MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
LA MAFIA DE ROLFY
Todo indica que el presidente municipal de Cacahoatán, Rolfy Gómez Robledo no ha entendido el lenguaje del gobernador chiapaneco, Juan Sabines Guerrero, de actuar con transparencia, con honestidad y rendición de cuentas, mucho menos que entienda que quiere decir el presidente de la república, Felipe Calderón, por aquello de que hay que empezar a barrer la casa, con la consabida consigna que no tolerar más la corrupción. El alcalde cacahuateco hace todo lo contrario y muestra de ello, un botón más:
Siendo dueño de taxis en esa localidad de la frontera sur, el presidente municipal de Cacahotán, ha hecho con sus incondicionales, un imperio del transporte público, con la complicidad de algunos funcionarios estatales, entre ellos, Enrique Orozco, quien fuera subsecretario regional de gobierno en el Soconusco y hoy se dice delegado de la Contraloría Social del Estado, para hacer de ese municipio un imperio al margen de la ley, exponiendo a un enfrentamiento contra choferes de otros sitios, a sus competidores.
Para Rolfy Gómez, Cacahoatán es de su propiedad, no un municipio donde la gente lo eligió para gobernar y administrar los recursos públicos a favor de los gobernados. Ha constituido toda una mafia con socios del sitio de taxis Azteca, incrustándolos en cargos públicos estratégicos dentro de la administración municipal:
Héctor Tavernier, es el director de Vialidad Municipal, socio de dicho sitio que encabeza el presidente municipal; ha recibo la consigna de no permitir que los transportistas de los sitios mixtos: Hawai, Guadalupanos, San Miguel y Tuxtla Chico, que prestan servicio de carga y pasaje de Tuxtla Chico a Cacahoatán, no puedan entrar a este último municipio o son sancionados; incluso retados a golpes por los servidores públicos bajo el mando de Tavernier.
Pedro Marroquín, titular de Seguridad Pública Municipal, también es socio de los taxis Azteca y tiene la consigna que todos sus elementos persigan a los choferes de la contra parte para bajarles el pasaje o impidan que bajen a los que traen del vecino municipio, como sucedió con una mujer embarazada a que conducían en un transporte mixto a Cacahoatán para ser atendida de urgencia; la bajaron por la fuerza a punto de abortar, sin que los elementos de vialidad y de la policía se inmutaran ante tan brutal violación a los derechos humanos.
Sostenes Ventura, es regidor del Ayuntamiento y además de ser socio de Rolfy Gómez, se encarga de enlazarse con las autoridades estatales para hacer placenteramente corrupta la administración municipal en materia de transporte.
Jairo Chávez, es el Secretario del Transporte Municipal, quien ordena los operativos en contra de los choferes del transportes Guadalupano, Hawai, Tuxtla Chico y San Miguel, cumpliendo así las consignas del mafioso alcalde.
Y por supuesto, no podía faltar Pepe Alfaro, asesor del presidente municipal, quien vigila que todos los implicados cumplan al pie de la letra las ordenes del equivocado y corrupto edil.
Todo lo anterior fue denunciado por 37 choferes inconformes, encabezados por Fidelino Alvarado Franco, secretario general de Transportes Tuxtla; Enoch Saucedo Becerra, en representación de Transportes Guadalupano y Alfonso Franco Cancino, representante de Transportes San Miguel, quines acudieron ayer al Congreso del Estado a denunciar los hechos y a pedir la intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política, para pedir que el alcalde de marras sea llamado a cuentas en virtud de que está provocando la no solo un clima de extrema corrupción, sino la enfrenta con todos los sectores productivos.
Rolfy Gómez Robledo se ha distinguido desde las filas del PRI, como un obsesionado del poder, haciendo gala del padrinazgo que afirma en público tiene de parte de José Antonio Aguilar Bodegas, perdedor de la gubernatura que le ganó legal y legítimamente en las urnas Juan Sabines Guerrero, es por ello que se ha empecinado a retar las políticas públicas que ha venido implementando el gobernador chiapaneco.
EL RECONOCIMIENTO
La Senadora, María Elena Orantes López, víctima de los excesos cometidos por el exfiscal general del Estado, Mariano Herrán Salvatti, hoy procesado y recluido en el penal de alta seguridad “El Amate” por los delitos de peculado, abuso de confianza, asociación delictuosa y contra el patrimonio del estado, hizo llegar ayer a todos los medios de comunicación el reconocimiento al gobierno estatal por la aplicación de la ley en contra del exfuncionario corrupto, y considerando importante transcribo parte de su comunicado, textualmente:
“La aprehensión del ex fiscal general del estado, es la más clara señal de que en Chiapas se ha erradicado la impunidad y que nadie puede estar por encima de la ley; el fortalecimiento de las instituciones de justicia, ha quedado demostrada con la ejecución de la correspondiente orden de aprehensión de quien fungió como el mas implacable persecutor y violador de los derechos humanos”.
“Sobra decir que yo misma sufrí en carne propia el abuso de poder y la saña de quién hoy enfrenta la acción de la justicia, cuando sin el más mínimo asomo de profesionalismo y respeto a los derechos fundamentales, en un acto excesivo de soberbia desplegó contra mi esposo Eduardo Montoya Liévano, toda la fuerza del estado, con la prepotencia y alevosía que le permitía su investidura, privándolo ilegalmente de la libertad en dos ocasiones, la ultima de ellas, realizada ante mi presencia y la de mi menor hija, con la insana intención de humillar frente a su familia a quien cometió el único error de ir contra los intereses del grupo al que pertenece Mariano Herrán, prueba de ello dan los amparos ganados ante la autoridad federal por mi esposo, que acreditaron su inocencia en los procesos artificiosamente instaurados en su contra”.
“El calvario que vivimos en mi familia, al igual que muchas otras de las victimas de Herrán Salvatti, no pueden deseársele a nadie, incluso al mismo ex fiscal, que hoy enfrenta un proceso penal con una completa transparencia, y que contrario a los muchos individuos que fueron victimas de sus abusos, hoy gozará de los principios constitucionales de debida defensa y garantías mínimas procesales en el marco de un sistema de justicia que actualmente en Chiapas descansa en los valores de legalidad, independencia y transparencia”.
OTRA DE SUCHIATE
El presidente de la Fundación Hombres y Mujeres Trabajando por Suchiate, Saúl Barrio García denuncio los diversos abusos e irregularidades cometidos por Juan José González Pérez, a quien calificó como “protegido” de Mariano Herrán Salvatti y Pablo Salazar, toda vez que nunca fue castigado por sus actos de prepotencia, abuso de confianza, vandalismo y enriquecimiento ilícito en contra de la población de Suchiate, delitos que fueron denunciados e iniciadas las averiguaciones previas. En el año 2000, en la administración municipal de Cesalmiro Reyna Hernández, Juan José González Pérez mantuvo secuestrado el Ayuntamiento de Suchiate por un lapso de nueve meses, cometiendo arbitrariedades e irregularidades en contra de la población; pretendió chantajear al gobierno municipal exigiendo varias direcciones dentro de la administración municipal y como no se las otorgaron tomó las instalaciones del Ayuntamiento, cobrando ilegalmente todos los ingresos de mercado público, del agua potable, entre otros, quedándose con el dinero, afectando al patrimonio municipal…ahí está pues… ¡YA!
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