El primer eslabón del crimen
Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
La denuncia de la Arquidiócesis de Ciudad de México en el semanario Desde la Fe de que “hemos llegado al colmo: las propias autoridades mexicanas encargadas de poner orden al tránsito de indocumentados, se han convertido en el primer eslabón del crimen organizado”, proyecta el México de derecho.
Un hecho confirma el fondo del problema: El presidente de México, Felipe Calderón, “promovió” la seguridad para inversionistas el 19 de mayo en el epicentro mundial del lavado de dinero del crimen organizado, en Las Vegas, Nevada.
Nuestro compañero Alberto Nájar, periodista de la BBC Mundo acreditado en México refirió: Ocho agentes y funcionarios del organismo están detenidos por “vender” migrantes al cartel de Los Zetas, así como promover la esclavitud sexual de mujeres centroamericanas. Otros 40 enfrentan un juicio penal.
Hay cifras del espanto: En Agosto de 2010 fueron asesinados 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas. Allí mismo se encontraron en abril y mayo de 2011 se encontraron 183 cadáveres en narcofosas. En Durango se reportó en abril el hallazgo de 187 ejecutados en cementerios clandestinos.
Y proliferan las narcofosas en Baja California, Nuevo León, Hidalgo. El 12 de mayo relacionó www.arcanopolitico.com 377 cadáveres. La respuesta oficial fue culpar al impersonal cartel de Los Zetas, militares de élite entrenados en Estados Unidos y que desertaron para servir al narco. Parecería la punta de iceberg.
De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2009, sólo en seis meses alrededor de 10,000 inmigrantes fueron secuestrados en México por células de los Zetas o pandillas.
Por su liberación deben pagar hasta 2,500 dólares cada uno, dejando una ganancia a los delincuentes de cerca de 25 millones de dólares, señaló el documento.
Cifras de la Secretaría de Gobernación registran que por Chiapas ingresan anualmente unos 140 mil indocumentados, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque otros dos millones lo hacen en forma legal,
Los cárteles de las drogas secuestran inmigrantes para obligarlos a integrarse a sus organizaciones, reconoció en conferencia de prensa el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré.
El 13 de mayo, director ejecutivo de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón señaló: “México vive un momento crítico en materia de derechos humanos. El secuestro y asesinato de decenas de miles de personas en los últimos años, la impunidad como regla frente a la comisión de abusos, la ineficacia de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, el olvido en el que han permanecido las comunidades indígenas en nuestro país”.
Añadió: “Decenas de miles de migrantes irregulares que atravesaban México rumbo a los Estados Unidos en busca de una mejor vida, fueron secuestradas, violadas y asesinadas por bandas de delincuentes, en ocasiones en connivencia o complicidad con autoridades”.
Alberto Nájar, de la BBC Mundo escribe: Para algunos la crisis actual era predecible: organizaciones no gubernamentales han denunciado miles de abusos de delincuentes contra indocumentados, pero el gobierno no parece atender el reclamo.
Jorge Bustamante, relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, le dice a BBC Mundo que las autoridades no asumen su responsabilidad en este problema.
“México es el campeón mundial de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, se lo digo con toda responsabilidad”, asegura.
BBC Mundo solicitó al Instituto información sobre sus acciones para enfrentar la crisis, pero no obtuvo respuesta.
El 9 de mayo de 2011 publicamos en www.arcanopolitico.com: Identificaron 120 indocumentados secuestrados en México, a efectivos del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, como cómplices de las bandas criminales que les secuestraron.
De acuerdo con sus primeras declaraciones, los migrantes, señalaron a varios agentes del INM destacamentados en Tamaulipas, de haberlos detenido en su camino hacia los Estados Unidos y más tarde entregarlos en grupos a hombres fuertemente armados, quienes los mantuvieron varios días en cautiverio.
Con base en un comunicado de prensa del Consejo de la Judicatura Federal (CFJ), difundido por medios capitalinos, 120 indocumentados que vivieron la experiencia del secuestro están algunos centroamericanos que tras recibir apoyo del IFDP para interponer las denuncias penales correspondientes ante el INM, identificaron a varios agentes de migración como los presuntos cómplices de la banda delictiva que los plagió.
La denuncia es clara: Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), los bajan de autobuses simulando operativos oficiales, y después los entregan a “hombres armados que las autoridades ministeriales han identificado como integrantes de la delincuencia organizada”, según revelaron ante abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) algunos indocumentados de origen centroamericano que en días recientes fueron testigos de esos hechos.
Inició la Operación Maquillaje del calderonismo: El Instituto informó entonces que 200 agentes han sido despedidos por cometer irregularidades. Durante cinco meses, otros 1.500 serán sometidos a pruebas de control de confianza.
Alberto Nájar recordó que el delegado y subdelegado del Instituto en Chiapas fueron arrestados por permitir la explotación sexual de mujeres centroamericanas en la zona fronteriza con Guatemala.
El caso desató una intensa polémica en círculos políticos del país. En el Congreso diputados opositores al gobernante Partido Acción Nacional demandaron una explicación al secretario de Gobernación, Francisco Blake.
El comisionado del INM, Salvador Beltrán, dijo que los agentes y delegados del Instituto serán cambiados periódicamente de sus puestos para evitar infiltraciones de la delincuencia organizada.
Las acciones no son suficientes, insiste Jorge Bustamante, Relator de la ONU. “No tenemos datos que esas medidas demuestren que no son otra cosa que maquillaje al aspecto de fondo: la responsabilidad de estado por las violaciones a derechos humanos de los migrantes”.
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