Alfonso Carbonell
Reforma de la reforma
Sin que el pasado fin de semana trascendieran, bueno al menos no presentadas a detalles, el Congreso del estado dio entrada a una decena de iniciativas de reformas de ley , incluso constitucionales en materia electoral enviadas por el Jefe del Ejecutivo estatal Juan Sabines Guerrero apenas días atrás, como la que ahora y después de ser dada a conocer en un boletín oficial y publicada ayer en los medios locales impresos, se alcanzan a comprender, eso precisamente, el alcance y trascendencia de dichas reformas con lo que la entidad, si no hay alguien que me enderece la plana y corrija, es la primera en realizar “reformas espejo” a las que también recientemente el Congreso de la Unión aprobara en materia electoral. Chiapas así, la primera entidad en ponerse a tiempo con los tiemposPero ¿de qué se trata y cuáles son las principales reformas que considera la iniciativa en mención? Planteémosla de modo tal que correspondan a, considerémoslo así, sus principales acápites (nota; el texto de la propuesta corresponde al boletín en mención publicado en el diario Cuarto Poder; 22-10-07) Reforma Constitucional Electoral para su estudio y dictamen.
De la homologación de las elecciones
Dentro de esta iniciativa en materia electoral, se plasma que con el objeto de hacer coincidir las elecciones locales y estatales con la elección federal de 2012, los diputados al Congreso y miembros de los ayuntamientos del estado electos en el 2010, durarán en su encargo un año ocho meses por única ocasión.
De los órganos electorales (IEE, Contraloría y Tribunal)
A su vez, se plantea la extinción del Instituto Estatal Electoral y la creación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que será integrado con cinco consejeros electorales incluyendo al presidente, cuestión que redundará en un ahorro presupuestal de millones de pesos, ya que a diferencia del Instituto Estatal Electoral que funcionaba con nueve consejeros propietarios y suplentes, se propone ahora que sean cinco consejeros propietarios y desaparece la figura de los suplentes. También, en el marco de esta iniciativa, se fortalece a la Contraloría de la Legalidad, entre otras cosas en lo relativo a su facultad fiscalizadora que se extiende al periodo de las campañas. De ser aprobado por los diputados, la Contraloría de la Legalidad tendrá la atribución de suspender de forma expedita la difusión de spots o programas de radio o televisión que denigren, injurien o dañen la imagen de partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, autoridades electorales, gubernamentales o en general a cualquier institución relacionada con el proceso electoral. Finalmente con la intención de llevar a cabo ahorros presupuestales, estará a cargo de un contralor electoral, y no de tres como se encuentra actualmente regulado. Es preciso señalar que el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral.
De las prohibiciones
En la iniciativa de reforma constitucional electoral se introducen las siguientes prohibiciones: los servidores de los Poderes Públicos no podrán intervenir directa o indirectamente a favor o en contra de cualquier partido político, coalición, candidato o precandidato durante los procesos electorales. De la misma manera, los partidos políticos que realicen coaliciones o alianzas sin sujetarse a las reglas establecidas en la ley, deberán reintegrar el financiamiento público que se les asignó para la elección de que se trate, con independencia de que podrán perder su registro o acreditación correspondiente. Acorde a la legislación federal, queda prohibida la contratación de tiempos en radio y televisión, por parte de partidos, por los políticos y coaliciones directamente o a través de terceros o por interpósita persona. Así también, ninguna persona pública o privada, a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos o precandidatos a puestos de elección popular. De igual forma se prohíbe la difusión de obras y programas durante el tiempo de campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, excepto lo relativo a campañas de información de las autoridades electorales, de servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, así como aquellos en los que resulte imprescindible su difusión derivado de caso fortuito o fuerza mayor. De la participación ciudadana
La iniciativa de Reforma Constitucional Electoral expone que los ciudadanos serán responsables directos en la vigilancia, preparación y desarrollo de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, así como en la fiscalización del origen, uso, aplicación y destino del financiamiento público y privado de los partidos políticos, empleado en todas sus actividades. Ejercerán sus derechos anteriores y de acceso a cualquier información, relativa a los partidos políticos, coaliciones, precandidatos o candidatos de conformidad con lo señalado por las normas que regulan la materia. Asimismo deberán denunciar ante las autoridades competentes, cualquier irregularidad observada.
De las candidaturas y los partidos
Se destaca el hecho de que se introduce la sanción de no registrar a ningún candidato si los institutos políticos no cumplen con la cuota de género y de jóvenes que señala la Constitución chiapaneca. Cabe mencionar que se prevé que los partidos políticos que pierdan su registro o acreditación, deberán reintegrar al erario estatal el excedente económico y los bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido con recursos provenientes del financiamiento público estatal, de acuerdo con los procedimientos de liquidación y devolución que establezcan las leyes. (Hasta aquí el boletín)
Ya de salida
No cabe duda que esta iniciativa de ley enviada por el ejecutivo estatal en materia electoral, representa un acto político de plena congruencia del gobernador Sabines con y en sintonía, a lo que en esta misma materia a nivel federal ha sido aprobada y una vez sido ratificada por la mayoría de los Congresos estatales, entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esperaremos entonces, a que los diputados de la ya feneciente LXII Legislatura estatal, pasen -o no- a la historia al aprobar dicha ley. La urge, demanda y necesita la sociedad toda. Me queda claro.