MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
LA SIMULACION RUIN
¡Es increíble! Algo está pasando en Chiapas, con una resistencia absoluta de asumir en los hechos el compromiso por garantizar el derecho constitucional de la seguridad de los bienes y las personas de la población de la mayoría de los 118 municipios de este rincón del sureste mexicano. La perversidad de los alcaldes, de proteger que los altos índices de delincuencia continúen y de ser posible, se vayan a la alza, tiene el cabal sustento en que es una forma de allegarse más recursos económicos ¡para robárselos! o cumplir compromisos de campaña de las aportaciones que recibieron en especie o en efectivo, plagando las nóminas de aviadores y agravando el erario público en los fondos federales, como el fondo cuatro.
Y es que resulta escandaloso que casi nadie ve, entiende o pretende corregir lo que todos los días denuncian todos los sectores de la población; sociedad chiapaneca que aún no asimila la posibilidad de estar en competencia con otros estados, donde la inseguridad es total, o como las consecuencias de Michoacán, con atentados terroristas, para dejar en claro que la batalla está firme y que el Estado Mexicano no podrá contra la corrupción y la complicidad, no solo de efectivos policiacos y sus mandos, sino de alcaldes. Ya se advierte lo que debe ser constancia plena para el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que las campañas del 2009 no se contaminen con dinero del narco; mucho sabe de esto, pero no sindica responsabilidades. Como dicen los niños: así que chiste.
Pero lo que atañe a la sociedad chiapaneca, haciendo un repaso de ese cúmulo de denuncias públicas, es preocupante lo que el regidor Ulises Eliseo Córdova Ochoa, (del partido Convergencia) del Ayuntamiento del turístico municipio de San Cristóbal de las Casas, denuncia sobre los retenes policiacos en toda la geografía estatal, aunque centra su declaración incisiva en esa región, de que en lugar de buscar armas o droga, están siendo protegidos para extorsionar a conductores de vehículos, con el pretexto de revisar si traen documentos que acrediten la propiedad de los automotores; licencia, tarjeta de circulación y demás etcéteras. Y conste que en ese municipio, es el alcalde Mariano Díaz Ochoa quien protege a la delincuencia organizada, empezando por el titular y segundo de mando de la policía municipal, en contra de quienes pesan sendas denuncias.
Pero eso no tiene comparación con lo que orquestó el expresidente municipal de Tuxtla Chico (fronterizo municipio con Guatemala) Pedro López Bautista, de azuzar a los policías a una rebelión y que tomaran el palacio municipal, porque el alcalde, Oswaldo García Solís ordenó el cese de 10 de ellos que incurrieron en una serie de delitos, cuyo abuso de autoridad merece que los hubiera puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público.
Pedro López Bautista es un triste personaje que tenía fincada sus esperanzas en José Antonio Aguilar Bodegas que ganara la gubernatura al actual gobernador, Juan Sabines Guerrero, incluso, caminaba, actuaba y hablaba como si ya fuera el coordinador estatal del transporte, cargo que presumía le habría ofrecido el priista perdedor, pero como ambos perdieron, hoy resurgen para hacer la misma felonía electoral, utilizando el complot contra los presidentes municipales que no se alineen a las pretensiones de Aguilar Bodegas de ser diputado federal por Tapachula, utilizando al municipio de Cacahoatán para las actos más ruines, desde donde entre otros, Romero Ochoa, Pedro López Bautista y otro personaje de doble moral de Tapachula, (se dicen asesores) entretejen las más perversas estrategias de presión hacia la incondicionalidad de amalgamar el grupo de poder perdedor, en aras de llevar a la ingobernabilidad la región del Soconusco, compuesta por 17 municipios en claro contraste de intereses, por supuesto, en contra de Juan Sabines Guerrero.
En esa condiciones, ahí mismo, en Cacahoatán, el alcalde Rolfy Gómez Robledo, integrante de esa mafia planeó el movimiento transportista, para instigar a los concesionarios, encabezados por Ramón Alegría, de la auto llamada organización Transportes Organizados de Cacahoatán, para protestar contra las autoridades estatales y federales, con el pretexto del pirataje, logrando en su contra que la policía federal preventiva desbloqueara y pusiera orden. Lo ruin es que el alcalde pretende justificar el pago de la multa de 100 mil pesos que les impusieron, y liquidarlo con recursos del Ayuntamiento, evidenciándose de estar coludido en ese movimiento pueril.
Todos estos personajes que trabajan para la causa de José Antonio Aguilar Bodegas, están siendo financiados para operar políticamente a su favor, desde la nómina de fondo cuatro de la policía municipal, ocupando el dinero público en perversas coyunturas de poder, en contra del pacto “Por un Chiapas aún más seguro”, que acaba de firmar el gobernador Juan Sabines Guerrero con todas las instancias de gobierno, pero que en los hechos, la simulación y el engaño son los que están presentes de parte de muchos alcaldes, como el mencionado, en una acto de traición a la confianza del pueblo chiapaneco y deslealtad a la institucionalidad que busca el gobernador, a favor de todos los sectores en materia de seguridad.
De esa perversidades, es inconcebible, sencillamente no tiene lógica política, que el diputado local del PAN, Carlos Martínez, también está coludido, alimentando sus intereses sórdidos, cobijando y encubando estrategias electorales y políticas en contra del gobernador, en aras de darle paso a la ingobernabilidad, como está sucediendo en Huixtla, confabulado con el alcalde Porfirio Lugardo López, donde todos los días la población denuncia la operación de la delincuencia organizada, alentada por el propio edil, pues de otra forma no se entiende porque protege al director de la policía municipal, como bien lo sindican vecinos de varias comunidades, entre ellas la “José María Morelos”. No solo le piden a gritos, sino por escrito, como se lo hicieron llegar desde el pasado 3 de septiembre que atienda las demandas de seguridad, pero le resulta más rentable al edil de marras, por las instrucciones de obediencia a su hermano, Alfredo Lugardo López, mantener en la zozobra al pueblo que gobierna, obligando a otras instancias a otorgarle más recursos para alentar la candidatura ansiada de su hermano a la diputación federal y la impunidad sobre la cuenta pública con el diputado Carlos Martínez.
¿JUSTICIA POR PROPIA MANO?
Tal situación, que no omite al municipio de Mapastepec, es que los vecinos de la comunidad de Sesecapa, hayan advertido que ante la omisión intencional del presidente municipal, que está permitiendo que la delincuencia organizada opere en todo su esplendor, amenazan con hacer justicia por propia mano, ante la ola de robos y asaltos. ¿Y sabe usted quien tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos de la población ya enardecida? El sacerdote de la Iglesia de ese municipio, Pedro Curiel, quien no quisiera impartir misas colectivas para el eterno descanso del alma de ningún cristiano en esas condiciones, incluyendo al alcalde si se da la rebelión, instigada por el mismo.
En las misma condiciones están los habitantes del municipio de Jiquipilas, donde el presidente municipal, Léster Hernández Esquinca, quien fuera titular del Organo Superior de Fiscalización sabe mucho de cómo se desaparecen los recursos el erario público para el beneficio personal, hace oídos sordos ante los reclamos de la población, entre ellas, las angustias de los vecinos del Fraccionamiento Juan Sabines, donde José Cruz Cruz, afirma que el edil ni se acongoja porque la delincuencia está haciendo de las suyas. ¿Pretenden la mayoría de alcaldes crear un clima de anarquía e ingobernabilidad en Chiapas? ¿O en realidad están convencidos que gozan de impunidad y como dicen muchos, es el pago de facturas?…ahí está pues… ¡YA! Correo defacto2010@hotmail.com Cel. 961 10 140 59