José Luis Castillejos /ASICh
El acoso sexual se está convirtiendo en una especie de plaga –contralas mujeres- en los sectores público y privado. Y lo peor es que enmuchas ocasiones, debido al influyentismo o dinero de los acosadores, las víctimas pasan de ser acusadoras a acusadas de delitos de “dañomoral” por parte de los acosadores.La Licenciada Martha Angelina Funes Ramírez, quien hasta el 31 de julio del 2016 se desempeñó como Gerente Operativa del Consejo deCuenca de la Costa de Chiapas, acusó ante la Procuraduría de Justiciae instancias gubernamentales, Congreso y organismos de derechoshumanos, al Director del Instituto Estatal del Agua, Andrés Carballo Bustamante por acoso sexual y laboral y violación a sus derechos
humanos.
En represalia a esta denuncia, el funcionario que normativamente es susuperior jerárquico ordenó acusar penalmente a la ahora ex funcionariapor delitos de “usurpación de funciones” y “daño moral” y dispuso que su equipo de trabajo denunciara mi cuenta en Facebook desde donde sedio a conocer el acoso sexual de que fue objeto la señora Funes Ramírez. Mi cuenta ahora está bloqueada y el contenido fue borrado.
La afectada relató ante Zoila Girón Ruiz, Agente de Atención Inmediatade la Dirección General del Sistema Penal Acusatorio (Unidad CentralIntegral de Investigación y Justicia Restaurativa de Tuxtla Gutiérrez)de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas que a principiosde julio recibió una llamada telefónica de Carballo Bustamante desde el número 9612335705 quien la citó para una reunión de trabajo.
En una segunda llamada, realizada por el funcionario el 8 de julio lepidió que mejor no se vieran en la oficina, pero la denunciante ledijo que ya estaba en la sede del Instituto Estatal del Agua, ubicadaen el primer piso del Palacio de Gobierno y, una vez que terminaron deconversar de trabajo, Carballo Bustamante le pidió que tuviera
intimidad con él y le aseguró que si le correspondía le “iría muybien”. La denunciante optó por retirarse de la oficina tras recibir laadvertencia de su superior de que si no aceptaba tener relacionessexuales su trabajo se vería afectado.
Derivado de lo anterior, el 29 de julio el jefe de departamento deinformación y gestión del agua, José Luis Orantes Gómez le pidió, anombre del Director del Instituto, la carta de renuncia y de formaagresiva le quitaron las llaves y la echaron de la oficina por lo quese configura el delito de hostigamiento laboral y sexual, según constaen el Expediente R.A 5327-101-0101-2016 y Número de Oficio
00652/0616/2016 de fecha 20 de Septiembre de este año, y que obra enpoder del Fiscal Especializado en Derechos Humanos, Atención aVíctimas y Servicios a la Comunidad.
La denuncia, sin embargo, fue “encarpetada” por lo que fue necesario remitir un documento, por parte de la víctima, a la Fiscal delMinisterio Público Investigador, Lic. Maria Guadalupe Flores Estrada.El tema fue elevado al Fiscal Especializado en Derechos Humanos,Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad y está enterado, aunqueno ha hecho nada, el Lic. Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente dela Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
También tienen conocimiento del caso el presidente de la MesDirectiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar y lapresidenta del DIF estatal, Leticia Coello de Velasco. Nadie ha hechonada a la fecha. Otra que tiene conocimiento del tema es Itzel F. DeLeón Villard, Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres y en la Procuraduría del Trabajo no quisieron atender ladenuncia por despido injustificado tras argumentar que no existe unarelación obrero-patronal a pesar de que hay fotografías de la víctimaen reuniones, pagos, oficios, llamadas telefónicas desde equiposoficiales, etcétera.
Tras un largo peregrinar por Tuxtla Gutiérrez, la víctima viajó porautobús a Tapachula y tuvo la mala suerte de tener como acompañante deasientos al director del Conalep de Tuxtla Chico, quien al ver dormidaa la joven mujer introdujo sus dedos en las partes íntimas de laadormilada joven, según denuncia policial de la afectada. Ahora eldirector del Plantel Tuxtla Chico, #Chiapas, del Colegio Nacional deEducación Profesional Técnica (CONALEP), Julio Guadalupe Córdova
Midence, que fue detenido por ese hecho en Tapachula pretendedenunciar a la joven mujer por daño moral.
La víctima no tiene ningún asesor gratuito por parte de la Procuraduría a pesar que se derecho le corresponde, según el artículo109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco se ha hechonada, por parte de las autoridades, para que reciba el pago que leadeudan y que haya mecanismos alternativos de solución decontroversias y más bien ha recibido un trato discriminatorio al serencarpetado el tema.
Funes Ramírez tiene derecho a que se le repare por el daño causado y aque sea restituido en su cargo y sus derechos una vez que acredite queha laborado en la institución de la que fue destituida al no aceptaracostarse con su superior.
Ni el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, ni el Procuradorde Justicia, Raciel López deben torcer la justicia y más bien deben dejar que se aplique la ley para la protección de las víctimas deldelito de acoso. ASICh