DE FACTO

MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO

EL CLAMOR: PABLO A LA CARCEL

Desde que Pablo Salazar Mendiguchía dejara el cargo de gobernador, el 8 de diciembre de 2006, cuyo período del 2000 a esa fecha, ejerció una dictadura enloquecida, con inimaginable abuso del poder, 24 horas después se iniciaron los reclamos y las airosas denuncias en su contra, como el autor intelectual y toca a las autoridades judiciales investigar si también lo fue autor material dentro de la delincuencia organizada que operó, junto con sus cortesanos, incluyendo a presidentes municipales de entonces, en la Sierra y Costa de Chiapas, para ser encarcelado. Aún no lo alcanza la justicia, sin embargo el clamor popular es que quieren ver a Pablo en la cárcel.

Los agraviados por los impactos del huracán Stan, utilizados en lo que Pablo llamó con sarcasmo “La Reconstrucción”, que suman más de 400 mil personas de 41 municipios, miles de ellos que lo perdieron todo, han elevado sus gritos ante todas las instancias constitucionalmente obligadas a impartir justicia y aplicar la ley sin distingos, resultando presas de la desesperación, confundidos por el sistema político mexicano, cuya responsabilidad hoy en día lleva a cuestas el presidente Felipe Calderón, porque tienen la impresión que a Pablo Salazar le están garantizando impunidad, estando de por medio el expresidente Vicente Fox, cobijado hoy por el panismo. Fox fue corresponsable y lo protegió de las denuncias y los hechos.

El oportunismo de Pablo Salazar en pleno ejercicio opresivo contra el pueblo que lo elevó al cargo de titular del Poder Ejecutivo, hoy es calificado como “El robo del siglo” o “El hurto más grande de la historia de Chiapas”, pues aunque se dice fácil, es difícil imaginar juntos miles de millones de pesos que no fueron ejercido y que sí fueron a parar a la absurda y ofensiva fortuna que Salazar amasó, junto con Rubén Velázquez y Mariano Herrán Salvatti, quien fuera el brazo ejecutor contra quienes intentaron alzar la voz en contra del tirano. Mariano Herrán está procesado en un penal de alta seguridad en Nayarit, pero Pablo sigue suelto.

No es gratuito que se alcen otras voces, incluso desde el Senado de la República, donde ni siquiera se inmuta Rubén Velázquez, quien logró ser impuesto como Senador, con las siglas del PRD, habiendo sido Secretario de Gobierno con Pablo Salazar; resignado ahora a escuchar las consignas en contra su aún jefe.

Entre esas voces, Manuel Velasco Coello, Senador por el partido Verde Ecologista, no se cansa de insistir en que el verdadero responsable del mega-fraude cometido con los fondos destinados a la reconstrucción devastadora del huracán Stán, es Pablo Salazar Mendiguchía. Insiste: “Pablo debe ser puesto ante la justicia para que responda por cada uno de los actos de corrupción que rodearon el caso Stán, y para que repare el daño causado a Chiapas devolviendo cada centavo de los recursos públicos que sus subordinados blanquearon mediante el uso de empresas fantasmas”.

21, EN CALIDAD DE MIENTRAS

En ese contexto, la Procuraduría de Justicia del Estado, encabezada por Raciel López Salazar, dio a conocer hace apenas 48 horas que 21 ex servidores públicos de 14 municipios fueron arraigados, entre ellos siete ex presidentes municipales en relación al Proyecto de Reconstrucción de 192 Puentes Hamaca: faltante en materiales, incumplimiento de metas y objetivos, faltante de documentación comprobatoria y falta de supervisión de las obras.

De las 88 comunidades que se han visto afectadas por las irregularidades en la construcción de las obras, destacan, entre otras: Villacorzo (Ranchería Las Margaritas); Escuintla (comunidad San Antonio Miramar); Cacahoatán (Platanillo Camambé); Montecristo de Guerrero (Poza Oscura); Pijijiapan (comunidad San Antonio); y Tuzantán (comunidad San Isidro); donde la construcción no fue iniciada.

Otras se dejaron inconclusas en Villacorzo (comunidad Vicente Guerrero); Cacahoatán (ejido Agua Caliente Tecoitac); Mazapa de Madero (Valle Obregón); Pijijiapan (San Antonio paso Piedra de sal); Tuzantán (San Isidro).

Además, en algunos casos existen irregularidades en la entrega de documentación probatoria de las obras como en Villacomaltitlán (comunidad Lázaro Cárdenas); Tuxtla Chico (comunidad Guadalupe Victoria); Acacoyahua (Ejido Rosario Zacatonal); Huehuetán (Ejido Chamulapita); Suchiate (Ejido Benito Juárez); Villacorzo (poblado Unión); Escuintla (comunidad Ovando Piñuela Rosarito); Cacahoatán (Tobach-Quisate); Mazatán (Cantón Suiyacal); Montecristo de Guerrero (poblado Paraíso); Pijijiapan (Ejido Emiliano Zapata), y Tuzantán (Ranchería El Chipilín).

Por el simple hecho de que no ejercieron los recursos autorizados con cargo al ejercicio 2006 del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales, ahora están en calidad de arraigados, como probables responsables de los delitos de Asociación Delictuosa, Peculado y Ejercicio Ilegal del Servicio Público los ex presidentes municipales de Montecristo de Guerrero, Abel Alvarado Castillejos; Villacomaltitlán, Rubén Pérez Gómez; Escuintla, Darinel Méndez Vera; Tuzantán, Didier Rojas González; Mazatán, Manuel Chong Villareal; Mazapa de Madero, Nelson Horacio Ramos Mérida; y de El Porvenir, Ariel Vázquez Díaz.

No se salvaron los ex tesoreros de los municipios de Villacorzo, Misael Gómez Pinacho; Villacomaltiltán, Jorge Martínez Ruiz; Escuintla, María Eugenia Díaz Velasco; Tuxtla Chico, Maher Salal Vázquez de la Cruz; Mazatán, Martha Adelina Cortés Toledo; Cacahoatán, Lorena Elizabeth Pérez Sánchez; y de Pijijiapan, Juan de Dios Palomeque Carrasco. Tampoco los ex síndicos de Villacorzo, Victoriano Límbano Rojas Martínez; de Villacomaltiltán, Víctor Manuel Reyes Pérez; Cacahoatán, Jesús Arnulfo Castillo Milla; Acacoyahua, Luis Durán Pérez; y Huehuetán, Orlando Reyes Mejía. Y mucho menos los ex directores de Obras Públicas de los municipios de Tuxtla Chico, José Franklin Espinosa Pérez; y de Suchiate, José Tovilla Jiménez.

Pese a la detención de quienes seguramente irán a parar al penal El Amate, el Senador Manuel Velasco insiste: “más allá de las responsabilidades que haya en casos personales, al que se debe castigar con todo el peso de la Ley es al pez gordo que orquestó el robo más grande en la historia de Chiapas; a Pablo Salazar”.

CASA POR CASA. A LA CAZA

En otros escenarios, la preocupación mostrada por el gobernador Juan Sabines Guerrero, de advertir que el gobierno que encabeza no se puede cruzar de brazos para saber cómo van aumentando las cifras de contagiados por el virus de influenza A-H1N1, decidió pues que en los municipios chiapanecos de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Ocosingo y Villaflores se realicen brigadas médicas, casa por casa, donde se lleva a cabo una encuesta médica preventiva, se obsequia un termómetro y en su caso el médico determina si es necesaria la aplicación del tratamiento antiviral. Además de reiterar las medidas sanitarias preventivas. Es un ejército de hombres y mujeres del DIF, de la Sedena; de la Secretaría de Salud, del Instituto Chiapas Solidario, de la UNACH y de la UNICACH así como de otras dependencias quienes llevan a cabo el barrido. Chiapas cuenta con el privilegio de tener una oficina de enlace, representativa de la Organización Mundial de la Salud, cuya información llega a Juan Sabines con la prontitud que se requiere. Por lo pronto, los sectores productivos están urgidos de que se normalicen las actividades, por las enormes pérdidas que arroja la contingencia… ahí está pues… ¡YA!

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