MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
JUSTICIA TARDÍA, NO ES JUSTICIA
El emérito maestro constitucionalista, Doctor Raúl Carrancá y Rivas, (mi maestro de Derecho Constitucional, en la facultad de Derecho de la UNAM, en la otrora gloriosa CU) sostiene con toda la autoridad moral y profesional: “Justicia tardía, no es justicia”, en alusión al espinoso caso Acteal, cuya matanza mantiene un herida que sangra y en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez más se pone en evidencia de manipular intereses ajenos a la aplicación de la justicia.
Antes de opinar más al respecto, vale la pena ampliar en este espacio, la sorpresa que dio el Ministro chiapaneco, Sergio Valls Hernández, al votar ayer, en contra del amparo que se conceda a los procesados por esa matanza, que impacientemente han esperado 12 años para que los derechos consagrados en la Constitucional General de la República los alcance y en los casos que amerita una exhaustiva revisión de cada expediente, se conceda la libertad a quienes lo merezcan, no sin anteponer un criterio personal a capricho, como parece que lo hizo el padre del alcalde de la capital chiapaneca, Jaime Valls Esponda, el Ministro Sergio Valls, que evidencia todo, menos su compromiso y lealtad ante la Corte, cuyo máximo tribunal de la Nación, se debate entre asuntos nada claros.
Ayer se cumplió el plazo para la Corte, para dar su fallo sobre el abultado expediente de los procesados, sin embargo, no cumplió las expectativas tanto de familiares de los detenidos, de organismos de derechos humanos, de autoridades locales y mucho menos de la opinión pública nacional e internacional y dejó en suspenso la situación de 31 indígenas, de cuyos casos en manos del Ministro Sergio Valls, se negó resolver, lo que obligó turnar los expedientes a otro Ministro, para que falle sobre los nuevos proyectos de sentencia.
La pregunta pública que deben cuestionar todos los interesados y la opinión pública, es: ¿Qué motivó al Ministro Sergio Valls a tener una actitud tardía para hacer justicia, que finalmente se negó a cumplir con su responsabilidad como juzgador, reteniendo y rechazando su fallo a favor de 31 detenidos, supuestamente de manera injusta?
Es pregunta que sin duda el propio Ministro chiapaneco se negará responder, dejando a la interpretación una serie de especulaciones que en nada le preocupan, como no le han preocupado otras de sus actuaciones nada claras durante su estancia como ¿garante? de aplicar la ley y hasta el espíritu de ley, cuya hipótesis se convierte en jurisprudencia por la suma de casos y que constitucionalmente debe responder a ello.
Una omisión de ese tamaño, que obliga a la Corte determinar que sea otro el Ministro que sí cumpla con su responsabilidad en la impartición de justicia, me obliga pensar en la popular frase: “hijo de tigre, pintito” y sin otro afán de encontrar la similitud por aquello de las omisiones dolosas, su hijo, Jaime Valls, quien representa a la máxima autoridad municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en calidad de alcalde, se ha distinguido también por ignorar los derechos constitucionales, pero lo peor en el presidente tuxtleco, es que solapa la corrupción y hace gala de la injusticia, tras las tropelías que vienen cometiendo elementos de la policía municipal, así como de Tránsito y Vialidad, resultando algunos de ellos, unos verdaderos pillos, consignados y recluidos como vecinos de los que la Corte analiza sus casos, por la matanza de Acteal, en el Penal El Amate, al ser los primeros nombrados, los uniformados, hasta secuestradores y asaltantes, mientras que ante el conocimiento de las denuncias, Jaime Valls, ha concedido en su oportunidad, protección y solapamiento a quienes infringen la ley, siendo sus subordinados, con el cargo de Comandante en Jefe de las fuerzas de seguridad municipal.
Finalmente, la Corte decidió ayer, con cuatro votos a favor y uno en contra, los Ministros de la Primera Sala, en su mayoría, amparó y ordenó la libertad inmediata de 20 indígenas culpados por la matanza de Acteal, en virtud que la sentencias, plenamente analizadas, se basaron en pruebas obtenidas a base de tortura y hasta dolosamente con engaños, fabricados por la Procuraduría General de la República, cuya titularidad ostentó en su oportunidad Jorge Madrazo Cuellar.
AUTORES INTELECTUALES IMPUNES
En tales condiciones, la Corte solo puede analizar las sentencias con base en la Constitución, no obstante, en opinión del Doctor Raúl Carrancá y Rivas, experto en derecho Constitucional, “la Corte, el máximo tribunal de la República, lleva sobre sus hombros digamos la sobra de este fantasma, justicia tardía, pero hay que buscar, ya que es tardía y que la Corte va a intervenir con ciertas limitaciones constitucionales, no puede más que averiguar, no tiene facultades ejecutivas, que la Corte llegue al fondo y si no puede encontrar responsables claros en los acusados, en los sentenciados, en los detenidos que busque más hacia adentro para tratar de hallar y hacer un esfuerzo enorme por encontrar a los autores intelectuales”.
Carrancá y Rivas sostiene que eso es lo menos que puede hacer la Corte con fundamento en el mandato constitucional y si no lo hace, la conciencia de la República se sentirá profundamente defraudada y no habrán cumplido, los Ministros, con su obligación constitucional, patriótica y moral. En tales términos ¿el Ministro Sergio Valls será acaso un apátrida, un traidor a la patria, un inmoral y no cumple con su obligación constitucional?
Sin embargo, lo que explica el constitucionalista, en términos de la actuación de la Corte, en su conjunto, como máximo tribunal de la Nación, por este asunto que se ha considerado entre otras opiniones como un crimen de Estado, perpetrado para enfrentar con una contrainsurgencia y contener el avance del EZLN en la región selvática de Chiapas, que fue contaminado con ese escenario sangriento en el municipio de Chenalhó, previamente denunciado ante todas las instancias del poder público constituido, incluso ante el propio presidente en su momento, Ernesto Zedillo y hecho del conocimiento del entonces gobernador chiapaneco, Julio César Ruiz Ferro, Carrancá y Rivas precisa que el deber de la SCJN es realizar una averiguación impecable y profunda con absoluto acatamiento a los dictados constitucionales, aunque recordó que “no sería la primera ocasión, con el debido respeto, -que la Corte- no respetara los dictados de la Constitución”.
Raúl Carrancá presagia lo que los chiapanecos sabemos, pero más los habitantes de Chenalhó saben a la perfección, que las partes involucradas en el caso, están confrontados y advierte: “yo creo que la Corte debe de ser muy consciente de esto, muy sensible de esto; cometería un gravísimo error sí solo se fijara en los aspectos formales, de estructura legal, hay que ir al fondo, hay que ir a la esencia”.
Y la esencia, en la opinión pública y especialistas en derecho penal, es que no ha habido justicia plena, porque se está violentando la Constitución Mexicana, que no es nada que sorprenda, sino que además, se está protegiendo, aún en este sexenio que encabeza Felipe Calderón, a los directamente responsables, que son los autores intelectuales y de paso, a quienes ordenaron la tortura física y psicológica en contra de los detenidos, para declararse confesos del delito que en la apreciación de organismos de derechos humanos, muchos de ellos son encarcelados injusta e ilegalmente.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación basó su fallo ayer, sobre el caso de cuatro demandas de amparo presentadas por 57 indígenas sentenciados por la matanza de 45 tzotziles el 22 de diciembre de 1997 en una iglesia en la comunidad de Acteal, en Chiapas.
ALERTA MAXIMA EN CHIAPAS
En tales condiciones, previo al fallo de la Corte, grupos de una y la otra parte, de los actores de la matanza de Acteal, tanto familiares de víctimas, como de detenidos, se han manifestado por las calles de San Cristóbal de las Casas, dejando constancia que la resolución determinará las condiciones de paz social o de confrontación, que pudiera derivar incluso en una enfrenta de con secuencias incalculables.
Las autoridades locales mantienen operativos de vigilancia, no obstante, ayer mismo se esparció el rumor que con la libertad de los primeros detenidos en El Amate, se organizaron grupos de indígenas de Chanlhó, apoyados por organismos no gubernamentales, para revivir el escenario de violencia, mientras que por la otra parte, decenas de familias indígenas mantiene su temor, que los liberados quieran cobrar venganza, tras ser señalados como autores materiales de la matanza de los 45 indígenas. En estos lamentables hechos, murieron familiares de quienes están procesados, cuya acción no perdonan los dolientes, que siendo de la misma sangre, hayan accionado armas exclusivas del Ejército Mexicano, para matar a sus consanguíneos… ahí está pues… ¡YA!
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