Por: Gustavo Hernández Larrauri
FINANCIAMIENTO
Democracia, democracia y partidos, forman un binomio inseparable. Y equidad democrática y equidad en el financiamiento, son otro binomio también medular. De la misma manera, la democracia sólo puede ser una expresión lícita y legal de la voluntad de los ciudadanos y, por lo mismo, el financiamiento para que sea democrático requiere ser, precisamente, sólo financiamiento lícito. No hay democracia si no existen partidos políticos fuertes y competitivos. Y no hay democracia tampoco, si no hay financiamiento transparente, lícito y equitativo en la contienda electoral, exclusivamente. Un fenómeno global que debe entenderse y debe analizarse a fondo, a fin de diseñar mecanismos efectivos para prevenirlo, para detectarlo y, desde luego, para sancionarlo. Una democracia sostenible demanda atención muy especial, fundamental, en el papel que juega el financiamiento de la política y de las campañas electorales. El financiamiento de los partidos es la base sobre la cual se sostiene su estructura y es una de las garantías de imparcialidad y de libertad.
Si el financiamiento que reciben los partidos o los candidatos no es legítimo, no es legal, se pervierten los fines naturales de estas instituciones de interés público. En la transición democrática vivida por el país, la preocupación medular al principio fue la emisión transparente del voto y el conteo escrupuloso de los votos. Eso llevó a México a un proceso muy prolongado de mejoras sucesivas en el procedimiento de la jornada electoral misma. La creación de una credencial para votar con fotografía, la supervisión y verificación de padrones electorales confiables, la revisión de los métodos de integración en las casillas electorales, la insaculación, la capacitación de los funcionarios de casilla, eminentemente, ciudadanos; el conteo de los votos, el registro y las constancias en las actas electorales, las reglas muy precisas sobre las cuales deberían cerrarse y no abrirse o abrirse por excepción, precisamente, los paquetes; en fin, un cúmulo de reglas que han permitido que el país avance de manera notable, precisamente, en la transparencia, en la emisión y el recuento de los votos.
Sin embargo, tiempo después se avanzó en otro tema medular que era, precisamente, el financiamiento de los partidos; la evolución hacia un sistema de financiamiento predominantemente público, la obligación establecida para los partidos de registro de cuentas, de contabilidad única en las campañas, de cuenta única del manejo de campañas, etcétera, etcétera; permitió, también, evolucionar en este sentido. Más recientemente con la Reforma Electoral de 2007, la prohibición, o más bien el principio de que la participación de los partidos en los medios de comunicación, particularmente electrónicos, fuese exclusivamente una tarea organizada y distribuida proporcionalmente por la autoridad electoral, señaladamente, el IFE, permitió avanzar hacia un sistema, también, en la parte de financiamiento más transparente. El reto, sin embargo, sigue siendo encontrar un sistema de financiamiento que contribuya a brindar una mayor autonomía a los partidos y candidatos respecto de intereses particulares. Y particularmente, alejar la presencia del dinero indebido en las campañas políticas en cualquier nivel.
Por eso, es fundamental aminorar riesgos de corrupción y propiciar la transparencia en los partidos y campañas, salvaguardando con ello tres valores básicos de la democracia: la igualdad de los ciudadanos, la libertad de los electores y la autonomía de quienes son electos respecto de los poderes fácticos. Consciente de estos desafíos, en México, como he relatado, se ha contado con leyes e instituciones que se han venido perfeccionando a lo largo de ya varios años; que tienen entre sus objetivos reducir el riesgo de dinero ilícito en procesos electorales. Actualmente los partidos políticos deben rendir cuentas acerca del origen y destino de sus recursos a través del riguroso Sistema de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, organismo autónomo que ha sido clave para la democracia mexicana. Y para complementar esa labor, se cuenta con una Fiscalía de Delitos Electorales que mantiene colaboración, precisamente, con las autoridades electorales del país, señaladamente con el Instituto Federal Electoral. La acción decidida de las autoridades electorales es crucial para recuperar espacios ciudadanos, para fortalecer la confianza en las instituciones y para abatir la impunidad.
Sin embargo, la preocupación persiste por varias razones, algunas de ellas, quizá, no tan presentes en el inicio de este proceso de transición hacia mecanismos de financiamiento transparentes. En primer lugar, uno de estos factores es la existencia misma del crimen organizado y la nueva, entre comillas, la nueva mecánica que el crimen organizado ha seguido en sus operaciones, en el caso de México, en las últimas dos décadas, aproximadamente. Tres lustros. Esta mecánica de operaciones es substancialmente distinta a la mecánica tradicional del mero tráfico o trasiego de drogas hacia otro destino, concretamente hacia los Estados Unidos.La mecánica del crimen organizado se orienta hacia una nueva vertiente del negocio criminal que es la distribución de droga y el narcomenudeo, lo cual lleva a modificar substancialmente su comportamiento. De un comportamiento centrado en el control de rutas a un comportamiento centrado en el control de territorios. De un comportamiento de bajo perfil, generalmente orientado a evadir la percepción de su existencia en las autoridades y en los ciudadanos, a un comportamiento hostil y agresivo hacia autoridades y ciudadanos, con el objeto de marcar el dominio sobre un territorio determinado.
La nueva estrategia, que es de control territorial, de los criminales lleva, necesariamente, a una búsqueda de cooptar y controlar a las autoridades en esos territorios, señaladamente a las autoridades municipales que son las más afectadas, a través de dos vías: La intimidación, a través del uso de las armas y la amenaza. O la cooptación a través, precisamente, de la corrupción. Y la primera vía más ensayada por los criminales es un primer contacto con la autoridad antes de que esta sea electa a través del financiamiento de sus campañas políticas. Una vez que se establece un vínculo económico entre el crimen y el candidato es prácticamente imposible o muy difícil disolver esta relación una vez que la elección ocurre porque se vuelve un vínculo permanente y de muy difícil reversión para la autoridad, aun deseándolo, entre crimen y autoridad. Dos. Otro factor es que, a pesar de los avances en la legislación y la encomiable labor de las autoridades electorales, particularmente el IFE, vale la pena resaltar que el esfuerzo de supervisión que se realiza se hace, fundamentalmente, sobre los registros y sobre las cuentas de los partidos y de los candidatos.
Sin embargo, la estructura de financiamiento ilegal o ilícito se realiza a través de operaciones en efectivo, fuera, precisamente, de los registros contables y se realiza así, precisamente, para evitar los registros contables. Eso implica hacer un esfuerzo adicional que pueda incorporar lo que ya se realiza y que hay que reforzar, no sólo a nivel Federal, sino a niveles locales de la actividad de monitoreo del gasto de partidos y candidatos; no sólo en aquello que es registrado contablemente, sino el gasto aparente de campañas y de partidos que es donde se expresa, precisamente, la inequidad. Tercero. La dificultad de monitorear las estructuras de movilización regional de partidos y candidatos, lo que suele llamarse el movimiento territorial o los movimientos territoriales, generalmente sobre aparatos construidos sobre manejo de efectivo, que generan, precisamente, la posibilidad de vulnerar el principio de transparencia en el financiamiento y, en consecuencia, abren la puerta al riesgo de financiamiento ilícito.
Y, quizá, como un cuarto punto, la exploración de temas que no han sido aún suficientemente resueltos, como es la vinculación, precisamente, entre partidos, candidatos y difusión de las campañas, formas de propaganda y medios; porque, nuevamente, la regulación existente que marca un avance muy importante establece la forma y prescribe exactamente cómo debe ser la divulgación de mensajes de los partidos, a través de la intervención de la autoridad electoral, que determina los tiempos, la duración de los anuncios, la regularidad con que éstos deben emitirse. Pero, otra vez, la existencia de mecanismos informales, no contables de difusión de campañas y candidatos en propaganda o medios, precisamente, marca un nuevo y muy interesante desafío para la búsqueda de la tan ansiada equidad en los procesos electorales. La importancia que tienen los partidos es clave para fortalecer nuestros esfuerzos, a fin de proteger a las instituciones democráticas del riesgo que genera el dinero ilícito en las campañas. La posibilidad de que primero partidos y luego autoridades sean cooptados por intereses ilícitos, a través de mecanismos ilícitos, se da, precisamente, en este vínculo de financiamiento.
A la necesaria revisión de la legislación existente y a la búsqueda, precisamente, de mecanismos que logren evitar los fenómenos a los que he aludido, habría que agregar dos ingredientes que son fundamentales para lograrlo: primero, mayor transparencia y, segundo, mayor participación ciudadana. Por lo que hace a la transparencia, es indispensable que en México se reflexione sobre la pertinencia de que los partidos no sólo sean objeto de procesos de fiscalización por parte de la autoridad electoral, sino que también coloquen proactivamente toda su información en la vitrina pública, a fin de que la transparencia y el acceso a la información se extienda, precisamente, a los ciudadanos. Y también, que particularmente en el ámbito local de la vida de México, a nivel estatal y a nivel municipal, se extiendan las mismas reglas de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia meticulosa y abierta del uso de recursos públicos en la actividad, no sólo electoral, sino del uso de recursos públicos en cualquier actividad. A fin de qué. Por un lado, la vigilancia de autoridades y ciudadanos en la vida de los partidos y candidatos; pero, por la otra, la vigilancia también de autoridades y ciudadanos en el comportamiento de los gobiernos, se tenga un doble control que evite que, también por esta vía, se pueda generar financiamiento indebido o traspasos de dinero público gubernamental no autorizado al manejo de campañas políticas.
Por lo que toca a la participación ciudadana, hoy los ciudadanos exigen mejores representantes, mejores candidatos, y desde luego, mejores partidos políticos. Por eso se requiere más ciudadanía en la política, más ciudadanía participando, exigiendo y actuando para construir también partidos políticos más abiertos, y más transparentes, más responsables. Sólo así podremos reforzar la confianza ciudadana en los procesos electorales; recordando una y otra vez que el elemento esencial de la política es la ciudadanía, y que la política es tan importante que no se le puede dejar sólo a los políticos. Por esa razón, como anuncié en días pasados, propondré al Congreso de la Unión reformas de carácter político que fortalezcan la rendición de cuentas a los ciudadanos, con medidas concretas y vigentes en otros países, como la elección consecutiva de legisladores o de alcaldes, por ejemplo. Con ello se abriría la posibilidad de que los propios ciudadanos puedan juzgar directamente el desempeño de sus gobernantes y representantes, no sólo en lo que hace el ejercicio de los recursos públicos, sino, y sobre todo, al rendimiento de sus acciones como servidores públicos.
De esta manera, quien quiera continuar en su encargo tendrá que justificar su labor y pasar por el juicio de quien lo eligió a través de su voto. Hoy, tenemos que reflexionar sobre las amenazas que pueden socavar la democracia, precisamente para prevenirlas y para atajarlas. Y entre estas amenazas está, sin duda, la profundidad y el alcance del poder corruptor y de intimidación de la delincuencia organizada que puede y ha intentado, en muchas naciones, influir en las decisiones de los actores políticos. Es por eso que en esta Administración estamos luchando de manera frontal, de manera decidida para proteger a las instituciones del poder corruptor de la delincuencia organizada. No sólo las combatimos con todo el poder del Estado, sus actividades operativas y financieras, sino que también estamos rompiendo de manera decidida la cobertura y la protección que el crimen había tejido dentro de las propias instancias del Gobierno. Al librar México esta lucha, está cumpliendo con la parte que le corresponde para construir un mundo más libre y más seguro. De ahí la importancia de completar este circuito de restablecimiento y fortalecimiento institucional, a través de una innovación constante y una vigilancia permanente de aquellos mecanismos que nos permitan atajar cualquier riesgo de penetración a través del financiamiento ilícito del crimen organizado en la vida del Estado y, en consecuencia, en la vida de los ciudadanos.
La amenaza del crimen organizado está muy lejos, por cierto, de ser exclusivo de un país o de una región. Estamos hablando de redes transnacionales que representan una seria amenaza para la seguridad y para las libertades de los ciudadanos a escala global. Ante una delincuencia organizada transnacionalmente, todas las naciones tenemos que cerrarle el paso de manera unificada a través de la cooperación internacional… Palabras de Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República Mexicana en la Mesa Redonda, denominada. La Democracia en una Encrucijada, el Reto del Financiamiento Ilícito de la Política… En columnas pasadas he escrito sobre este tema, amable lector, lo dejo para su análisis, interpretación y reflexión…
Sugerencias, atentados, averiguaciones y comentarios en:
larrauri37@yahoo.com.mx
larrauri37@hotmail.com
hernandezlarrauri@mexico.com