MIGUEL ANGEL CARRILLO BARRIOS
PANDILLAS DE DELINCUENTES AZOTAN LOS HABITANTES DE LA CAPITAL CHIAPANECA
Desde hace más de cuatro meses una serie de pandillas se han constituido como el azote infame e impune del patrimonio de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Los pandilleros, que al decir de un cuantioso número de afectados, actúan en complicidad o quizá hasta protegidos por los diversos cuerpos policíacos, ahora ya no esperan la noche para atracar negocios, domicilios particulares y asaltar a transeúntes en cualquiera de las calles de la capital. Es obvio que de cada 100 robos tal vez solo se denuncie uno o dos, pues la acción de la justicia es totalmente inoperante, ya nadie cree en los aparatos de justicia, da lo mismo quejarse como no hacerlo; pero, lo malo estriba en que de toda la sociedad afectada como no, es vox populi y conocido los sitios que los asaltantes y ladrones toman para guarecerse y para el consumo descarado de drogas enervantes, solamente la policía dice desconocerlos y en otras ocasiones precisa que “está impedida para actuar”, pues pareciera que estos sujetos, vergonzosamente llamados “agentes de la ley”, desconocen el contenido del 16 constitucional que faculta a cualquier ciudadano hacer una detención en caso de flagrante delito. El caso es que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, está a punto de perder la certificación de “ciudad segura” aunque siendo honestos una ciudad tan grande como la nuestra, es casi imposible que haya seguridad ciudadana y sobre todo cuando se está comprobado que solo existe un policía para cada 10 mil habitantes, acción que es inhumanamente imposible que pueda generarse seguridad pública o ciudadana. Si a estos se le suma la falta de patrullas para hacer los recorridos a las casi 800 colonias que tiene la capital, puede decirse que es utópico eso de “ciudad segura”, pero para hacer un juicio más allá de lo real, agreguemos los siguientes factores que con caldo de cultivo para la corrupción: los policías tienen salarios que no superan los 6 mil pesos mensuales, se afirma que casi el 40% de los uniformados pagan renta, pasaje de transporte y todas las necesidades de una familia común; desde hace más de un año tanto municipales como tránsitos municipales no se les ha suministrado uniformes y menos botas; las únicas y viejas patrullas carecen de gasolina y, al decir de los propios agentes, sus superiores los obligan cooperar tanto para el combustible como para comprar las piezas automotrices y reparar las unidades descompuestas. Ante eso, ni duda cabe que son las mismas autoridades que están orillando y conduciendo a los uniformados a actuar de la manera más corrupta y deshonesta. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas México, los agentes de tránsito, algunos, reciben hasta 20 pesos de propina o “mordida” a cambio de dejar impune cualquier violación al reglamento de policía y buen gobierno o de tránsito; cuando se encuentra uno con esas patéticas descripciones parecieran utópicas o fantasmagóricas pero son la realidad vigente ante la necesidad que esos agentes poseen, en parte para saciar su hambre, para satisfacer las exigencias de sus superiores y otros más para contemplar su soberbia y satisfacer su vicio. Pero mientras eso ocurre, la ciudadanía está siendo víctima de las alarmantes pandillas de asaltantes, atracadores, drogadictos y narcomenudistas que actúan con toda libertad y al amparo de una incompetente, insuficientes y miserable policía que tiene que cruzarse de brazos para observar las embestidas que los ladrones propinan, a plena luz del día a la ciudadanía capitalina, que hoy más que nunca está a merced de la delincuencia organizada que se da el lujo de utilizar sopletes caseros para derretir las chapas o bisagras de cualquier puerta, delincuentes que tienen la osadía hasta de llevar vehículos particulares para extraer los robado y en otras ocasiones hasta usar algunos químicos como el cloroformo y otros para poder hacer caer el profundo sueño a los dueños de las viviendas mientras extraen con toda libertad y calma lo que a su paso encuentren. Es triste aceptar, pero el imperio de la ley está derribado, es solamente un símbolo muerto, la justicia contra los atracados ya no lo es, se convierte cada vez en verdaderos eventos donde se plasma la injusticia, pareciera que en nuestro querido México, no se castiga el delito sino la pobreza, un pueblo que sufre las consecuencias de un desgobierno emanado del desorden ideológico y de una democracia avalada por el voto de las mayorías pero contemplados solo los intereses y opiniones de los minorías.
Nosotros nos seguiremos chateando en la próxima edición.