MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
El presidente Felipe Calderón hizo un llamado más a luchar contra la corrupción; aplicar todo el peso de la ley a funcionarios y servidores públicos en general que utilicen su cargo para enriquecerse y mucho más, que filtren información privilegiada a la delincuencia organizada para que partiendo de su encargo, el empleado de gobierno ponga a disposición de cualquier particular lo necesario para la comisión de un delito. Cárcel, dijo con firmeza; veremos.
Calderón insiste en aplicar medidas de transparencia, incluso, fue aprobada la iniciativa de nuevas y/o reformadas leyes en materia penal, que por sí mismas, parecieran el compendio normativo más avanzado del mundo, no obstante, especialistas en la materia argumentan que sería una lucha titánica, porque la corrupción está tan enquistada en el sistema político mexicano, que en la procuración de justicia habría que cambiar casi en su totalidad a los servidores públicos para erradicar los viejos vicios, que son de origen, no solo con la aplicación de las normas, sino por la falta de probidad de los funcionarios encargados de ello, que incluyen hasta la familia del chofer o de sus sirvientas.
El asunto no se solo se debe resumir a lo que se anhela para el futuro a corto plazo, sino escarbar en el pasado reciente, del que su antecesor, Vicente Fox fue partícipe de una serie de corruptelas, por omisión o por encubrimiento, como lo que se ha denunciado con insistencia, sobre el tráfico de influencias para que la familia de Marta Sahagún fueran beneficiados con sumas millonarias, a través de operaciones nada transparentes.
En Chiapas, Vicente Fox permitió la mayor corrupción en la historia de este rincón de sureste mexicano, durante la tiranía de Pablo Salazar, al otorgarle la más amplia codicia para desaparecer once mil millones de pesos, destinados para la reconstrucción, por los efectos devastadores del huracán Stan.
Pese a las insistentes denuncias oportunas, de que no se estaban ejerciendo los recursos federales, ni las aportaciones particulares o de fundaciones altruistas, así como de organismos no gubernamentales extranjeros y artistas mexicanos, Fox fue sordo y totalmente omiso, permitiendo que se llevara a cabo la comisión de varios delitos. Este es uno de los muchos ejemplos que el presidente Felipe Calderón, con su insistente llamado de luchar contra la corrupción, para aplicar la ley en los casos que aún son exigencia pública, en contra de Fox y de Pablo Salazar, delitos por cierto, que aún está vigentes. De hacerlo, la ansiada honestidad retornaría en un buen porcentaje y la credibilidad en las instituciones se recuperaría.
300 MIL POLICIAS CORRUPTOS
Tan solo por citar el por qué de la preocupación sobre la corrupción, si los datos que el presidente de la república tuvo en sus manos oportunamente, de parte del Consejo de Seguridad Nacional, más particularmente de parte de Genaro García Luna, que, de los 375 mil policías de todo el país, ¡300 mil son corruptos!, nada confiables y el resto o sea 75 mil, apenas si son confiables, no es para menos la impaciencia de Calderón, que de hecho, podría decirse que es el único en verdad preocupado, porque el compromiso que asumió para el primer tercio de su gobierno no cumple con las expectativas en materia de seguridad, pese a las decenas de detenidos, miembros de la delincuencia organizada, mientras que los muertos aportados son más de cuatro mil, pero sabe el presidente mexicano que “el enemigo sigue durmiendo en casa”.
En tales condiciones, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de la Unión, Edgar Olvera -priista de cuño- advirtió que es preferible quedarse con ese 20 por ciento de policías que sí pasan las pruebas de exámenes antidoping, psicológicos y de capacidades físicas.
Según Olvera, sobre la purga que se pretende realizar en todo el país, con la creación de los Centros de Control de Confianza, proyecto en el que no todos los estados están participando con el entusiasmo que esperaba el presidente de la república, Edgar Olvera comenta inocentemente, si son dados de baja los 300 mil policías no confiables, no hay nada de que preocuparse, porque se estarían dedicando a trabajar como taxistas, comerciantes o ¡a dar masajes!… ¡que iluso!
Los resultados no se darán como se insta a los gobernadores, tan sencillo porque el próximo año es electoral y la conveniencia política aún se analiza, en el sentido de perder votos dando a conocer la inmundicia en cada entidad, sobre todo si se llevan a cabo elecciones de gobernadores, ayuntamientos y diputados locales, a la par de las diputaciones federales; el costo político es tan alto, que muchos gobernadores ven con recelo la instalación de tan soterrada estrategia con los Centros de Control de Confianza, pues les alerta a un impacto boomerang.
De este número de elementos, dice Olvera, de alrededor de 375 mil, hay que destacar corporaciones como las federales que tienen un nivel mejor de preparación y en este sentido tiene que ver con la relación al pago, al salario y a lo que se está contratando. La nueva legislación contempla además mejorar las condiciones económicas y laborales de los policías, la mayoría gana alrededor de cuatro mil pesos, por lo que un proyecto es homologar los ingresos de estos servidores a 10 mil pesos al mes.
¿DERECHOS LABORALES?
En toda la historia política del Congreso chiapaneco, presidentes del poder legislativo van y vienen y nadie ha dado respuesta a la demanda insistente de los trabajadores. Es tan injustificable como sarcástico, que los elegidos popularmente para cumplir y hacer cumplir las leyes, los diputados, sean precisamente los que jamás la respetan, siendo un grito en el desierto el que pegan con insistencia en cada legislatura los empleados.
La dirigente sindical, Sonia Jonapá Lázaro está llevando al límite de la decencia y la tolerancia a los trabajadores que representa y hasta los que no están sindicalizados, pero que también decenas de ellos tienen más de seis años trabajando para los representantes populares, que solo acuden dos días a la semana a simular el trabajo legislativo, del que reciben del erario público la nada despreciable cantidad de 70 mil pesos mensuales, por dieta, equivalente al salario, más las prebendas por fracción parlamentaria para otros placeres.
Los trabajadores están en la impaciencia de saber si les aprobarán el convenio con el Infonavit, para que tengan derecho a vivienda, mientras que también están en espera de que sea considerado en el presupuesto de egresos del poder legislativo lo que la ley federal del trabajo prevé, porque si de violar las leyes se trata, los aludidos pueden esperar que el mensaje del presidente Calderón, de luchar contra la corrupción, en Chiapas lo asumirá cabalmente el gobernador Juan Sabines y seguramente no permitirá que se siga con esta práctica, de violar la Ley Federal del Trabajo,… Hoy rinde su informe el alcalde de la capital chiapaneca, Jaime Valls; la transparencia es el asterisco principal en este primer año… ahí está pues… ¡YA! Correo defacto2010@hotmail.com Cel. 961 10 140 59