Alberto Aziz Nassif
La investigación que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los casos de Oaxaca y de Puebla ha puesto otra vez en la discusión nacional e internacional si la justicia mexicana es capaz de enfrentar las alianzas mafiosas entre criminales y autoridades.
Los acontecimientos se empalman. 1) La SCJN ha decidido ejercer las facultades que le concede el artículo 97 de la Constitución para que “averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”. Dos casos se han quedado en las sombras de la impunidad: uno es la represión que se ejerció en contra del movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y el otro es la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho por el gobierno de Puebla.
2) Al mismo tiempo, el pasado 21 de junio apareció un desplegado (“Había una vez un pederasta que estaba protegido por sus muy poderosos amigos”), suscrito por miles de personas de varios países, que exhorta a los ministros de la SCJN a impedir la impunidad; en el texto se pregunta si cualquier ciudadano en México puede estar protegido por la justicia frente a las alianzas mafiosas de criminales y autoridades, como sucedió con el caso de una periodista que develó las redes de un grupo de pederastas.
3) En el mismo conjunto de hechos aparecieron las declaraciones de Jane Sigmone, funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien declaró que la corrupción en México frena la lucha en contra del delito de trata de personas; que México, por cuarto año consecutivo, figura en una lista especial de países donde más se comete este delito (EL UNIVERSAL, 22/VI/2007).
4) Tanto Mario Marín, gobernador de Puebla, como Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, están en problemas, pero su partido vuelve de nuevo al chantaje, y justo en los días en los que el gobierno de Felipe Calderón presenta su iniciativa de reforma fiscal, algunos legisladores del PRI condicionan su apoyo a lo que les pueda pasar a sus gobernadores.
La SCJN se ha ubicado en una posición muy importante. Cuando el entramado institucional ha bloqueado de forma severa los avances democráticos en el país, la Corte irrumpe en el escenario para remover las inercias mafiosas. De inmediato hubo voces preocupadas del PRI, porque esperan que la Corte “no se convirtiera en Ministerio Público”, como declaró el senador Beltrones. La intervención de la Corte es extraordinaria porque no todos los días acepta investigar este tipo de conflictos. Por el contrario, ha sido sólo unas cuantas veces; por ejemplo, en el caso de la matanza en Aguas Blancas, Guerrero -junio de 1995-, donde hizo una amplia investigación de los hechos.
Lo que expresa este tipo de intervenciones es la incompetencia de las otras instancias de gobierno. Esa investigación, que no tuvo consecuencias vinculatorias, llevó a la salida del gobernador como una decisión política. En el viejo régimen a veces había consecuencias políticas para ciertos gobernadores. En cambio, en este régimen parece que la impunidad ha crecido por las alianzas mafiosas entre políticos; parece no haber consecuencias políticas ni jurídicas.
Lo que queda claro es que todavía no podemos llegar a que la justicia tenga la fortaleza para procesar las violaciones de derechos humanos y garantías individuales. Cuando el entramado institucional falla, entramos a un círculo vicioso de degradación de la vida pública. Recordemos la comisión de senadores que fue a Oaxaca, y en su informe estableció prácticamente todos los indicadores de falta de gobernabilidad, por lo que estaba obligada a declarar la desaparición de poderes, pero en una distorsión política, por negociaciones y chantajes, decidió no hacerlo. Quizá si el Senado hubiera asumido su responsabilidad el conflicto de Oaxaca estaría en vías de solución y la Corte no hubiera tenido que intervenir.
En el caso de Oaxaca los ministros retomaron las recomendaciones que había hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y decidieron investigar a los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, porque hay indicios de violaciones graves a las garantías individuales de cientos de personas, además de varios asesinatos que permanecen impunes. La Corte estableció: “Los temas que serán motivo de la investigación, siendo la probable violación de garantías a personas físicas determinadas, especialmente, vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, respeto al derecho de propiedad (.) También, la probable violación de garantías individuales generalizadas, especialmente libertad de tránsito, libertad de trabajo, derecho a la información, entre otras; los probables excesos de las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales”.
En el caso de la periodista Lydia Cacho, además de las grabaciones que destaparon el escándalo del góber precioso y su siniestro amigo Kamel Nacif, hay otras grabaciones que fueron ordenadas de forma legal y cuyo informe señala que sí hubo violación de los derechos de la periodista, que se violentaron principios democráticos y la independencia judicial.
La regresión democrática por la que atraviesa México no sólo tiene que ver con la crisis del modelo electoral y la violación de la legalidad que hicieron actores como el ex presidente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial, sino con la inercia de impunidad porque las autoridades competentes dejan pasar sin sanción las violaciones. Bajo máscaras democráticas se reproducen estilos mafiosos de gobernar, y eso impide sacar a la democracia mexicana del pantano en el que la ha metido la clase política que funciona mediante alianzas mafiosas.
Supongamos que la Corte realiza investigaciones impecables y demuestra la ya sabida violación de derechos. ¿Cuáles serán los efectos vinculantes de estas decisiones? ¿Habrá al menos consecuencias políticas? Un escenario poco optimista, pero muy probable, es que en efecto no pase nada, que Mario Marín y Ulises Ruiz sigan tan campantes como hasta ahora. Sin embargo, se podrá ratificar con la autoridad de la Corte lo que ya sabíamos: que las alianzas políticas mafiosas están por encima de la defensa de la justicia y los derechos humanos. Por lo menos habrá sanciones ciudadanas contra las alianzas mafiosas.
Investigador del CIESAS