MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
TRIUNFO, ¿VIOLANDO LA LEY?
Lo que está aconteciendo al interior del PRD, con la resolución de las autoridades electorales de la Federación, que obligan a la dirigencia nacional, encabezada por Jesús Ortega a restituir los derechos partidistas a Silvia Oliva, cancelando el registro de Clara Brugada, aspirante a jefa delegacional de Iztapalapa, es con toda claridad, el levantamiento del telón de pésima obra de teatro, donde los actores, tras bambalinas, después de provocar una orgía se desgarraron el atuendo para aparecer en escena, resultando una asquerosidad.
Las tribus en ese partido están acostumbradas a pisotear las leyes y si no, como dice conocido refrán: “si no pueden, arrebatan”. Característica nata en el PRD es violentar, a fin de conseguir sus más aviesos intereses, cuya perversidad ha dejado constancia que si no logran amagando y chantajeando, de inmediato se prestan a dividirse entre ellos mismos, para hacer gala de la práctica muy conocida en el argot político: viles chaqueteros.
De entrada, Clara Brugada se montó en su macho y no precisamente en Jesús Ortega, sino aplicando aquello de que o le mantienen la candidatura o hace añicos la elección constitución en esa delegación, dividiendo a los perredistas, que para el caso, como en todas las tribus del PRD, tiene su ejército de malandrines dispuestos a quemar urnas o robarlas -en la menor de las respuestas-, pero de ser necesario, llegan a las armas, desde machetes, que su misma dirigencia tiene como escuela de cuadros, hasta armas de fuego, para hacer realidad aquello de defender el voto a sangre y fuego.
Denigrante espectáculo pues, cuya imagen forjada a pulso por los perredistas, en calidad de despreciativos del sentir electoral, tienen su rentabilidad en la violación de las leyes y los pactos arcaicos de que a base de violencia, en este país han conseguido lo que han querido; hasta poder.
La aspirante derrotada ante las autoridades electorales de la Corte, despeja la duda o confirma las sospechas: Jesús Ortega hizo compromisos pueriles con la Brugada y abusando de su calidad de dirigente nacional del PRD, la impuso, pasando por encima de los derechos constitucionales, partidarios y el inobjetable triunfo de Silvia Oliva, demostrando que muchas de las candidaturas impulsadas en todos los estados, fueron en similares condiciones, que Chiapas no es la excepción, salvo que aquí, la mayoría tienen cola que les pisen y fueron sometidos con infantil método: “si sigues gritando, no comes y te encierras en tu cuarto”.
Jesús Ortega se escuda que en las instancias electorales de su partido se habría emitido una resolución, pero cada militante está en su derecho de acudir a las autoridades legales para demostrar si hubo o no violación; el Tribunal Electoral de la Federación resolvió y tenemos que respetar el resolutivo, explica, sin dar detalles como superará el amagamiento de quien se siente traicionada por el compromiso que le albergara esperanzas de cobrar suculenta dieta y demás prebendas en el Congreso de la Unión.
¿COMETE VALLS DELITO ELECTORAL?
La reunión que el presidente de la capital chiapaneca, Jaime Valls Esponda, con el senador perredista, Carlos Navarrete y el dirigente estatal del PRD, Alejandro Gamboa, llevaron a cabo en conocido restaurante de la capital chiapaneca, encierra -según rumores entre empleados sindicalizados del gobierno capitalino-, el compromiso del alcalde, de someter a todos los trabajadores para que hagan proselitismo y voten, incluso, junto con sus amigos y familiares, a favor de El Chunko. Faltará ver si Jaime Valls también comprometió recursos y estructura del gobierno de Tuxtla Gutiérrez a favor de tan singular aspirante a la diputación federal por el VI distrito Electoral Federal, con cabecera en la zona poniente de la capital del estado.
A estas alturas, trabajadores sindicalizado de ambas organizaciones al servicio del gobierno municipal, han empezado a denunciar que sus dirigentes los pretenden obligar, por instrucciones de Jaime Valls, a promover el voto y votar, además, a favor de Ariel Goméz León “El Chunko”, para que pueda ser diputado federal, cuyo compromiso surge a escasos días que Jaime Valls sostuviera una reunión con Carlos Navarrete, Senador por el PRD.
El operador sigiloso, según argumentan quienes advierten querer estar en el anonimato por temor a represalias en sus centros laborales, es el secretario del Ayuntamiento, el también perredista, Gabriel Gutiérrez Avila, quien ha comprometido a ambos dirigentes sindicales con prebendas personales, además de disfrazar un bono para los trabajadores, con motivo de cualquier cosa, que bien puede ser, hasta por trabajadores cumplidos o exitosos luchadores preventivos del dengue y la influenza, que sería el pago por esa compra de votos.
INTOLERANTE PROTESTA
Buitres, pirañas y no más, pulpos, son en calidad de ya, los intolerantes dirigentes del transporte en la capital chiapaneca, ante la insolencia de advertir al gobernador Juan Sabines Guerrero, que solo participarán en la modernización del transporte, siempre y cuando sea a ellos a quienes se les entregue el presupuesto millonario para seguir controlando, en contra de los usuarios y sobre todo, ofendiendo la dignidad de las personas, exponiéndoles su integridad física y hasta sus vidas, para violentar las leyes y mantener la anarquía frente al gobierno, sea quien sea el gobernador.
Por lo visto, no basta con que Mario Bustamante haya enfrentado al gobierno actual para intentar impedir la modernización ansiada, que haya ido a parar a la cárcel, incluso, por delitos cometidos al ser funcionario estatal, sino que el mismo que concentra a su favor más de cien concesiones de la ruta 1 (versión popular no desmentida) siga imperando desde el capricho de no permitir que el gobierno del estado beneficie a la clase popular que obligadamente utiliza el transporte público, para intentar nuevamente imponer su rebeldía ante la nueva propuesta hecha por Juan Sabines Guerrero.
Los concesionarios han venido amagando con paralizar el transporte público y crear un caos vial, sin apegarse a lo circunscrito a una serie de normas legales, que les impide además lucrar con tales permisos. Solo corresponde al gobierno cancelarlas con la aplicación de la Ley del Transporte, e incluso, si es necesario, no solo revocar las concesiones y municipalizar el transporte o requisarlo, sino aterrizar en esa materia, el privilegio no solo de modernizarlo, sino de atender el reclamo social, para garantizar a los usuarios un servicio a la altura de lo caro que es el transporte en esta entidad, clasificado en zonas económicas como de las más pobres del país.
Es inconcebible que en muchas unidades de las rutas 1 y 2, los concesionarios hayan obligado a sus choferes a pegar en el interior de las combis y la vista del público, su más amplia inconformidad y cinismo, de advertir al gobernador, que si pretende llevar a cabo la modernización, creando un organismo paraestatal, donde el gobierno mantenga el 51 por ciento de las acciones en calidad de persona moral y los concesionarios el 49 por ciento, abierta y llanamente le dicen que no.
En la advertencia reza tácitamente: “manifestamos que deseamos participar en el programa de modernización del transporte, pero no en el proyecto presentado por la Secretaría de Transporte, solicitándole que nos permita a nosotros los transportistas, crear los espacios, asociación o cooperativa conformada solamente por concesionarios de ambas rutas y contando con el apoyo del fideicomiso creado por su gobierno, lograríamos justos los objetivos más importantes de su gobierno: la modernización del transporte”. Por menos de eso, que resulta intolerante, el gobierno debe retirar de inmediato las concesiones a esos buitres y mandar a todos a la cárcel… ahí está pues… ¡YA!
defacto2010@hotmail.com
Cel. (044) 961 10 140 59