LA TRAMPA
Por Teodoro Rentería Arróyave
Lo habíamos advertido, lo habíamos denunciado: en la Ley reglamentaria a la Reforma Constitucional que dizque federalizaba los delitos contra los periodistas y medios de comunicación, iba a estar la trampa para finalmente quedar en nada y echar así, al cesto de la basura, los esfuerzos de casi una década en que estos delitos contra la libertades de prensa y expresión y el derecho a la información se multiplicaron por la impunidad prevaleciente.
En la Reforma Constitucional, que se compone cuando mucho de cinco líneas, ya el legislador ponía las bases de la tramposa normatividad, ya que en lugar de obligar al Ministerio Público Federal a conocer de estos delitos, le puso el condicionante: podrá conocer de los delitos que vulneren las libertades de imprenta y de expresión, dejando las cosas como siempre han estado, es decir, que el propio Ministerio Público tenga la facultad para atraer o no estos delitos
Hemos de remontarnos a 10 años, cuando la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, creo el Grupo Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas y Medios de Comunicación, cuya presidencia estuvo a cargo de su creadora, la joven perredista Beatriz Mojica Morgan.
A la siguiente Legislatura, este grupo se convirtió en Comisión Especial y estuvo a cargo del panista Gerardo Priego Tapia, y gracias a su apertura se formó un Consejo Consultivo Ciudadano de apoyo a la misma Comisión, ahí se trabajó arduamente hasta que logramos integrar una Iniciativa de Ley titulada: Federalización de los Delitos contra las Libertades de Prensa y Expresión.
Después de que todos los líderes parlamentarios y el propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara se comprometieron a impulsarla para su aprobación, la misma en la Comisión de Justicia fue desbaratada con la misma posición de ahora: “podrá el ministerio Público atraer los delitos…”
En la pasada Legislatura, no obstante que estaba en la discusión nuestra iniciativa, se aseguró que la que se iba a discutir en el Senado era la propuesta por el entonces Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, en cuyo gobierno se dispararon los delitos contra los informadores y sus medios, fundamentalmente por la incapacidad del propio aparato gubernamental para frenarlos, es decir, por la vergonzosa impunidad que impusieron.
La Reforma Constitucional ya no trató de los delitos contra las libertades de prensa y expresión, lo cual ampliaba el concepto al proteger el objeto más que al sujeto, para quedar como la conocemos. Ante esa situación, insistimos en que era incorrecta la enmienda Constitucional; en efecto, en apoyo a nuestra propuesta, le agregaron a periodistas, a medios y a toda persona que se vea afectada por dichos delitos que vulneren las libertades de prensa y expresión.
Pero ahora, en comisiones, la Ley secundaria no solamente se precisó el podrían, sino además se suprimió el artículo X del proyecto y se cancelan las fiscalías especiales, tanto de la Procuraduría General de la República como de las procuradurías estatales. Y todavía, cínico, el senador panista Roberto Gil Zuarth, aseguró que la supresión de las fiscalías de “ninguna manera representa una regresión”
Es de precisarse, que la Fiscalía Especial como está diseñada ahora, es una entelequia, no tiene sustento de ley, como el gremio organizado la había exigido, y así seguirá.
En definitiva, todo se perdió, todo fue una vacilada, una tomadura de pelo, fue la trampa que tendieron los legisladores, pues ni hay fiscalías especiales ni existirán la tan llamada y traída federalización de los delitos contra las libertades de prensa y expresión. Sin bromas, al gremio no le queda otra más que rascarse con sus propias uñas o crear su propia policía gremial, como los pueblos que se sienten vulnerados, que están creando sus policías comunitarias.
Periodista y escritor. Secretario de Desarrollo Social de FELAP y Presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX. Agradeceré Sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com y felapvicemex@hotmail.com