Rosario Green
Con motivo del pasado proceso electoral se difundió con frecuencia la noción de la existencia de dos Méxicos separados por su nivel de desarrollo. Esta visión no pasa de ser una simplificación de un panorama mucho más complejo en el que la pobreza y la desigualdad afectan a grupos sociales en todo el territorio nacional, si bien debe reconocerse que históricamente la parte sur ha recibido menor atención de los distintos gobiernos federales, a pesar de su contribución energética en hidrocarburos y generación eléctrica, indispensable para el funcionamiento de la planta industrial y la vida de los centros urbanos de todo el país.
Por ello, desde su anuncio inicial, siempre he considerado que la denominación misma del Plan Puebla-Panamá (PPP) conlleva un mensaje de exclusión, conforme al cual parecería preferible que las nueve entidades federativas que se incluyeron en él se entiendan con Centroamérica y establezcan un esquema de vinculación para la solución de sus problemas comunes, en tanto que el «otro México» fortalece sus vínculos con el norte. Desde luego espero que esta visión balcanizante no sea sino accidental y no prospere.
Por lo demás, no existe una formulación sólida acerca del objetivo medular de dicha iniciativa, más allá del propósito general de «integrar a la región mesoamericana», a la cual desde el principio se añadieron los estados de Guerrero y Puebla, en un verdadero tour de force, y más recientemente se incorporó a un país caribeño sudamericano, Colombia, lo cual puede explicar la abundancia de ideas, intenciones y proyectos inconexos de muy diversa índole y la carencia de resultados significativos, después de seis años de existencia del plan, como se puede advertir si se revisan con atención los documentos emanados de la reciente cumbre de mandatarios del PPP celebrada en Campeche.
Es importante recordar que el plan se adoptó en junio de 2001 en el marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en el cual se habían establecido líneas de cooperación para el desarrollo entre nuestro país y Centroamérica a partir de 1991. Desde hace seis años ambos conviven, aunque la visibilidad del PPP se haya hecho a expensas de los recursos del segundo, en el cual participaba todo México y no sólo un parte de él.
El relanzamiento del PPP en estos momentos, con la incorporación de Colombia, proyecta de manera inevitable la idea de una competencia política por Centroamérica a la cual se han ido acercando tanto Brasil como Venezuela, naciones que a su vez forman parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), surgida en el año 2000, con el apoyo del BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), y en la cual se han definido 10 ejes de integración y desarrollo que incluyen a los 12 países sudamericanos.
Tal vez sea un poco tarde para pensar en que el propósito de integración subregional con Centroamérica debió haberse hecho con el concurso del G-3, recientemente desecho por el abandono de Venezuela después de las fricciones con la pasada administración federal mexicana.
En todo caso, es necesario que se clarifiquen los objetivos del PPP; que se asuma como una iniciativa que compete a todo México, incluso modificando su nombre; que se preserven de manera nítida los espacios de la cooperación educativa, cultural, científica y tecnológica; y que su listado de proyectos se acompañe con recursos financieros que los conviertan en realidades, en especial en los temas de vías de comunicación e interconexión energética.
Senadora de la República (PRI)