Aumenta la interferencia de la industria tabacalera en América Latina y El Caribe

Carlos Hiram Culebro S /ASICH

Según el Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2023-2025, América Latina y el Caribe enfrentan un aumento de ésta, lo cual preocupa a representantes de la sociedad civil.

El Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2023-202 revela que en 11 países de la región la intromisión aumentó entre 2023 y 2025, amenazando los avances alcanzados en la reducción del consumo de tabaco y en la protección de la salud de millones de personas.

El estudio de sociedad civil, basado en información pública disponible, evalúa cómo los gobiernos aplican las directrices del Artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), que obliga a los Estados Parte a proteger las políticas de salud pública de los intereses comerciales de la industria tabacalera. Los resultados muestran una tendencia desigual: mientras algunos países consolidan mecanismos de transparencia, otros retroceden frente a la influencia política, económica y mediática de las tabacaleras.

Entre los países con menor nivel de injerencia deshonesta destacan México, Panamá y Chile -entre otros- gracias a medidas de transparencia y limitación de contactos con la industria tabacalera. En contraste, República Dominicana, Colombia y Paragua, entre otros, figuran entre los más afectados, debido a la persistencia de vínculos políticos, falta de rendición de cuentas y promoción de actividades de supuesta “responsabilidad social” por parte de las tabacaleras.

Durante el lanzamiento del Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2023-2025, representantes de algunos países compartieron experiencias nacionales que reflejan la diversidad de enfoques en la región.

La Mtra. Michell Castillo Trejo, Asesora en Políticas de Salud para el Control del Tabaco en la Secretaría de Salud, enfatizó que en México las autoridades sanitarias reafirmaron su compromiso político y ético de colocar la salud por encima de los intereses comerciales. El país se ha convertido en referente regional por su aplicación efectiva de las directrices del Artículo 5.3 del CMCT, la adopción de códigos de conducta para servidores públicos y su vigilancia permanente frente a los intentos de la industria tabacalera de influir en decisiones regulatorias.

La representante de Panamá, Dra. Reina Roa, comentó que su país, que también figura entre los casos destacado, que el Índice es una herramienta clave para evaluar desde una perspectiva externa el abordaje de la interferencia y orientar estrategias de mejora en los mecanismos de control.

Expertos y representantes de la sociedad civil, coincidieron en que la intromisión de la industria tabacalera se ha sofisticado, diversificando sus canales de influencia y extendiéndose más allá del sector salud.

“El Índice Regional 2025 evidencia que la industria continúa ejerciendo una influencia indebida sobre las políticas públicas, aprovechando vacíos en la gobernanza y la transparencia para proteger sus intereses a costa de la salud”, señaló Laura Salgado, del Centro Global para la Buena Gobernanza en Control del Tabaco (GGTC).

“Proteger las políticas públicas frente a la interferencia de la industria tabacalera requiere fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la cooperación regional”, afirmó Daniel Dorado, de Corporate Accountability. “

Los hallazgos del Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2023-2025 llegan en un momento crucial: en fecha próxima, en Ginebra,Suiza, los Estados Parte del CMCT debatirán medidas para proteger la integridad de las negociaciones internacionales frente a la interferencia de la industria y reforzar los mecanismos de transparencia y responsabilidad en todos los niveles de gobierno.

El aumento de la interferencia en América Latina demuestra que las tabacaleras siguen utilizando estrategias sofisticadas de captura política y diplomática. La próxima reunión en Ginebra es una oportunidad para reafirmar el espíritu del Convenio y asegurar que ninguna corporación tenga influencia sobre las políticas de salud pública.

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