Jorge Montaño
La definición de prioridades en la relación con Estados Unidos siempre ha desconcertado a la parte mexicana, cuyos tomadores de decisiones deben reconocer que cuentan con márgenes de maniobra reducidos para sugerir y nulos para imponer. La opinión pública interesada -incluyendo recientemente a partidos y legisladores que operan en los límites de la ingenuidad y la ignorancia, reclamando a la autoridad nacional como si tuviera capacidad de decidir de norte a sur- se reduce a analizar necesidades locales o nacionales vértice de las agendas, sin el menor interés en lo que aflige o demanda el vecino. Si actuaran de otra manera, deshonrarían su condición hegemónica, conscientes de que más allá del río Bravo radica una audiencia vulnerable a la imposición.
Este desequilibrio en la construcción de las agendas nos ha generado posiciones triunfalistas, atribuyéndonos modificaciones sustanciales en asuntos de seguridad, comercio, crimen organizado o migración. Con empeño voluntarista nos hacemos la ilusión que cambiamos caprichosamente la dirección de los vientos, lo cual, cuando ocurre, obedece a factores de interés estadounidense.
Tal fue el caso de la reinserción exitosa del tema migratorio lograda en los primeros meses del sexenio pasado, lamentablemente trivializada por figuras gastronómicas innecesarias. Hubo claridad mexicana al interpretar correctamente que por conveniencia de los vecinos se podía juntar el hambre con las ganas de comer, lo que permitió abrir la discusión migratoria por necesidades del mercado laboral y de seguridad nacional, exacerbada por el 11 de septiembre.
La dinámica del norte es especial dado que para ellos todo es local en sus orígenes. El ensimismamiento de su clase política es casi aldeano e inalterable. Los más sofisticados miembros del Congreso asumen funciones y responsabilidades internacionales, siempre vinculadas a las realidades del distrito o estado que representan. La súbita irrupción hace tres años de los migrantes en el mapa urbano encendió otros focos de alerta, que se diluyeron ante su falta de organización para incidir en los resultados electorales.
La contienda presidencial en ciernes y el triunfo demócrata en las últimas elecciones propiciaron esta atmósfera, a la que se agregó inesperada la posición militante del presidente Bush, atribuible al potencial electoral de estos grupos. Al retorno del receso que concluye el próximo lunes, los legisladores tendrán claras las coordenadas de su electorado, de lo cual dependerá la viabilidad o fracaso de este esfuerzo.
El Senado está discutiendo un proyecto de ley complejo que pretende recoger demandas y buenos deseos de actores relevantes en este proceso de decisión. Parto de la base, sin embargo, de que cualquier cosa es mejor que el statu quo, lo cual no asegura nada espectacular. El enfrentamiento entre facciones de la derecha y de los círculos liberales ha sido despiadado. El reclamo de aquellos es que se pretende premiar a los ilegales, violadores de la ley, al otorgarles una amnistía -argumento atractivo en muchos sectores- mientras la preocupación de sus adversarios es que la inserción formal de trabajadores no calificados abatirá fatalmente los salarios. Estas posiciones configuran una ecuación que amenaza los pocos resultados positivos que puedan darse.
Se debe recordar que el segmento mayoritario de los 12 millones de ilegales que contemplan esta iniciativa son latinoamericanos y se asegura que de estos 11 millones son mexicanos. Las premisas para descalificar la necesidad de una reforma son las mismas que se han usado en el último siglo y medio de recibir migrantes. Se les demerita argumentando que son trabajadores sin capacitación, culturalmente alejados del modo de vida estadounidense, insuficientemente blancos e incapaces de comunicarse en inglés, mismos negativos que le endilgaban en su momento a polacos, irlandeses, italianos o rusos, olvidando por comodidad que la economía exige esta mano de obra con urgencia.
Si bien nadie debe ignorar que este es un debate interno, en el que no cabe la participación de otros gobiernos, existe la posibilidad de incidir a favor de nuestros connacionales a través de las organizaciones hispanas que apoyan la reforma, movilizan votos y que tienen diálogo con el Congreso. En síntesis, no equivoquemos el camino haciendo reclamos a las autoridades mexicanas e identifiquemos los canales de comunicación capaces de influir en un proceso crucial para millones de paisanos.
montesco98@yahoo.com
Vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales