Erisel Hernández Moreno
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Stan: Espantosa corrupción
TELÓN
Después de una intensa y exhaustiva revisión que realizó el equipo de trabajo de Francisco Sau Yáñez, finalmente, la Secretaría de la Contraloría del Estado, levantó el telón para dejar al descubierto la serie de corruptelas que se realizaron de los recursos asignados a la construcción de viviendas, introducción de agua potable y drenaje, así como puentes, carreteras, caminos y el rescate de la producción agropecuaria y acuícola, producto del desastre que provocó el huracán “Stan” en la Costa y Sierra Madre de Chiapas.
Más de 150 servidores públicos tendrán que enfrentar seis denuncias de carácter penal, afirmó el secretario sabinista. Todos los implicados en el mega fraude eran funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, cuyo titular fue Horacio Schroeder Bejarano, actual Director de Gobierno; de la Comisión de Construcción de Escuelas, bajo la dirección de Carlos Cruz Coutiño.
También se enumeran ex empleados de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y el Instituto de la Vivienda. Un desvío de recursos superior a los mil millones de pesos que tendrán que ser aclarados o devueltos por aquellos que resultaron inmiscuidos en la operación administrativa y financiera, según resultado de la revisión realizada.
El informe oficial revela que hasta ayer se resolvieron tres procedimientos, inhabilitando a tres ex servidores públicos del entonces Instituto de la Vivienda, por ocho, cuatro y tres años de inhabilitación y sanción económica por un global de 201 millones 87 mil 877 pesos.
Sau Yáñez indicó que se presentaron al Ministerio de Justicia 21 denuncias de igual número de Ayuntamientos; más de 300 empresas de particulares y 15 profesionistas en su calidad de supervisores de obras, fueron denunciadas penalmente al encontrarse responsabilidades específicas.
El “Stan” causó un complicado daño a los chiapanecos, pero los ex funcionarios destrozaron aún más la situación de gravedad que se vivió en aquel entonces, no tuvieron compasión ni misericordia ante la crisis que afectó a miles de familias que sobrevivieron a pesar de la espantosa corrupción que hoy ha quedado de manifiesto ante la opinión pública y que detalla el secretario de la Contraloría.
Ante la demanda ciudadana, el gobernador Juan Sabines giró indicaciones muy claras y precisas para auditar los recursos ejercidos en la contingencia, iniciándose los trabajos el 4 de octubre del año pasado.
Los funcionarios involucrados, después del desahogo de pruebas y alegatos y en estricto apego al marco jurídico, si resultan responsables, se harían cargo de sanciones administrativas que van hasta los diez años de inhabilitación, o en su caso, la aplicación de la acción penal.
Hasta el día de ayer habían comparecido ante la Secretaría de la Contraloría: Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, ex directora; Oscar Cruz Decelis, ex coordinador general ejecutivo; Eduard Chanona Valle, ex director de Administración; Arturo López González, ex director Técnico; Bibiana García de la Cruz, jefa de Departamento; Gerardo del Carpio Trejo, ex jefe de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad; Roger Celerino Nanguyasmú Vicente, ex director Jurídico; Lucila Hernández Vázquez, analista Técnica Especializada en funciones de Tesorera, todos ellos del Instituto de la Vivienda.
Arturo López González, ex director de Reserva Territorial y Control de Obra del INVI, después director Técnico, se inició procedimiento en su contra por un monto irregular de 158 millones 839 mil 425 pesos, e inhabilitación por un periodo de 8 años 3 meses.
Roger Celerino Nanguyasmú Vicente, ex director Jurídico del INVI, por un monto irregular de 711 mil 678 pesos e inhabilitación de 3 años 10 meses 15 días; Lucila Hernández Vázquez, ex analista técnica especializada con funciones de Tesorera del INVI, por un monto irregular de 41 millones 536 mil 773 pesos e inhabilitación por 4 años 9 meses.
En Seguridad Pública se cometió un fraude por un millón 435 mil 159 pesos, por falta de cumplimiento en las obras de puentes de hamacas; en Comisión de Caminos, por 38 millones 974 mil 936 pesos, por deficiencias en la ejecución y pago de obras, así como la inexistencia de documentación comprobatoria del gasto; en el Comité de Construcción de Escuelas, por 4 millones 808 mil 517 pesos, por deficiencias en la ejecución de obras y pagos de conceptos de obra no ejecutados.
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, por un monto irregular de 18 millones 134 mil 215 pesos, al determinarse la inexistencia de documentación comprobatoria del gasto, así como deficiencias en la ejecución y pago de obras; en el Instituto de la Vivienda, por un monto irregular de 967 millones 43 mil 41 pesos, por falta de documentación comprobatoria del gasto, aplicación de recursos a un fin distinto de su objeto, deficiencias en la ejecución de obras y deducciones no enteradas”.
DENUNCIA
Empieza a desmembrarse la podredumbre en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, después del pésimo desempeño de María Cruz Hernández. La denuncia ha sido puesta en manos del gobernador, Juan Sabines Guerrero, así como a los órganos de supervisión de los recursos públicos en el estado.
Los denunciantes que por obvias razones se reservan sus nombres, aseguran que Cruz Hernández operó varias cuentas bancarias que nunca fueron reportadas y mucho menos fiscalizadas. En su momento fueron denunciadas María del Carmen Gálvez Galindo, Carmen López Rodas, Dalia Robles López, Edali Aguilar y Víctor Calvillo, entre otros, por mantener en sus escritorios, entre otras cosas, facturas en blanco para usarlas cuando se necesitara comprobar recursos públicos.
Sostienen que tuvieron que soportar ocho largos años corrupción y trapacerías que se realizaron en sus narices. Entre otras cosas: María Cruz metió como empleada de la Secretaría a su nuera, Irma Peralta. Persona déspota, se presentaba cuando quería, tenía viáticos por comisiones de trabajo que nunca realizaba y trataba a los empleados con la punta del zapato.
La ex titular, junto con Rodolfo Díaz Sarvide, gastó millones de euros a través del programa PRODESIS. Se destinaron exorbitantes gastos en supuestas asesorías y consultorías, otorgadas a amigos y proveedores puntuales con el diezmo. Aprovechado los recursos de los europeos se dieron la gran vida viajando a otros países e irse de vacaciones con todo y parentela.
Banmujer se convirtió en la gallina de los huevos de oro al cobrar y mantener en sus cuentas de los subsidios federales que “prestaban” a los mismos grupos. ¿Dónde quedaron los millones ahí acumulados? Solo una mínima parte de estos recursos se devolvió a ciertas beneficiadas, otros más, fueron endosados de nuevo a la Secretaría en pago de los intereses adeudados de los mismos créditos otorgados y muchos más, simplemente “desaparecieron”.
Víctor Calvillo, jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo le salió el tiro por la culata, al ordenar una auditoría a la delegación de Tapachula para culparlos de un faltante de 13 millones de pesos, al final de la revisión resultó que la ex administradora tenía en su poder documentos que probaban la entrega de recursos a los altos funcionarios que fueron a “ayudar” a los damnificados. Funcionarios quienes gastaron miles de pesos en equipo de aire acondicionado, laptops y equipo informático sofisticado, mobiliario de oficina que estuviera acorde con su nivel jerárquico y, por sobre todo, el cobro íntegro de sus meses de viáticos porque su ayuda no era desinteresada.
Calvillo no solo fue protegido de María Cruz, también contó con la protección de Virginia Gallegos, contralora de la SEDESO. Los recursos auditados no fueron precisamente de Stan, porque los enseres domésticos entregados a damnificados fue una falacia ya que sólo se dieron vales canjeables.
A finales de año, Calvillo en uno de sus desplantes más, dejó tirado su puesto y se regresá a su Aguascalientes natal. Claro, cobrando un mes más de sueldo “por habérselo ganado”. Dejó muchas cosas pendientes de firmar y entregar, entre ellas, su acta de entrega recepción, la cual se dio el lujo de que se las llevaran a donde se encontraba ya trabajando, claro, con los gastos cargados al erario chiapaneco, situación que se dio al quedar de encargada una incondicional de él y permitirlo la responsable de la Contraloría Interna.
RETAZOS
EL sábado por la noche, en la boda de la hija del senador, Manlio Fabio Beltrones, si estuvieron presentes la senadora María Elena Orantes y su esposo, Eduardo Montoya Liévano, evento que se realizó en el Centro Histórico de la ciudad de México en Las Vizcaínas. Ahí, la destacada política chiapaneca tuvo la oportunidad de fortalecer su relación cercana que siempre ha mantenido con el líder de la bancada del PRI en el Senado de la República. No en vano la legisladora tiene bien puesta la camiseta del PRI, además, hoy en día, en el escenario nacional, es la máxima representante de ese Instituto político del estado de Chiapas. También saludó al gobernador Sabines, a Beatriz Paredes e intercambió palabras de afecto con el ex presidente Carlos Salinas, entre otros políticos de primer nivel en el país… ¡¡Hasta el lunes!!