Cosme Vázquez /ASICh

A combatir el flagelo del narcomenudeo llamó desde Chiapas el subprocurador de Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad y Atención a Víctimas de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano.
Tanto en el acto inaugural de la jornada estatal de Derechos Humanos y Prevención, donde estuvo con el gobernador Juan Sabines Guerrero, como en conferencia de prensa en una sala de juntas de las oficinas de la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, dijo hay que combatir el narcomenudeo de manera organizada. En este sentido, exhortó a los clubes y grupos de padres de familia a dar el “pitazo”, denunciar los puntos donde se vende la droga en perjuicio de los jóvenes, usando hasta consumidores ficticios.
Inclusive convocó a realizar la detención de quienes envenena a los muchachos, pero no para lincharlos, sino para entregarlos a la autoridad correspondiente.
Anotó que si los jóvenes, los hijos saben donde se vende la droga también los padres lo saben, pero tienen miedo, y en las escuelas los directores tienen bien identificados a los responsables del narcomenudeo, pero no hacen la denuncia correspondiente, por lo que invitó a no callar.
Castro Lozano lamentó que los narcomenudistas funcionen con la complicidad de algunas autoridades, por lo que consideró que ya se realiza una depuración de los cuerpos policiacos de los tres órdenes en el país.
En tanto, se realizan intensos operativos de combate al narcotráfico, pero se requiere de la cultura de la denuncia, de la participación de la sociedad organizada, a fin de vencer el miedo para evitar daños cerebral aquellos hijos consumidores.
Indicó que la defensa mayor para proteger a los niños y jóvenes del flagelo del narcomenudeo es la comunicación intensa de los padres de familia con sus hijos, los maestros con sus alumnos, las direcciones de las escuelas con los maestros.
Por otra parte, declaró que hay miles de indígenas en las cárceles del país sentenciados por delitos contra la salud, por lo cual no tienen derechos a la libertad anticipada, aunque la ley establece algunas excepciones, salvo por ignorancia se cae en la comisión delictiva del orden federal.
Ante esa situación, un equipo de la PGR acuden a los penales de Chiapas en estos días, donde se reúnen con los directores de los reclusorios para ver la situación que guardan los indígenas que purgan sentencias, a fin de poder tramitar a nivel federal los beneficios de la ley.
No pudo precisar el número de indígenas que podrían alcanzar su libertad anticipada, pero enfático dijo que son miles los que se han visto beneficiados en el país.
Asimismo, Castro Lozano dio a conocer que se plantea la PGR abrir una casa de atención a víctimas del delito en la ciudad de Tapachula, para lo cual este mismo jueves platicaría de eso con el gobernador Juan Sabines Guerrero. ASICh

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