarmantes de inseguridad en otros estados del país, no contaminen este rincón del sureste mexicano, de tal suerte que apenas la semana pasada, al finalizar la aprobación de reformas enviadas por el gobernador Juan Sabines Guerrero al Congreso del Estado, se ajustó el marco normativo con 19 iniciativas en materia de Justicia y Seguridad Pública, según afirmarían puntualmente los diputados Neftalí del Toro Guzmán, presidente de la Comisión de Justicia y Carlos Pedrero Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
En tal sentido, ambos contemplan que la finalidad de que los chiapanecos tengan una mayor certeza jurídica y social que garantice su seguridad y la aplicación de una mejor procuración e impartición de justicia en la entidad, es entre otros beneficios, creándose así, por decreto, la Mesa de Reconciliación del Gobierno de Chiapas, para la Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada. Además se aprobó adicionar como agravante de las penas previstas en los delitos de violación y abuso sexual, cuando éstos sean cometidos por ministros o dirigentes de un culto religioso… ahí está pues… ¡YA!
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