MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
CONTROL TELEFONICO
El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, es un político que no quiere sorpresas; va un paso adelante al implementar políticas públicas que beneficien a la población, pero en materia de seguridad, es una ocupación constante y renovadora que el gobernante mantiene, valuando con su gabinete de seguridad los resultados de cuanto se emprende, de manera que no solo sea discurso en los escenarios nacionales advertir que Chiapas es aún más seguro, que para muchos no deja de ser una campaña mediática, mientras que para los involucrados, es responsabilidad compartida, para atraer la inversión e impulsar el desarrollo de la entidad.
En ese contexto, hace apenas unas horas, convocó a todo su gabinete de seguridad para llevar a cabo un convenio con la empresa Teléfonos de México, de manera que la seguridad para la población esté objetivamente garantizada. Telmex juega un papel importante en los penales de Chiapas, porque es la empresa que otorga el servicio de comunicación telefónica, con teléfonos públicos a todas las personas que se mantienen dentro de los centros de reclusión, incluyendo obviamente a los que están sujetos a procesos penales y a los que cumplen sentencias.
Hay un acuerdo nacional en materia de seguridad. Este convenio es parte de ello; por consiguiente no es cortesía política de parte de Juan Sabines, que haya hecho la precisión que este acuerdo es parte del compromiso asumido con el Presidente Felipe Calderón, de disminuir los riesgos y combatir la inseguridad y los actos delictivos, protegiendo a la población.
De esa forma, el Gobierno del Estado da cumplimiento al acuerdo en su punto número 37 “Por un Chiapas aun más seguro” de suscribir un convenio para implementar un sistema de grabación que advierta a particulares que reciben llamadas realizadas desde los centros de reinserción penitenciarios y con ello decidan si la aceptan o no, que ahora se cumple.
El acuerdo fue firmado por el comisario José Luis Solís Cortés, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y el gerente Operacional del Área de Tuxtla Gutiérrez de Telmex, Salvador Solís Martínez y como testigos, el presidente del Consejo Ciudadano, Felipe Granda Pastrana; el secretario Ejecutivo del Consejo de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Gustavo Francisco Ferreira Jiménez; el procurador de Justicia del Estado, Raciel López Salazar y el magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Gabriel Coutiño Gómez.
Todos ellos tienen una responsabilidad compartida y además están representados los intereses de la población, a través de Felipe Granda Pastrana, que en su calidad de presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad está al pendiente de que en esta materia se prioricen las demandas de seguridad de la comunidad chiapaneca, que huelga decir, muchos delitos han disminuido considerablemente.
Pero, el gobernador Juan Sabines sabe que en cualquier momento pueden aparecer actos delincuenciales que en otros estados se llevan a cabo con mayor incidencia. No está Chiapas para darle la bienvenida a la delincuencia organizada y mucho menos que un delito considerado como grave no sea atendido a tiempo. Explicamos porqué:
Han sido recurrentes las llamadas telefónicas desde algunos centros penitenciaros de Chiapas, para pretender extorsionar a políticos, principalmente presidentes municipales, así como a comerciantes y empresarios, delito desminuido considerablemente, porque las investigaciones judiciales oportunas llevaron al origen de las llamadas y consecuentemente a aplicar la ley para quienes intentaron consumar el ilícito que es frecuente en otros estados de la república, principalmente en el Distrito Federal.
Pero en Chiapas sí se llegó a consumar uno y grave, porque en mayo del año pasado, los internos del penal El Amate, (la cárcel máxima de este rincón del sureste mexicano) Rafael Matus Mazariegos y Emigdio Castro Rangel, en complicidad con sus esposas, Carmen Piñeiro Guillén y Laura Ruiz Pérez, respectivamente, así como Gody Guadalupe Santiago Cuesta, pareja sentimental de Emigdio, extorsionaron con la cantidad de 250 mil pesos a Arnoldo Abel Segura Arias, quien también estuvo recluido en ese tiempo en El Amate.
La consumación de la extorsión se llevó a cabo por la vía telefónica, sin que hubiera manera de impedirlo y por supuesto, sin que las autoridades del penal se percataran de ello. La víctima fue además agredida en el interior del Centro de Reinserción Social, donde los delincuentes agresores contaron con la complicidad de otros reos y posteriormente llevaron a cabo la exigencia de los familiares de Segura Arias la entrega del dinero. Fueron las esposas de los reos las que recibieron el dinero, por indicaciones de los estos, incluyendo a la víctima, que se vio forzado a confirmarles a sus familiares que entregaran el dinero, porque además estaba amenazado de muerte.
Afortunadamente las mujeres de los reos extorsionadores fueron detenidas por elementos de la policía judicial, según reveló hace unos días el procurador de Justicia del Estado, Raciel López Salazar.
Esto sencillamente ya no podrá suceder desde los penales de Chiapas, porque con la firma de ese convenio con Telmex, se podrá no solo grabar las llamadas telefónicas, sino saber a que número de teléfono lo están realizando, además de llevar un estricto control de los teléfonos públicos, para saber quien llama y con cámaras que estén filmando los aparatos telefónicos de manera permanente. Esto es más que un acierto, que como medida preventiva para reducir en los hechos el índice delictivo, merecerá sin duda el reconocimiento popular a las autoridades por garantizar la seguridad.
INSOLITO AGRO-NARCO
Es alarmante, insólito, que el agro mexicano esté siendo socavado por las mafias de narcotraficantes y que la misma Procuraduría Agraria federal haya sido la fuente de que en total, de las 20 millones de hectáreas cultivables, se estén destinando el 20% , o sea 4 millones de hectáreas de terrenos para cultivar drogas, ante el burocratismo y la falta de apoyos económicos gubernamentales al campo mexicano.
Lo que vino a sostener a Chiapas el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Agustín Correa Hernández, es para creer, al referir esas estadísticas, pero más grave resulta al describir que “hay una competencia desleal con el crimen organizado porque mientras avanzamos productivamente con los campesinos para alcanzar un crédito, llega la delincuencia con mucha facilidad para ofrecer alternativas económicas a los jóvenes que se encuentran sin empleo en el medio rural. Mientras los campesinos se organizan en una sociedad cooperativa, formulan un proyecto, concurren a las ventanillas de la Sagarpa, Fonaes y la Financiera Rural, transcurren hasta 12 meses para obtener una respuesta”. ¿Y sabe usted qué? Los capos de la droga llevan maletas repletas de dólares en efectivo para ofrecer a los campesinos resolver su necesidad, inmediatamente. Por cierto, ¿se aplicará la ley al candidato a diputado federal, Ernesto Gutiérrez Villanueva por los millonarios faltantes de dinero destinados al campo en complicidad con líderes campesinos, así como insumos y maquinaria?… ahí está pues… ¡YA!
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