Alfonso Carbonell
Consideraciones sobre la Reforma Electoral
Ayer en este espacio y, considerando de inicio que la reforma electoral propuesta por el Gobernador Juan Sabines Guerrero, por su alcance y contenido, se presentaba como una reforma de avanzada e incluso se convertía, de facto, Chiapas en la primera entidad en realizar lo que han dado en llamar los expertos en la materia “reforma espejo”, en congruencia a las realizadas en el ámbito federal. Planteamos de manera textual y obtenida del boletín oficial, cada una de las reformas las cuales se disgregan en varios rubros o acápites que contiene la referida Reforma Constitucional Electoral. Hoy, decíamos ayer, en manos de la feneciente LXII legislatura local para su estudio y dictamen.Permítanme hoy, realizar un somero desglose de las mismas para considerar, sin ser avezados en la materia pero sí bajo una óptica del ciudadano común y corriente como usted o como yo, las bondades y/o en su caso, las implicaciones y posibles resistencias a la que dicha Reforma, contiene o pueden presentarse, respectivamente.
De la homologación
Sin duda este aspecto de la homologación de los procesos electorales, no sólo por lo que concierne a nuestro estado sino de igual manera en el resto del país, se ha convertido por años en un tema inacabado pues, por su propia naturaleza, presenta fuertes resistencias lo mismo legislativas pero que con voluntad política y dentro del marco jurídico constitucional pueden lograrse los acuerdos (como se espera los haya en esta oportunidad) para su aprobación; por el otro y más difícil de sortear, así considero, están los partidos políticos y sus principales actores, ya que la “industria electoral” -déjenme así llamarle- que para los propios partidos políticos, candidatos y de todos los demás elementos concurrentes de una elección (impresores, transportistas, agencias de publicidad, medios de comunicación etc., etc.) representa un proceso electoral, resultan convenientes para unos y otros, no se reforme la ley. Si por éstos fuera, quisieran que todos los años hubiera elecciones. Y casi las hay.
Pero a mi modo de ver y que conste que no estoy descubriendo el “hilo negro”, el espíritu de este acápite electoral, va más allá del sentido sollo o no únicamente, de abaratar el costosísimo gasto que implican las campañas políticas adicionadas ahora con las antidemocráticas “precampañas”; sino que plantea de sí, el hartazgo de la sociedad misma ante la recurrencia de dichos procesos que lejos de estimular la participación y ante la inexistencia de reglas claras en la conducción de las mismas (que ahora esta reforma sí considera), se convierten en actos de verdadera parafernalia de ataques y descalificaciones. De eso también, ya estamos hartos.
Así, y sin que nadie nos asegure que al homologar las elecciones como lo plantea la referida reforma electoral la así llamada “guerra sucia” no se hará presente, de menos sí habrá un ahorro considerable de recursos y de menos, también, el hartazgo sólo nos abrumara cada tres años. Es buena y es correcta la iniciativa estimo.
De los órganos electorales
La extinción como tal del Instituto Estatal Electoral que plantea la reforma, ello para convertirse en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, denominación con la que es presentada en la reforma, considero va más allá del sólo cambio de siglas sino que en su forma y su fondo, transmuta su actual constitución y objetivos empezando por reducir su órgano colegiado que es el Consejo General conformado por nueve consejeros y sus respectivos suplentes, a cinco consejeros incluyendo al presidente y ya sin suplentes. El ahorro por este concepto, se advierte como premisa en la reforma, se estima en varios millones. Ello nomás de entrada que ya es bueno.
En tanto a lo concerniente a la Contraloría de la Legalidad Electoral, dice la iniciativa, se verán reforzadas sus atribuciones en cuanto a la fiscalización, facultad que se extiende al periodo de las campañas. Así la Contraloría de la Legalidad, se insiste, de ser aprobada tal cual fue presentada por el jefe del ejecutivo estatal, tendrá la atribución de suspender entre otros aspectos, la difusión de spots o programas de radio o televisión que denigren, injurien o dañen la imagen de partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, autoridades electorales, gubernamentales o en general a cualquier institución relacionada con el proceso electoral. Es decir y lo advertíamos ya, se empata con la legislación federal. Además, al constreñirse su dirección a la figura de un solo contralor general a diferencia de los tres existentes, también representa importantes ahorros.
De las prohibiciones
En este acápite de la reforma, algunas de las prohibiciones que la actual legislación contempla como la participación de funcionarios públicos en las campañas o sobre la difusión de obras de gobierno, se reafirman, pero ahora definidas con precisión lo que no dará pie para la ambigüedad en su interpretación. Pero vale la pena destacar de estas prohibiciones, al menos dos que apuntan sobre la normatividad que los partidos deberán observar en la conformación de las coaliciones y alianzas, so pena, lo advierte la propuesta de ley, de serles exigido reintegrar el financiamiento recibido pudiendo además hasta perder su registro. Ya era tiempo. ¿No cree? Lo otro y que va o está en congruencia y apego a lo que la legislación federal considera y establece, se refiere a la prohibición tácita y explícita, de la contratación de tiempos en radio y televisión por parte de partidos, por los políticos y coaliciones directamente o a través de terceros o por interpósita persona. Sin embargo, es menester considerar, aún no queda claro el cómo y aún se apruebe la homologación misma que empezaría a operar hasta el 2012, los llamados “tiempos oficiales o de estado”, serán concertados con las radios y televisoras locales. Aún y de aquellas cadenas nacionales que tienen repetidoras en la entidad. Habrá que esperar se instrumente a nivel federal y lo subsecuente en los estados.
De la participación ciudadana
Aquí, sin novedades de fondo, apreciación personal, se refuerza y remarca que los procesos electorales tal y cual es hoy día, están en manos única y exclusivamente de la ciudadanía. Por ello el planteamiento considera, cito textual: “que los ciudadanos serán responsables directos en la vigilancia, preparación y desarrollo de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, así como en la fiscalización del origen, uso, aplicación y destino del financiamiento público y privado de los partidos políticos, empleado en todas sus actividades. Ejercerán sus derechos anteriores y de acceso a cualquier información, relativa a los partidos políticos, coaliciones, precandidatos o candidatos de conformidad con lo señalado por las normas que regulan la materia”. La propuesta, es clara en ello, refirma, redefine a la vez que amplía, lo ya preceptuado por la ley vigente.
De los candidatos y partidos
Permítanme iniciar este aspecto de la ley referido a los candidatos, o bien también y mejor dicho, a las candidaturas y los partidos, con la consideración y premisa, que de entrada esta propuesta se explica por sí sola y ya era tiempo y lo es porque hasta hoy -y lo será así hasta que entre en vigor la ley que está ya en estudio y dictamen por parte del Congreso estatal-, los partidos políticos se han conducido con una discrecionalidad que raya en lo inconstitucional, respecto del reparto (además de los cuantiosos recursos que reciben) de candidaturas en cuanto a género y los jóvenes, por lo que ahora tendrán (¡a ueffos!) que cumplir a cabalidad. Y no hay pretexto, menos justificación. Y si pierden el registro los partidos, tendrán que devolver las prerrogativas y todos aquellos muebles e inmuebles adquiridos para tal fin con dicho financiamiento.
Ya de (la misma) salida
No cabe duda que esta iniciativa de ley enviada por el ejecutivo estatal en materia electoral, representa un acto político de plena congruencia del gobernador Sabines con y en sintonía, a lo que en esta misma materia a nivel federal ha sido aprobada y una vez sido ratificada por la mayoría de los Congresos estatales, entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esperaremos entonces, a que los diputados de la ya feneciente LXII Legislatura estatal, pasen -o no- a la historia al aprobar dicha ley. La urge, demanda y necesita la sociedad toda. Me queda claro.