Rubén Aguilar Valenzuela
Entregar la cabeza de los consejeros elec-torales a cambio de pasar las reformas fiscal y electoral sería un grave error. Más allá de la apariencia de que se habría hecho una buena negociación, quien saldría perdiendo sería el gobierno y en particular el presidente Calderón.
En bandeja de plata se le entregaría a la oposición el mejor de los argumentos para “probar” que hubo irregularidades en el proceso electoral y en “castigo” se remueve a los consejeros de su cargo. Con ese antecedente el siguiente paso sería pedir la cabeza de los magistrados electorales. El PRI ha dicho que no lo permitiría, pero no se debe confiar en su palabra.
Los derrotados de la contienda electoral pasada, en particular López Obrador, habrían vengado la “injusticia” que le cometió el IFE. El gobierno habría, al fin, reconocido que es producto de una elección “fraudulenta”. Ese sería el discurso que difundiría el candidato del PRD en su gira por el país. No importa que no sea verdad. El gobierno lo estaría apuntalando.
El problema anterior es evidente, pero en términos del Estado mexicano, no sólo del gobierno, no es el mayor. Lo más grave es que el gobierno —el PAN está fuera de esta negociación— estaría sacrificando las instituciones y las leyes a cambio de obtener un supuesto triunfo como hábil negociador. No habría tal. El saldo neto sería la derrota.
El gobierno no puede estar a merced del chantaje de la oposición. No se puede ceder ante quienes piden violentar la vida institucional para deshacerse de lo que les “molesta”. La vida del IFE no puede estar a merced de los intereses de los partidos representados en el Congreso. La naciente democracia mexicana requiere profundizar la autonomía del IFE y dotarla de más instrumentos para ejercer su tarea.
Los errores de comunicación que cometió el IFE en el pasado proceso electoral son evidentes. No se pueden justificar. A pesar de eso se puede sostener, sin lugar a dudas, que el proceso electoral se desarrolló en el marco de la legalidad. La machacona insistencia, sin prueba alguna, de que hubo irregularidades en el proceso y que los consejeros no cumplieron con su deber es insostenible. La repetición sistemática de la mentira no construye la verdad.
Urgen al país las reformas fiscal y electoral, pero no a cualquier precio. Las nuevas leyes deben permitir superar las deficiencias de las actuales, pero no al costo de violentar el estado de derecho. No al costo de supeditar al IFE al control e intereses de los partidos. El IFE no puede ser un apéndice del Congreso. Ese sería un retroceso de consecuencias incalculables para la consolidación democrática.
Cuando se cumplan los plazos establecidos por la ley y toque cambiar a los consejeros del IFE habrá que hacerlo de manera distinta a la que se ha seguido. La integración del IFE no puede hacerse a partir de otorgar cuotas a los partidos. La iniciativa de reforma electoral debe asegurar que el nombramiento de los nuevos consejeros será ciudadanizado. El garantizar procesos electorales imparciales requiere de la autonomía absoluta del IFE. No de consejeros a modo de los partidos.
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Profesor de la Universidad Iberoamericana