MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. MÁS GARANTÍAS
Este domingo pasado, el gobernador Juan Sabines Guerrero dejó una vez más a un lado el discurso improvisado; retomó lo que muchas veces ha sostenido y ha demostrado con hechos frente a los representantes y directivos de medios de comunicación: este no es un gobierno que persigue periodistas, el gobernador no busca enemigos con el poder. Los periodistas no solo con comunicadores, son un sector muy importante de la población chiapaneca. Así de resumido, pero ampliamente explicado.
Juan Sabines no usa la retórica, como bien lo dijo: no es demagogia, “quiero insistir en lo que muchas veces he dicho: en Chiapas está y estará garantizada la libertad de expresión a todos los chiapanecos, pero particularmente, está garantizada y protegida la libertad de prensa, porque los medios de comunicación son los que nos señalan cómo debemos atender lo que no se está haciendo bien, pero más que críticas airadas, nos comunican con la población y hacen opinión”.
Por eso, dijo Sabines Guerrero, en mi gobierno nunca he utilizado el teléfono para pedirles que critiquen o que alaben, jamás he pretendido marcar una línea en los medios de comunicación y por el contrario, les he insistido en que sean los medios de comunicación quienes no digan donde andamos mal, donde debemos reorientar la atención para el desarrollo de Chiapas.
Daría un agregado más a la alusiva fecha. “no he permitido que ninguno de los funcionarios del gobierno del estado llegue al exceso contra ningún periodista, ni lo permitiré mientras tenga la responsabilidad de estar frente al gobierno del estado y si hay funcionarios municipales que no lo entiendan, para eso fue creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas y les pido que utilicen esa instancia, porque no habrá solapamiento para quienes agredan a periodistas o lleguen al exceso con el pretexto de aplicar la ley”.
Sabines se reunió con propietarios de medios de comunicación impresos y electrónicos de toda la entidad en la Palapa de la Casa de Gobierno, recinto donde convergen las ideologías, el interés común de los chiapanecos y donde el gobernador dejó una vez más el sello de la garantía a los directivos, columnistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios, ahí presentes, que en Chiapas no se tolerará el abuso de autoridad, el exceso y el agravio en contra de ningún chiapaneco que haga uso del más elemental derecho de la libertad de expresar sus ideas o sus preferencias, mucho menos por escribirlas o difundirlas, enmarcadas en la libertad de prensa.
ABUSO DE AUTORIDAD
Desde este espacio, agradezco las instrucciones giradas por el mismo gobernador y la intervención directa del procurador de Justicia, Raciel López Salazar, al impedir que el corrupto y frustrado director de Tránsito y Vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez, José Rubén Cruz Aguilera llegara a los excesos de consignarme ante el Ministerio Público, por delitos inventados por un elemento de motocicleta a su mando, del que me negó conocer su nombre y una docena más de patrulleros atropellaran mis derechos constitucionales por supuesta falta de vialidad.
De ese injustificable exceso que no tolera Juan Sabines, pero que es complaciente por el alcalde de la capital chiapaneca, Jaime Valls Esponsa, los policías y agentes de tránsito se dieron el lujo de retener también por varios minutos a mi hijo de mismo nombre, quien acudió a la 7ª. Norte entre calle Central y Primera Poniente para saber qué me había sucedido y trasladar mi vehículo a los talleres de De Facto, porque en él venía el material para la impresión. No sé qué lugar me corresponde como una víctima más de José Rubén Cruz Aguilera, pero con la contundencia que el gobernador garantiza a los periodistas, ese frustrado y acomplejado funcionario municipal, no solo debe ser cesado, sino consignado ante las autoridades judiciales por el contubernio que ejerce al lado de sus esbirros delincuentes disfrazados de elementos de tránsito y vialidad.
La actitud de este troglodita obedece a que en De Facto hicimos pública la denuncia de la señora Rasa Linda Arévalo, (hermana del columnista Armando Rojas Arévalo), quien fuera prácticamente secuestrada por elementos de la patrulla 330 y a la que la extorsionaron con la cantidad de dos mil pesos, defendiendo Cruz Aguilera a los genízaros de quienes solo ofreció a la víctima cesarlos, pero jamás ponerlos a disposición de la autoridad judicial, pese a la imputación directa que hizo la víctima en contra de los delincuentes con chapa. El dinero jamás le fue devuelto a la señora Arévalo. Por solo este caso, el comandante en jefe de la policía, tránsito y vialidad de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls Esponda, debió no solo consignar a los patrulleros, sino al mismo director, José Rubén Cruz Aguilera, por el delito de secuestro, extorsión y asociación delictuosa.
Sobre el abuso de autoridad cometido en mi contra, el viernes de la semana pasada, no puedo pasar desapercibido la intervención del director del Instituto de Comunicación Social e Información, Miguel Angel Osio Trejo, quien minuto tras minuto estuvo al pendiente de mi situación, hasta que me dejara en libertad el troglodita Cruz Aguilera. De igual manera, agradezco a mis amigos columnistas, a mi tocayo Miguel González Alonso, a Alfonso Carbonell, Leonel Durante López, Daniel Flores Meneses por su valiosa intervención. Ah, gracias también al diputado Oscar Salinas Morga, que fue enterado en el momento de mi arbitraria detención por vía telefónica, entendiendo su respuesta de no poder hacer nada, porque estaba haciendo proselitismo al lado de Sami David en el Soconusco, acción por demás importante para él, que no implica objeción de nuestra parte.
JUSTICIA POR CASO STAN; PENDIENTE
De las intervenciones en la Palapa de la Casa de Gobierno, donde hablaron claro y fuerte a nombre de los periodistas, Rodulfo Espinosa, Ery Acuña Meneses, Susana Solís Esquinca, Javier Figueroa Niño y Carlos Z. Cadena, quedó en la bitácora del gobernador el cúmulo de demandas a favor de este sector (como bien lo enmarca Juan Sabines) para resolver añejas demandas sociales a favor de los comunicadores.
De esos discursos, es importante retomar algunas líneas de lo sostenido por el columnista Carlos Z. Cadena, quien puso énfasis en la aplicación de la ley en contra de Pablo Salazar Mendiguchía y demás secuaces, para que se haga justicia por el caso Stan.
Z. Cadena dijo con todas sus resonancias: “Todavía no podemos hablar de equidad justiciera, menos de justicia total, a favor de los damnificados de Chiapas”.
Y agregaría con toda propiedad a nombre de los damnificados: “Sin embargo lo que no se le puede dejar en manos de Dios, es que atrás de esa catástrofe de la naturaleza, haya seguido otra catástrofe, ésta sí, inhumana, que es el saqueo y el robo de los presupuestos asignados a los damnificados de 41 municipios de Chiapas. Y aquí sí hay culpables y son humanos, que apuntan directamente hacia el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, y parte de su gabinete que increíblemente de funcionarios públicos se transformaron en delincuentes organizados para cometer una pillería de las más infames que se tenga memoria, no solamente en Chiapas sino en todo el país, cómo es robarle a un pueblo damnificado que sufrió un golpe de la madre naturaleza.
Aparte de ser damnificados por la tragedia pluvial, son damnificados por el dinero que les robaron.
No dejó de atraer la atención del gobernador y de todos los periodistas presentes, pues Carlos Z. Cadena prácticamente fue el portavoz de la angustia de miles de damnificados que esperan justifica y por eso mismo diría con voz firme: “Más allá del valor que tuvo el héroe civil por excelencia, Don Belisario Domínguez, hoy refrescamos este tema de la tragedia y saqueos millonarios, porque a punto de celebrarse los cuatro años del desastre natural, insistimos, la justicia aún duerme el sueño de los justos, con un escenario donde está plenamente confirmado la tiranía y corrupción de un exgobierno que se llevó el dinero de los damnificados”… ahí está pues… ¡YA!
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