MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
¿POLICÍAS CONFIABLES?
En la empecinada lucha contra la delincuencia organizada, el gobierno que encabeza Felipe Calderón ha intentado todo, logrando resultados que no satisfacen a la inmensa mayoría de la sociedad mexicana; acaba de obtener un crédito de 47 mil millones de dólares, apenas el viernes pasado, del Fondo Monetario Internacional; asegura que no lo utilizará. Pero en donde ha perdido la batalla, es en el intenso llamado a que se sumen los gobiernos estatales para acabar con la corrupción que impera en los cuerpos policiacos y cortar de tajo los tentáculos de la mafia súper bien organizada y de las estructuras gubernamentales los primeros reacios son los más de cuatro mil presidentes municipales, que entre sus filas, como comandantes en jefes de sus gendarmes, solapan todo.
El caso de los estados de Morelos y Michoacán, dividió las opiniones por la iniciativa del presidente, de hacer intervenir a las fuerzas armadas castrenses para detener a funcionarios ligados con el narcotráfico y otras ramificaciones de la delincuencia organizada. Felipe Calderón no solo ponderó la predisposición del gobernador de Morelos, sino que lo ha mostrado como el orgullo de colaboración, a fin de combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad civil.
Sin embargo, en el caso de Michoacán, sentenció a Leonel Godoy como un gobernante que ha politizado el tema y no ha colaborado en las mismas condiciones. Lo interesante de este asunto es que públicamente ha sostenido que “para combatir el crimen, no pedimos permiso”, sentencia medular de su discurso pronunciado en Cuernavaca, Morelos, el pasado martes 23 de junio, lugar donde además advirtió: “Debe quedar claro que la única manera de no caer en manos de la justicia en México, es simplemente no violando la ley y más vale que lo vayan sabiendo todos los que tienen algo de que preocuparse”.
Una vez más insistió en ese escenario: “es nuestro trabajo, perseguir a la delincuencia y debe quedar claro que no hay consideración política, económica o de nacionalidad que valga para hacer valer la ley en México y creo que así debiera ser en todo el país”, tras demandar más energía a los gobiernos de los estados “para combatir juntos” el crimen organizado.
Felipe Calderón sabe que al frente del poder ejecutivo federal, se le va yendo el tiempo y cada día suman menos años, meses, días, horas, para dar los resultados que se comprometió y que ha abanderado como una causa principal de su gobierno, al grado que su partido, el PAN, enarbola el estandarte para convencer electoralmente y los ciudadanos acudan a las urnas el próximo domingo a sostener la figura presidenciable, como un luchador contra la inseguridad y más que ello, contra sus principales enemigos: los capos del crimen organizado. Tiene ante sí al otro enemigo y habrá que ver si a este si lo vence: el abstencionismo y la modalidad del “voto nulo”.
OTRO INTENTO FALLIDO
El presidente de los mexicanos convocó en agosto del año pasado a todos los gobernadores a sumarse a la iniciativa de crear centros de control de confianza y certificación y certificar la confiabilidad de los cuerpos de seguridad, incluyendo a Ministerios Públicos, Jueces, custodios, procuradores de justicia, policías federales y por supuesto a todos los policías estatales y municipales, principalmente a sus altos mandos.
Se cumplirá en menos de un mes, un año de esa convocatoria que elevó a rango de ley, al turnar una iniciativa en el contexto de seguridad nacional y aprobado por el Senado de la República, pero a la fecha, no se conocen resultados de las entidades federativas de tal normatividad, de lo que se deduce que nadie le hizo caso al respecto, al grado que ha tenido que utilizar al Ejército Mexicano para que realice las funciones que los cuerpos de seguridad civil no llevan a cabo, incluyendo aprehensiones, porque tampoco hay confiabilidad en el ejercicio de los mandos de la PGR o las policías judiciales o ministeriales de cada entidad. Una lucha estéril en el territorio nacional, sin colaboración, salvo del gobierno morelense, según el propio Calderón.
Lo que acontece en Chiapas y principalmente en la capital del estado, es digno que el gobernador Juan Sabines Guerrero sea enterado, porque se aprecia que nadie le informa con amplitud que se están trastocando no solo los intereses políticos, sino la normatividad que el presidente Calderón obtuvo del Senado su aprobación por unanimidad, para depurar los cuerpos policiacos, de elementos que no entienden de leyes y de mandos que encubren lo que para ellos son minucias ante la ley, pero que resultan igual de delincuentes, junto con sus alcaldes, al solapar la corrupción y actos violatorios de derechos humanos, sin que nadie se ocupe de advertirles lo que Calderón, en una actitud de enfado, sentencia que si no lo hacen los gobiernos estatales, lo hará el gobierno federal.
Y me refiero a la capital chiapaneca, porque es donde más se han dado abusos policiacos, incluyendo a los elementos de tránsito, auspiciados y protegidos por el mismo alcalde, Jaime Valls Esponda, su secretario de Seguridad Pública, Rogelio Hernández de la Mata, sus demás subordinados y por supuesto, el director de Tránsito y Vialidad, José Rubén Cruz Aguilera, sindicado como protector de los abusos de sus agentes viales.
Entre los casos más destacados de la últimas semanas, es público el delito sexual cometido en contra de Jazmín de los Santos, mujer policía que por defender su pudor y haber denunciado el acoso sexual, le hayan instaurado un Consejo de Honor y Justicia, para buscar no solo despedirla, sino ahora, por instrucciones de Rogelio Hernández de la Mata, buscan encuadrarle algún delito que les permita meterla a la cárcel, cuando debió desde un principio, junto con el omiso alcalde, ordenar una investigación, dar su derecho de audiencia a la víctima y sancionar al libidinoso subdirector operativo que la ha llevado a soportar el absurdo de ser sometida a un “Consejo de Honor”.
Un caso más es el escandaloso secuestro que elementos de la patrulla de tránsito PT-330 cometieron en contra de Rosalinda Arévalo, hermana del periodista Armando Rojas Arévalo, quien para ser liberada, tras inventarle infracciones al reglamento de tránsito, exigieron a sus familiares la cantidad de dos mil pesos, actitud solapada por el director de esa corporación, José Rubén Cruz Aguilera y hasta por el mismo alcalde, Jaime Valls, quien tuvo conocimientos de los hechos.
Y a todo esto, vale la pena estar al pendiente de los resultados que debe dar a conocer Pedro López Ayanegui, director del Centro Estatal de Control de Confianza y Certificación, quien fue considerado con el alcalde Jaime Valls, mediante “un convenio” para que 100 elementos de la policía municipal sean “valorados”, que más bien, deben ser sometidos a rigurosos análisis psicosométricos, toxicológicos y de polígrafo (aparatito que no permite mentir) para determinar cuántos elementos no son confiables para el cargo de seguridad. El resultado debe darse a conocer públicamente, para que la sociedad sepa de quien debe cuidarse en adelante y poder confirmar en manos de quien ha estado nuestra seguridad. Ello confirmará el nido de delincuentes, sin duda, en que se han convertido las corporaciones y a esto debe responder Hernández de la Mata, sus subordinados y hasta el alcalde Jaime Valls, quien sabiendo los pájaros de cuenta que tiene en la corporación, hace como que no ve y no oye… Por cierto en breve le toca a Tapachula y Comitán… ahí está pues… ¡YA!
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