Peligrosa desesperación
Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
Venció el priísta Jorge Hank Rohn la ofensiva calderonista para encausarlo penalmente en la víspera de las elecciones en el Estado de México el 3 de julio, el laboratorio del proceso electoral presidencial en 2012.
Hechos que desprenden las siguientes lecturas:
1.- En el ejecutivo federal panista hay desesperación ante la imposibilidad de cimentar su política del engaño para encubrir su fracaso en su guerra contra el llamado crimen organizado con más de 40 mil 500 muertes, así como en la devastación económica con la creciente pérdida del poder adquisitivo y la pobreza general,
2.- Judicializar la política se ha convertido en un boomerang, al quedar en evidencia la politización del sistema de justicia con la sistemática violación a la Constitución y las leyes que de ella emanan, lo que presagia el colapso electoral del modelo conservador confesional,
3.- El alto riesgo de apresurar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional para legalizar el estado militar que recuerda al régimen del etílico Victoriano Huerta, que arribó al poder el 19 de febrero de 1913 mediante el Pacto de la Embajada de los Estados Unidos a las 21:30 horas del 9 de febrero de 1913.
Tres elementos que presentan una coyuntura peligrosa para el presente y futuro de México.
En el primer punto, la desesperación del ejecutivo federal, es producto de los muestreos públicos en donde su heredero en la presidencia, en funciones de secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, registra el 3 por ciento en la intensión del voto, que no le alcanza ni para ser impuesto como candidato presidencial del PAN.
Por el contrario, el gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, registra una intensión del voto superior al 52 por ciento.
Se cae en la tentación de apuntalar una campaña de desprestigio, directa o indirectamente, lo mismo contra el protagonista que contra su partido político, incurriendo en errores de apreciación histórica que mostraron su efectividad en el 2000 y al emerger la verdad en la devastación económica y social en 10 años, se desgató la estrategia.
Lo que lleva al punto dos, en donde la experiencia reciente muestra un resultado contrario al buscado, al judicializar la política, porque fortalece al adversario, como se observó con Andrés Manuel López Obrador, cuyo ataque concluyó con el desafuero el 7 de abril de 2005 lo que fortaleció la simpatía del electorado.
En este caso, se usó primero a la procuraduría General de la República, para encausar penalmente el 4 de junio de 2011 al magnate de las apuestas Jorge Hank Rhon, considerado pilar del Grupo Atlacomulco, y al fracasar una semana después, utilizar al gobierno de Baja California, encabzado por el panista José Guadalupe Osuna Millán.
Exoneró al ex alcalde tijuanense la juez Blanca Elvia Parra Meza por encontrar diversas inconsistencias en la redada que el ejército llevo a cabo el 4 de junio en la casa del indiciado.
Más tarde, un juez local negó el arraigo solicitado por la Procuraduría General de Justicia de Baja California contra el empresario Jorge Hank Rhon, por considerar que el parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no concuerda con los testimoniales de los hechos.
Se acudió a otra acusación. Ahora como autor intelectual del asesinato de una de sus nueras, Angélica Muñoz Cervantes, registrado el 13 de agosto de 2009. El juez Primero de lo Penal no ratificó el arraigo solicitado por Ministerio Público y quedó en libertad.
Analizados las dos primeras lecturas, nos llevan a la tercera, en donde el jefe del ejecutivo se olvidó de su representación de todos los mexicanos y en el extranjero, el 12 de junio de 2011 en Palo Alto, California, al pretender debilitar al PRI denostó la historia de la nación y a todos los mexicanos.
Un hecho que causa alarma al recordarse el Pacto de la Embajada firmado por Félix Díaz y Victoriano Huerta el 9 de febrero de 1913 a las 21:30 con el estadounidense Henry Lane Wilson.
La conspiración culminó con la traición y asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.
Aumenta la preocupación cuando el 14 de junio se reinició la ofensiva legislativa panista para acelerar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que de aprobarse, legalizaría el Estado Militar y de facto, se conculcarían las garantías individuales, en donde se incluye, por supuesto, el proceso electoral presidencial de 201.