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El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, respondió de manera positiva a la Senadora María Elena Orantes López, su solicitud planteada en el sentido de cumplir el compromiso de información y capacitación a que se refiere el artículo 10 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; considerando que este tema es una realidad, que debe ser abordada urgentemente por el Estado Mexicano con el fin de proteger a las víctimas de este fenómeno. En una misiva remitida a la legisladora, el Ministro expresó que “el pleno de este Alto Tribunal tomó conocimiento del mismo y determinó que al respecto ejercerá sus atribuciones en los términos que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes emanadas de ésta”.
Cabe recordar que en el marco de la sesión permanente de la Cámara de Senadores, Orantes López exhortó a los poderes ejecutivo y judicial, a reforzar acciones para atender y analizar precisamente la problemática que implica la trata de personas; toda vez que México es un país con especial grado de vulnerabilidad ante este delito, debido a una cuestión multifactorial: su geografía, pobreza, escasa tradición de protección a los grupos vulnerables y la desarticulación que generan sus múltiples ordenamientos jurídico penales y vacíos legales.
La legisladora manifestó en su exposición de motivos que la conducta delictiva denominada “trata de personas”, constituye uno de los ataques más graves a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad del ser humano; y a pesar de violentar sus derechos fundamentales, no ha merecido atención en nuestro país.
Asimismo, expresó que en la frontera sur del país -sobre todo en Chiapas- prolifera la prostitución de migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, en especial de mujeres y hombres jóvenes. La UNICEF ha reportado que de las 32 entidades, por lo menos 21 están involucradas en la explotación sexual, destacando Ciudad Juárez, Tapachula y Tijuana, así como Acapulco, Cancún y Guadalajara.
Y es que según los tratados internacionales, por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Orantes López, dijo que en el delito de trata de personas confluyen una cantidad importante de factores que facilitan su comisión: desde la ubicación geográfica de un país determinado, su pobreza, su escaso índice de educación, pasando por la nula cultura de la legalidad, la corrupción, hasta la ausencia de una normativa coherente que contemple estas conductas como delito. Este es, precisamente, el caso de México, donde a pesar de la escasez de investigaciones recientes, se ha demostrado que el delito de trata de personas se verifica conjuntamente con otras hipótesis delictivas y en sus diversas modalidades, donde las principales víctimas son los niños, niñas y mujeres.
México se encuentra en una posición que brinda una extraordinaria ventaja a los tratantes de personas, pero también a los clientes. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sólo en Europa el tráfico sexual involucra de 200,000 a 500,000 mujeres procedentes de América Latina, África, Asia y Europa Oriental. Si bien no hay certeza en torno al número, la lógica indica que entre esos miles de mujeres existen niñas y mujeres mexicanas siendo introducidas al negocio de la trata de personas. ASICh