MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
PILLAJE OFICIAL
Hace mucho tiempo que en la capital chiapaneca, la corrupción policiaca había hecho un compás de espera y disminuyeron los atracos de parte de los uniformados. Desde que Rogelio Hernández de la Mata asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Tuxtla Gutiérrez, llevando como segundo de abordo en calidad de Director de Tránsito y Vialidad Municipal a José Rubén Cruz Aguilera, y ambos, a Jaime Valls Esponda, como Comandante en Jefe, siendo presidente municipal, los elementos de esa corporación han incrementado una feroz cacería contra automovilistas, sin respetar siquiera a periodistas y mucho menos a damas que van al frente de un volante.
Se dedican prácticamente a secuestrar a sus víctimas y en algunos casos a golpearlos salvajemente, cuyos casos están documentados, siendo del cabal conocimiento del alcalde, sin que si inmute por la delincuencia organizada que está escudada en la policía y tránsito municipal.
Llama poderosamente la atención el valor civil de la Señora Rosalinda de Jesús Arévalo, quien hizo por escrito la denuncia en contra de los elementos de la patrulla PT-330, cuyos nombres la víctima desconoce, al señalarlos como los responsables de haberla perseguido a bordo de la unidad oficial, sobre el libramiento sur oriente -a la altura del Parque Patricia-, para obligarla a través del parlante y con las sirenas encendidas a detener el vehículo compacto que conducía. Ella iba acompañada de un médico del ISSSTECH, institución médica donde ambos laboran y se dirigía a su domicilio.
Los genízaros exigieron a la víctima su licencia de conducir y el tarjetón del vehículo antes de dar una explicación de por qué la persecución en su contra. El pretexto de los uniformados primeramente fue absurdo: “venía usted zigzagueando”, pero al confirmar que la Señora Rosalinda no conducía con aliento alcohólico -que se presume eso esperaban encontrar como justificación- le inventaron otra infracción: “es que se pasó usted una luz roja del semáforo”.
Ambos pretextos fueron suficientes para que los atracadores elementos de Tránsito se comunicaran telefónicamente con los familiares de la detenida ilegalmente, cuyo número telefónico de su casa lo localizaron en la licencia de conducir; contestó al ilícito llamado la hija de la conductora, a quien la intimidaron y le exigieron que si quería ver libre a su señora madre, que les llevara dos mil pesos en efectivo.
El secuestro exprés y el atraco se consumó, una vez que la angustiada hija de Rosalinda de Jesús acudió al lugar que le indicaron los asaltantes uniformados de Tránsito, acompañada de otras personas, a quienes les solicitó apoyo para entregar la cantidad de dinero que le exigieron. Los acompañantes y hasta el taxista que los llevó a ese lugar son testigos de los hechos, además del médico acompañante de la víctima.
La conductora secuestrada explicó a los asaltantes de la patrulla PT-330, que el gobernador Juan Sabines Guerrero habría dado a conocer que por ningún motivo se debería detener por infracción de tránsito a mujer alguna después de las once de la noche.
¿Imagina usted amable lector que hicieron los atracadores uniformados cuando la mujer detenida mencionó al gobernador Juan Sabines y sus indicaciones? Lanzaron sonora carcajada en son de burla.
LA INDIFERENCIA DE VALLS
De los antecedentes del actuar de elementos de la policía, podemos citar la golpiza que le propinaron al reportero gráfico Gonzalo Gurguhua, quien quedó severamente lesionado con golpes en el rostro, principalmente, y en el resto del cuerpo. La Comisión Estatal de Derechos humanos tuvo que intervenir, pues el presidente Jaime Valls, lejos de escuchar el reclamo social para frenar los abusos policiacos, ha guardado una actitud indiferente, permitiendo, desde que Rogelio Hernández de la Mata asumió el cargo, a que se incrementen las extorsiones, secuestros y golpizas a automovilistas.
El caso de Rosalinda de Jesús Arévalo, también está ligado a otro periodista: el columnista Armando Rojas Arévalo, autor de “Epistolario”, que se publica en varios días del país, desde el D.F. Es hermano de Rosalinda.
Lo grave de este asunto, es que el mismo Rogelio Hernández de la Mata, así como José Rubén Cruz Aguilera tienen en sus manos un documento, donde la víctima denuncia los hechos y a quienes Rosalinda les pidió, conforme a derecho, que realicen la investigación correspondiente, para que se proceda conforme a la ley. En el caso de José Rubén, sus auxiliares le dijeron a la víctima que podrían recibirle “su queja”, pero que no lo podía atender el director de Tránsito y Vialidad y si insistía en verlo, que regresara por la noche de ayer mismo para ver si la podían recibir.
Este lamentable hecho también fue del conocimiento del alcalde Jaime Valls, sin embargo, como en otros casos, su actitud ha sido de total indiferencia, pese a que se está ignorando y haciendo mofa del gobernador Juan Sabines Guerrero, en cuanto a garantizar la seguridad de las mujeres al frente de un volante, después de las once de la noche.
La formación policial de Rogelio Hernández de la Mata fue principalmente en el Distrito Federal. Por experiencia durante 28 años de mi estancia en la ciudad de México, afirmo que la peor corrupción policiaca se ha dado durante décadas, en el Valle de México, englobando todos los cuerpos policiacos, incluidos los del Estado de México.
Se han caracterizado por materialmente asaltar a conductores y secuestrarlos para exigir a sus familiares diversas cantidades de dinero. En los tiempos del Negro Durazo -yo fui reportero del Diario Novedades en esa fecha- no solamente se dieron el lujo sus subordinados a extorsionar y secuestrar a sus víctimas inventándoles diversos delitos, sino que llegaron al grado de asesinarlos, para no dejar evidencias de los ilícitos que perpetraban contra inocentes.
El episodio que hoy viven los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, esencialmente los automovilistas, es muy parecido a lo que en el centro del país se ha experimentado por décadas. En el Distrito Federal y el Estado de México, el tristemente célebre policía, Flores Montiel, llegó a Chiapas a realizar las mismas prácticas.
¿ES CÓMPLICE VALLS?
Los mandos de las fuerzas civiles que han pasado su experiencia delincuencial dentro de las corporaciones policiacas de esas ciudades, han demostrado que en Chiapas han hecho exactamente lo mismo, con los mismos métodos. Exigen a sus subordinados una cuota semanal para utilizar una patrulla o una motocicleta oficial, obligándolos a asaltar y cometer una barbarie contra los derechos humanos. Es entendible que si los uniformados de la capital chiapaneca están utilizando el mismo método en contra de particulares, posiblemente Rogelio Hernández de la Mata y José Rubén Cruz Aguilera estén consintiendo estos hechos al margen de la ley.
El alcalde Jaime Valls no puede postergar una respuesta en estos casos. Está obligado por ley y por probidad, a garantizar los derechos constitucionales de los chiapanecos y en consecuencia ordenar que sean separados del cargo quienes estén delinquiendo al amparo de la corporación de la que es Comandante en Jefe.
Rosalinda de Jesús Arévalo interpondrá su denuncia ante el Ministerio Público, en consecuencia, Jaime Valls debe otorgar las garantías a la víctima, para que se actúe conforme a derecho, de lo contrario, estaría siendo cómplice del pillaje oficial…ahí está pues… ¡YA!
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