Para defender el voto de los ciudadanos, el Partido Acción Nacional convocó a sus abogados y representantes ante los Consejos Electorales Locales y Distritales Federales para conocer a detalle el Programa sobre “Blindaje Electoral y la Prevención del Delito”, ponencia impartida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
La Conferencia Magistral disertada por el Maestro en Derecho, Enrique San Román de la Torre, se llevó a cabo este jueves en el Auditorio Don Luis H. Álvarez del CDE del PAN. Ahí, se dio a conocer de forma pormenorizada cuáles son las modalidades en que los partidos políticos podrían incurrir en un delito electoral a fin de prevenir la comisión de éstos.
Indicó que ante la elección concurrente que habrá en Chiapas se trabaja en coordinación con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa (TJEA), la Comisión de Fiscalización Electoral (Cofel) y la Fiscalía Electoral de la PGJE para garantizar la transparencia y la legalidad de las elecciones.
“Les queda claro cuáles son sus derechos y obligaciones como partido político; aquellas conductas que están prohibidas realizar por parte de ciudadanos y servidores públicos, así como las sanciones, las responsabilidades penales, administrativas y electorales que puede imponer el IFE, la Secretaría de la Función Pública (SFP), y las de un Juez a través de la investigación del Ministerio Público”, precisó.
San Román de La Torre subrayó que los delitos más comunes son la alteración al Registro Federal de Electores y el recoger la credencial de elector. Por parte de los servidores públicos el destinar fondos a favor de un partido político, el condicionar la prestación de un servicio, el obligar a los subordinados a votar por un partido político o, en su caso, apoyar a un partido político a través de los subordinados utilizando su tiempo laboral.
El funcionario de la Fepade recordó que el blindaje electoral es permanente para proteger el voto del ciudadano y evitar que dichos programas se utilicen con fines partidistas. “La ley señala que del 30 de marzo al 1º de julio se debe suspender la difusión de propaganda gubernamental de los tres niveles de gobierno a partir de que inician las campañas electorales con fundamento en el artículo 237 del Cofipe que indica que son 90 días antes de le elección”, puntualizó. ASICh